Las fallas en las medidas tomadas por el régimen de Pakistán con el declarado (y supuesto) fin de avanzar hacia la democracia son, a estas alturas, evidentes.
El presidente Pervez Musharraf felicitó al parlamento saliente por convertirse en el primero en 60 años de historia independiente del país en completar su periodo.
Al mismo tiempo, el general Musharraf, también comandante del ejército, invistió al gobierno interino de 24 miembros que supervisará las elecciones generales previstas para enero.
Pero a pesar de que estas decisiones podrían ser percibidas como prodemocráticas, Musharraf no tomó en cuenta la opinión de los partidos políticos para designar como primer ministro al presidente del Senado Mohammadmian Soomro, leal a su figura.
"El gobierno interino es una extensión de la gobernante Liga Musulmana", dijo la dos veces primera ministra Benazir Bhutto.
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Las circunstancias en que el gabinete de Soomro ejercerá el gobierno son extremadamente irregulares.
Musharraf decretó el día 3 el estado de emergencia en que se suspende la vigencia de la Constitución, los derechos fundamentales, la actividad judicial y la libertad de prensa.
Expertos legales indicaron que, al dictar el decreto invocando sus facultades simultáneas de comandante del ejército y de presidente, se trata, básicamente, de una ley marcial.
La Red de Elecciones Libres y Justas, integrada por 30 organizaciones de la sociedad civil pakistaní, consideró que la celebración de comicios bajo una ley de emergencia constituye una contradicción en sí misma.
"La independencia de los jueces está en peligro. Los derechos fundamentales continúan suspendidos. La actividad política está prohibida. Ciudadanos y activistas son arrestados por agencias de inteligencia e inseguridad. La prensa está controlada por nuevas leyes que restringen su capacidad de dar al público información sin sesgos", advirtió la Red.
El lunes, la Corte Suprema de Justicia, ahora integrada con jueces designados a dedo por Musharraf y purgada de aquellos que se negaron a prestar juramento bajo la ley de emergencia, se apresuró a dejar de lado los cuestionamientos legales a la reelección del presidente, resuelta por el parlamento.
Diversas demandas ante la Corte advertían que la reelección no debería validarse, pues fue procesada mientras Musharraf era aún comandante del ejército. El mandatario decretó el estado de emergencia cuando parecía seguro que el máximo organismo judicial aceptaría esas demandas.
Los principales partidos políticos, incluidos dirigentes de la gobernante Liga Musulmana, y las grandes organizaciones de la sociedad civil se muestran unánimes en su reclamo de levantamiento del estado de emergencia y la restauración de la Constitución, el Poder Judicial y los derechos fundamentales.
"El gobierno interino juró proteger una Constitución que no existe más. Y el juramento fue tomado por el que la anuló", dijo la activista Lala Hasan, de la coalición Resistencia Popular.
El secretario general de la Liga Musulmana, Mushahid Hussain, reclamó el fin del estado de emergencia antes de la celebración de elecciones.
Soomro desechó los consejos a no aceptar la jefatura del gobierno interino, pero algunos analistas creen que eso podría cambiar por la inmensa presión nacional e internacional sobre Musharraf.
"Esta situación no puede durar", dijo el abogado Faisal Siddiqi. "Más tarde o más temprano, tendrá que levantar la ley marcial. La Constitución, la justicia, los derechos fundamental y la libertad de prensa serán restaurados."
Las condenas y protestas fluyen desde gobiernos, asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Más de 700 miembros del Colegio de Abogados de Estados Unidos se manifestaron la semana pasada en Washington contra el arresto masivo de sus colegas pakistaníes y la suspensión de los jueces.
Pero la presión considerada más eficaz no parece funcionar: la de la Casa Blanca.
La política estadounidense hacia Pakistán se concentra en el combate contra el terrorismo, y con eso en vista promovió un acuerdo entre Bhutto y Musharraf, enemigos durante muchos años, en un intento por "casar" el elemento militar y el político.
Muchos observadores critican las concesiones extremas que contiene el acuerdo. Pero otros consideran que la intención de Bhutto, quien regresó del exilio gracias al pacto, fue demostrar de lo que está dispuesta por una transición hacia la democracia.
Varios presos políticos fueron liberados del arresto domiciliario, entre ellos Bhutto, la abogada de derechos humanos Asma Jahangir y los jueces de los tribunales superiores que se negaron a someterse al nuevo juramento.
Desafiando todas las presiones en su contra, Musharraf declaró que considera más importante el país que la democracia.
"Cuando la nación está por ser declarada estado fallido, díganme si la restauración de la autodenominada democracia es más importante que los esfuerzos para salvar el país", dijo en televisión la semana pasada.
Y luego, se contestó a sí mismo: "Por supuesto, lo importante es salvar al país."
