Pakistán ha sufrido varias dictaduras en sus 60 años de existencia, pero el presidente Pervez Musharraf pasará a la historia como el primer mandatario que realizó un autogolpe.
"El de Musharraf es un caso distinto. Tiene el singular honor de haber realizado dos golpes. En el segundo, desarticuló el mismo gobierno sobre el cual tenía un control absoluto", dijo a IPS el juez Wajihuddin Ahmed, ex integrante de la Suprema Corte.
También hay otras diferencias con los "golpes normales". "En lugar de disolver las asambleas locales y nacionales, como por lo general sucede en un golpe, desbarató el sistema judicial", añadió.
"Al suprimir la magistratura, el general pasó a controlar todo el país", sostuvo Nasir Aslam Zahid, ex jefe de justicia en el Tribunal Supremo de Sindh. Zahid insistió en que la declaración de estado de emergencia es, en efecto, la "suspensión de la Constitución" para "ordenar" a los jueces.
Zahid estuvo entre los pocos magistrados que se negaron a jugar bajo la Orden Constitucional Provisional (OCP) de 1999, cuando Musharraf derrocó al primer ministro Nawaz Sharif.
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Pero, mientras expertos legales debaten sobre si se trata efectivamente de un estado de emergencia o más bien una ley marcial, a la Suprema Corte no se le ha permitido cuestionar la decisión del presidente.
Ahmed, quien se postuló en las últimas elecciones contra la candidatura de Musharraf, dijo el mes pasado que, a diferencia de sus predecesores, el actual dictador no parece estar dispuesto a rendirse.
Dos dictadores, Ayub Khan en 1958 y Yahya Khan en 1969, "renunciaron, y el tercero se cayó del cielo", dijo el magistrado, refiriéndose a la explosión aérea en la que murió el general Zia-ul-Haq en 1988.
El 3 de noviembre, Musharraf, quien también es jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se enfrentó a un tribunal supremo que estuvo a punto de declarar inválida y nula su candidatura.
El mandatario sorteó el problema declarando estado de emergencia, reemplazando la Constitución con la OCP y expulsando a todos los jueces de sus tribunales.
En un discurso televisado, Musharraf justificó sus acciones arguyendo que el país afrontaba la amenaza de los extremistas religiosos y que la magistratura conspiraba contra los esfuerzos del gobierno para acabar con el terrorismo.
"Esto demuestra una completa incapacidad para gobernar. En cierta medida, es una muestra de sus ocho años de gobierno. Admitió así que estaba por completo fuera de la ley, que el terrorismo y el radicalismo estaban creciendo y que el Estado se había vuelto ingobernable. Entonces, ¿qué estuvo haciendo todos estos años?", dijo Ahmed.
Musharraf está agotado, dicen sus oponentes, que desean su renuncia y que convoque a elecciones libres y justas tras levantar el estado de emergencia.
"Lejos de eso, todavía sigue siendo visto como una fuerza clave en la guerra contra el terrorismo. ¿Por qué si no sigue llegando ayuda de Estados Unidos?", observó Zahid.
Mientras la comunidad internacional hace críticas sordas y los expertos legales debaten si el estado de emergencia es una medida "extra constitucional", la mayoría de los pakistaníes están preocupados por el hecho de que la carta magna una vez más quedó de lado.
"Nuestra historia se ha basado en la destrucción de la Constitución", dijo otro juez, ex fiscal general, que se negó a jurar la OCP en el golpe de Zia-ul-Haq, en 1981, y que prefirió mantener el anonimato.
El ex fiscal sostuvo que la erosión de la autoridad judicial fue también culpa de la magistratura, ya que "se rindió ante los militares, le dio el poder a una sola persona, le juró fidelidad y le permitió que hiciera lo que quisiera con la Constitución".
Pakistán tuvo su primera carta magna en 1956, nueve años después de la independencia del régimen colonial británico, pero fue abrogada cuando el general Ayub Khan impuso la ley marcial en 1958. Una nueva Constitución fue adoptada en 1962.
Una década pasó en la que se perdió la mitad del territorio del país (Pakistán Oriental, ahora Bangladesh). Zulfiqar Ali Bhutto asumió como presidente y se convirtió en el primer jefe civil en administrar una ley marcial en 1971.
El gobierno de Bhutto redactó otro texto constitucional que entró en vigencia en 1973. "Esto fue lo más cerca que se estuvo de cumplir con los principios de la democracia parlamentaria", sostuvo el ex fiscal general.
En 1977, Zia-ul-Haq impuso la ley marcial luego de que Bhutto declaró la emergencia y suspendió la Constitución. El militar prometió celebrar comicios generales en un plazo de 90 días, pero en realidad abandonó el poder cuando murió, 11 años después.
El régimen de Zia adoptó muchas leyes con poco respeto al consenso nacional o a los valores consagrados en la Constitución.
Entre estas se destacan la draconiana ley "hudood" (contra delitos sexuales) y varias contra las blasfemias, que formaban parte del plan del dictador de convertir a Pakistán en un Estado islámico con propósitos políticos y estratégicos, vinculados con el apoyo que entonces daba Washington a los combatientes musulmanes que luchaban contra los soviéticos en Afganistán.
Según la ley hudood, cuando una mujer denunciaba una violación debía ser arrestada a menos que pudiera presentar cuatro testigos. Debía permanecer encarcelada hasta que el violador fuera detenido, juzgado y enviado a prisión.
En 2006, la norma fue reemplazada por otra destinada a proteger a las mujeres, y según la cual una violación debe ser juzgada por el derecho civil y no por la sharia o ley islámica.
La ley marcial adoptada pro Zia tuvo más apoyo de parte de la magistratura que la declarada por Musharraf. "En 1981, casi 90 por ciento de los jueces de los tribunales superiores juraron la OCP y no hubo ningún escándalo. Esta vez, los gobernantes encuentran una gran dificultad para conseguir nuevos jueces y no pueden convencer a los viejos. Esto es un gran avance", destacó un abogado.
