Consciente de la necesidad de mejorar su imagen internacional ante los Juegos Olímpicos del año próximo, China restringe la aplicación de la pena capital, pero está lejos, muy lejos de llegar a abolirla.
El 15 de este mes, el Tercer Comité de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó un borrador de resolución que reclama la moratoria de las ejecuciones.
China calificó la iniciativa de "inapropiada" y de "grave interferencia" en la soberanía de los países.
"Discutir un asunto complejo como la pena de muerte en un ambiente tan politizado como la Asamblea General sólo llevará a mayores complicaciones", declaró Zhang Dan, asesora y representante alternativa de la delegación china al foro mundial.
"No existe un consenso internacional al respecto. Tratar de aprobar una resolución para imponer una moratoria no modificará las diferentes opiniones de los países", sostuvo.
[related_articles]
China está al tope de la lista de países ejecutores. Diversas estimaciones realizadas por activistas de derechos humanos señalan que las realizadas en este país cada año supera el total del resto del mundo.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional registró 1.010 ejecuciones en 2006, o alrededor de dos tercios de las del mundo, aunque Beijing no divulga cifras oficiales por considerarlas secreto de Estado.
Más de 60 delitos, incluidos los económicos como fraude impositivo y soborno, ameritan el máximo castigo.
Desde hace unos años, Beijing recibe presiones de la comunidad internacional y en el ámbito doméstico para reformar su sistema judicial.
La celebración de los Juegos Olímpicos el año próximo en la capital china concentró la atención de la comunidad internacional en la situación de derechos humanos en este país. La prensa nacional realiza inusuales y audaces denuncias de errores judiciales en condenas ejecutadas que indignan a la población.
Un ejemplo de "caso injusto" de gran repercusión identificó al público con una madre que desde hace 12 años trata de limpiar el nombre de su hijo, ejecutado por un delito que, según ella, no había cometido.
Nie Shuwu fue ejecutado en 1995 por violación y asesinato. Su madre peleó los 10 años siguientes para que la sentencia fuera revertida, pero sin éxito.
Pero cuando en 2005 fue detenido un asesino y violador serial que confesó el delito que se le había atribuido a Nie, la opinión pública explotó de indignación.
En enero, las autoridades sorprendieron a la población y a la comunidad internacional al restablecer una norma según la cual toda condena a muerte debe ser revisada y aprobada por el Tribunal Supremo.
Muchas ejecuciones legales se basaron sobre confesiones forzadas y procesos que solían llevar menos de un día.
Desde entonces se registraron menos ejecuciones y, según observadores, las autoridades esperan que en 2007 se registre la cifra más baja de los últimos 10 años.
Con la llegada de los Juegos Olímpicos, el alto tribunal recomendó a los jueces ser precavidos a la hora de dictar condenas a muerte.
Las ejecuciones deben reservarse "a un ínfima cantidad de delincuentes", rezaba una orden colocada en septiembre en el sitio de Internet del tribunal. En tanto, no debe aplicarse el máximo castigo a los delitos pasionales o algunos económicos.
Pero la declaración fue rotunda al respaldar el uso continuo de la pena de muerte como elemento de disuasión de delitos.
"Debemos dictar y ejecutar la pena capital de inmediato en aquellos casos atroces con pruebas irrefutables de que causaron un grave perjuicio social", reza el comunicado.
Aun cuando estaba por votarse el borrador de la resolución en el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, China no mostró reticencia a condenar a cinco musulmanes separatistas de Xinjiang por sus actividades.
"Con la intención de dividir la nación organizaron actividades extremas de índole religiosa, abogaron por la guerra santa y crearon una base para entrenar terroristas", informó el 11 de este mes la agencia de noticias china Xinhua.
El borrador de resolución de la ONU, patrocinado por la Unión Europea (UE) y 60 países, aún debe ser sometido a la Asamblea General. La votación se prevé para mediados de diciembre.
De ser aprobada, no tendrá carácter obligatorio, pero dará un espaldarazo moral a los que en este país luchan por abolir el máximo castigo.
El texto del borrador llama a todos los estados que mantienen el máximo castigo a respetar una moratoria "con miras a abolir la pena de muerte". También los urge a "restringir de forma progresiva su uso" y, a los 130 países que ya la derogaron, a no restaurarla.
Algunos académicos chinos alegan que una abrumadora cantidad de personas apoyan la pena capital como elemento de disuasión de delitos y como última herramienta para resarcir el mal sufrido por víctimas inocentes.
"Aunque la pena de muerte no tenga ninguna capacidad de disuasión, sigue siendo necesaria dado que constituye un consuelo para la población", arguyó Yang Zhizhu, investigador del Colegio de Estudios Políticos y Legales.
"En tanto China se encamina a erigir su sistema legal, la pena de muerte es necesaria para consolar a la población del mismo modo que un calmante es necesario cuando una enfermedad grave no tiene cura", añadió Yang.
