Estados Unidos condenó el autogolpe del presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, pero al parecer no tiene intenciones reales de restarle apoyo a este aliado clave en la «guerra contra el terrorismo».
"Estados Unidos ha dejado en claro que no respalda las medidas extra constitucionales, porque éstas alejarán a Pakistán del camino de la democracia y del gobierno civil", dijo la secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice.
"Pase lo que pase, haremos una exhortación a un rápido regreso al orden constitucional, al compromiso con las elecciones libres y justas, y a la calma de todas las partes", añadió.
Rice había explicado que una parte significativa de la ayuda estadounidense a Pakistán "está directamente relacionada con la misión antiterrorista".
Aunque el programa de asistencia a Islamabad debe ser revisado tras la decisión de Musharraf, "me sorprendería si alguien pretende que el presidente (estadounidense George W. Bush) ignore o deje a un lado sus preocupaciones sobre el terrorismo", dijo la funcionaria, según un reporte de la agencia AP.
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Musharraf declaró el sábado estado de emergencia y un "nuevo orden constitucional provisional". El mandatario justificó su decisión arguyendo que el país vive una situación peligrosa y que los extremistas islámicos ponen bajo amenaza la autoridad del gobierno.
El jefe de Estado finalmente confirmó este martes que se celebrarán elecciones legislativas en enero, ante la gran presión internacional
Desde el sábado, unas 1.500 personas han sido detenidas, entre ellas varios abogados, jueces, líderes políticos y el presidente de la Corte Suprema, Iftijar Mohamed Chaudhry, quienes calificaron de inconstitucionales las medidas adoptadas por Musharraf.
El lunes, Bush hizo sus primeras declaraciones desde que Musharraf impuso el estado de emergencia, y pidió a su par pakistaní que celebrara elecciones y renunciara a su cargo "lo antes posible".
En su discurso del sábado por la noche, Musharraf habló en varias ocasiones en inglés, mostrando su interés de calmar a Estados Unidos y a todo Occidente, según un informe del periódico The Washington Post.
"Quisiera pedirles que entiendan el crítico ambiente dentro y alrededor de Pakistán. La inacción en este momento es suicidio, y no puedo dejar que este país cometa suicido", dijo Musharraf.
"El autogolpe del mandatario pakistaní fue en gran parte resultado de la presión estadounidense para realizar elecciones libres y justas, ya que la Suprema Corte sorpresivamente comenzó a desafiar la posición dominante de los militares y hubo un drástico aumento de la violencia terrorista", escribió Stephen P. Cohen, experto en Asia meridional del Instituto Brookings, de Washington.
Los problemas de Musharraf aumentaron con el regreso de la ex primera ministra y líder opositora Benazir Bhutto a la vida política pakistaní.
"A menos que el general Musharraf revierta su curso, le será muy difícil realizar elecciones justas", dijo Bhutto al programa televisivo Sky News.
"Coincido con él en que afrontamos una gran crisis política, pero creo que el problema es la dictadura. No creo que la solución sea la dictadura. Los extremistas necesitan a la dictadura, y la dictadura a los extremistas", sostuvo.
Según Cohen, Islamabad apostó a un "doble juego", participando de la "guerra contra el terrorismo" pero a la vez mostrando renuencia a combatir las fuerzas remanentes de la red terrorista Al Qaeda en la frontera con Afganistán.
Musharraf, parece seguir la estrategia de ser duro con la sociedad civil pero suave con los islamistas, los dos grupos a los que responsabilizó por haber decretado estado de emergencia.
El lunes, la policía golpeó a abogados y arrestó a cientos de ellos, que se habían reunido frente a la sede de la Suprema Corte de la meridional ciudad de Karachi. Otros 200 abogados fueron detenidos en la oriental ciudad de Lahore.
Entre los detenidos se encuentra el presidente de la Barra de Abogados de la Suprema Corte de Karachi, Aitzaz Ahsan, y los ex presidentes Munir A. Malik y Tariq Mahmood.
Activistas por los derechos civiles cuestionan la afirmación de Musharraf de que la imposición del estado de emergencia es en respuesta a una crisis causada por los islamistas y un sistema judicial hostil. El texto de la orden de Musharraf critica el "activismo judicial" por afectar la "moral" de la administración y las oficinas encargadas de hacer cumplir la ley.
En su discurso del sábado, Musharraf anunció que las asambleas nacionales y provinciales continuarían funcionando, así como los gobernadores y ministros jefes. Al parecer, su único objetivo es el sistema judicial.
"Si la Constitución está en desuso, el parlamento debería ser suspendido", dijo a IPS el ex juez Wajihuddin Ahmad, candidato de los abogados que se presentó en las últimas elecciones presidenciales.
El gobierno está haciendo jurar a nuevos magistrados para que llenen el vacío dejado por los detenidos. Sin embargo, un número sin precedentes de jueces de la Suprema Corte no han tomado juramento bajo el nuevo orden constitucional. "Habrá una crisis. ¿Conseguirán jueces para llenar todas esos puestos?", dijo a IPS Ahmad.
