El general Pervez Musharraf se quitó el uniforme para prestar este jueves juramento como presidente civil de Pakistán. Mientras, continúa la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, la censura a la prensa y la incertidumbre sobre las elecciones de enero.
Los partidos políticos no descartan la posibilidad de boicotear los comicios legislativos de los que emergerá el nuevo gobierno, según el régimen parlamentario vigente en este país.
Dos ex primeros ministros, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, figuran entre los candidatos. Rivales en el pasado, han dialogado en los últimos meses por una causa común: la remoción de las fuerzas armadas de la política.
Musharraf renunció este miércoles al mando del ejército, acto que le permitirá ser investido presidente este jueves.
En mayo de 2006, cuando aún se encontraban en el exilio, Bhutto y Sharif firmaron en Londres una "carta de democracia" en nombre de los dos partidos más populares de Pakistán.
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"Fue el primer gran intento de sus partidos por identificar una agenda común para la lucha política contra el orden político dominado por militares", dijo el conocido analista Hasan Askari-Rizvi.
Diez meses después, el intento de Musharraf de suspender al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iftikhar A. Choudhry, catalizó una crisis judicial. Un movimiento encabezado por abogados presionó por la restauración del magistrado.
Las protestas de alto voltaje, ampliamente cubiertas por la prensa, precipitaron la popularidad de Musharraf.
Este año, negociaciones promovidas por Estados Unidos entre Musharraf y Bhutto obligaron al militar a admitir el retorno de la ex primera ministra el 18 de octubre. En los festejos, un ataque con explosivos se cobró 150 vidas.
Musharraf se negaba a permitir el regreso de Sharif, quien debió retornar de un aeropuerto pakistaní a Arabia Saudita, donde estaba exiliado, pero accedió luego de la declaración del estado de emergencia el 3 de noviembre. "Esto fortalece la cultura democrática y política", dijo Bhutto.
Ambos líderes pudieron retornar porque el parlamento se aprestaba a cumplir el 15 de noviembre el fin de su legislatura de cinco años, la primera vez que eso sucede sin interrupciones institucionales en los 60 años de historia independiente del país.
Ese día, se esperaba también que Musharraf renunciara a alguno de sus dos cargos —el de presidente o el de comandante del ejército— que los legisladores le permitieron ostentar por un solo periodo.
Pero Musharraf afirmó que sólo abandonaría el mando militar si se le permitía competir en elecciones presidenciales —a cargo del parlamento—, pues la Constitución lo impide para cualquiera que tuviera un cargo de gobierno y no haya renunciado a él dos años antes, al menos.
Cuando parecía seguro que la Corte Suprema de Justicia prohibiría por esa causa la investidura de Musharraf como presidente por esa causa, el militar decretó el estado de emergencia, por el cual suspendió la vigencia de la Constitución y ordenó a los jueces superiores prestar nuevo juramento.
Los medios de comunicación electrónicos, al mismo tiempo, fueron bloqueados.
"Si la Constitución es el alma de la nación, los jueces son su corazón", dijo el ex juez supremo Fakhruddin G. Ebrahim. "Hoy, nuestra nación carece de corazón y de alma."
Por su parte, Bhutto advirtió que un gobierno democrático debería reinstalar en sus cargos a todos los jueces depuestos, y anunció que estaba dispuesta a formar una alianza con Nawaz Sharif para garantizarlo.
Pero los partidos políticos mantienen abierta la opción de boicotear las elecciones.
El Movimiento de Todos los Partidos Democráticos que reúne a toda la oposición política —incluido el Partido Popular de Bhutto y la Liga Musulmana de Sharif— advierte que habrá boicot si Musharraf no restaura las condiciones anteriores al estado de emergencia, incluida la rehabilitación de los jueces cesados.
Sin embargo, Bhutto lo consideró una posibilidad lejana.
"Nos preocupa el fraude electoral, pero no queremos dejar vacío el campo de juego", dijo, alentada por el panorama internacional actual. "En el pasado, Estados Unidos apoyaba dictaduras, pero ahora apoya democracias."
La estrella del cricket —el deporte nacional— Imran Khan rompió su registro como candidato y se negó a participar en elecciones en las actuales condiciones. Khan, quien estuvo en prisión por intentar participar en una manifestación estudiantil en Lahore, dijo que continuar en campaña equivaldría a traicionar a los jueces cesados.
"Por primera vez en 60 años, nuestra Corte Suprema defendió su independencia y el estado de derecho, sin atender la doctrina de la necesidad", dijo Khan.
Musharraf, hoy presidente civil, deberá levantar el estado de emergencia tarde o temprano. También deberá permitir las transmisiones de emisoras opositoras clausuradas, como 103 FM de Karachi y el canal Geo TV, de alcance nacional.
Por lo tanto, se revertiría la situación a la vigente el 2 de noviembre… excepto por los jueces.
Organizaciones de la sociedad civil, abogados y partidos políticos reclaman el restablecimiento de los jueces despedidos y de la independencia judicial.
La mayoría de los magistrados de los más altos tribunales prefirieron renunciar antes que prestar un nuevo juramento según las normas del estado de emergencia.
El 27 de noviembre, 17 jueces retirados de la Alta Corte de Sindh declararon "enteramente inconstitucional" el estado de emergencia.
"El regreso de la democracia es imposible sin la restauración de todos los miembros de la Corte Suprema y de los jueces a las posiciones que tenían el 2 de noviembre. Cualquier elección realizada bajo una ley marcial de facto será una farsa ilegítima", indicó el tribunal.
"Hoy, lo único cierto en este país es la incertidumbre", dijo el abogado de la Alta Corte de Sindh Zahid Ebrahim.
