Tres islamistas indonesios y seis traficantes de droga australianos esperan el fusilamiento en Indonesia. Estos casos pusieron en el centro del debate la postura «inconsistente» de Australia respecto de la pena capital.
"No podemos declarar que la ejecución de australianos es un acto de barbarie y la de indonesios aceptable", indicó el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Australia, Gerard Brennan.
El gobierno conservador y el opositor Partido Laborista, contrarios a la pena capital, aseguraron que pedirían clemencia para los australianos condenados en el extranjero.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Downer, ya había pedido a Indonesia por la vida de los seis miembros del grupo de traficantes de heroína conocido como los "nueve de Bali". Los otros tres fueron condenados a largas penas de prisión.
Downer prevé el pedido formal una vez que se hayan agotado todas las instancias de apelación. Los australianos fueron detenidos por las autoridades indonesias gracias a la información brindada por la policía de este país.
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El Partido Laborista apoyó totalmente los esfuerzos del gobierno.
En 2006, Kevin Rudd, entonces portavoz de la cancillería y ahora líder de la oposición, aplaudió los exitosos esfuerzos del primer ministro John Howard para lograr la conmutación de la pena capital impuesta a dos australianos en Vietnam.
Rudd también apoyó al gobierno en su postura contraria a la condena a muerte dictada contra los seis miembros de los "nueve de Bali" y rindió homenaje a Howard y Downer en 2005 por pedir clemencia a Singapur, aunque sin éxito, por la vida del australiano Van Nguyen.
Lo que parece ser una postura de principios contra el máximo castigo no se sostiene cuando los implicados son terroristas.
Howard declaró que no se iba a oponer a la ejecución de los tres "atacantes de Bali". Los condenados están a la espera del fusilamiento por participar en los atentados de esa isla que en 2002 dejaron 202 muertos, incluidos 88 australianos. Y Downer coincidió con Howard.
"El gobierno australiano no moverá ni un dedo para respaldar a las tres personas que asesinaron a 88 australianos en Bali", declaró.
Canberra se ha mostrado selectivo a la hora de oponerse a la pena de muerte, pero la polémica se suscitó a causa de la postura adoptada por el Partido Laborista en las últimas semanas.
Kevin Rudd contradijo la plataforma de su propio partido cuando declaró en octubre que ningún gobierno encabezado por él presionará por vía diplomática a fin de "defender la vida de un terrorista".
Rudd espera convertirse en el próximo primer ministro australiano tras las elecciones generales del 24 de este mes. Las últimas encuestas dan un estrecho margen al Partido Laborista entre los entrevistados.
Sus dichos fueron motivados por las declaraciones del portavoz de asuntos exteriores laborista, Robert McClelland, quien denunció las condenas a muerte dictadas contra los terroristas de Bali.
Rudd, quien a su vez se opuso a la ejecución el ex presidente iraquí Saddam Hussein (1979-2003), se apuró a reprender a McClelland.
Pero la declaración del portavoz laborista parece ajustarse a la plataforma de su partido que, al parecer, tiene una postura inequívoca al respecto: se opone a la pena de muerte "sin importar la naturaleza del delito".
De formar gobierno, el Partido Laborista "se opondrá de forma clara y firme a la pena de muerte, cuando y donde sea, y recurrirá a su posición en el concierto internacional y regional para abogar por su abolición universal", según su plataforma.
"Creo que, por desgracia, el líder de la oposición y el primer ministro hacen un uso político de la cuestión y ambos juegan para el electorado", señaló el presidente de la Alianza de Abogados Australianos, Ian Brown.
Las elecciones de este mes son la mejor oportunidad que se le ha presentado al laborismo para desalojar a Howard en 11 años de gobierno. La aparente contradicción de Rudd con la plataforma de su partido parece tener en vista ese hecho, así como el resentimiento del electorado hacia los responsables del atentado de Bali.
La posición de Rudd y de Howard respecto de la pena capital "es simplemente un ejercicio electoralista", según Brown.
El apoyo de la población "tiene altibajos y es flexible, según haya, o no, campaña electoral", arguyó el abogado.
"Nos oponemos totalmente a las ejecuciones en cualquier lugar", dijo a IPS una portavoz de la campaña del Partido Laborista.
El gobierno laborista promoverá una campaña para abolir el máximo castigo, pero en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), añadió.
Dirigentes laboristas se muestran resueltos a mantener su posición, pero las organizaciones de la sociedad civil dudan de ese convencimiento.
"Tener una postura abierta y contraria a la pena de muerte para algunas personas y para otras no es, por cierto, contradictorio y decepcionante", dijo Michael Walton, integrante del comité general del Consejo de Libertades Civiles de la provincia de Nueva Gales del Sur.
Las "inconsistencias" de ambos partidos es lo que preocupa al Consejo, explicó Walton.
Esas inconsistencias tienden a "sugerir que quizá se trate más de una política de derechos para los australianos y no de derechos humanos", arguyó.
La postura asumida por los dos partidos socava los esfuerzos tendientes a conseguir clemencia para ciudadanos australianos condenados a muerte en otros países, apuntó Walton.
"Los partidos deben ser consistentes en su oposición a la pena de muerte. De lo contrario, dificultan la tarea de pedir clemencia para los australianos sentenciados en el extranjero", añadió.
Brown concuerda con él. La postura australiana fue "hipócrita al máximo".
"Quiere decir que Australia, desde el punto de vista internacional, carece de toda credibilidad al respecto", añadió..
