La Suprema Corte de Justicia de México decepcionó a activistas y grupos humanitarios al desestimar un dictamen que consideraba a la activista Lydia Cacho víctima de un proceso judicial amañado y dirigido a castigarla por sus denuncias contra pederastas.
Por seis votos contra cuatro, el máximo tribunal que investigó el caso por solicitud expresa del Poder Legislativo, concluyó que el gobernador de Puebla, Mario Marín, vecino a la capital mexicana, así como varios fiscales y jueces no pueden ser declarados culpables de atentar contra los derechos humanos de Cacho. No hay pruebas ciertas de ello, dijeron los magistrados.
En sus fundamentos, la Suprema Corte sostuvo que le fue imposible avalar como prueba una serie de llamadas telefónicas grabadas sin autorización judicial, en las que se escucha al gobernador Marín confesar en un lenguaje lleno de groserías que utilizó la justicia para encarcelar a Cacho por haber mencionado a amigos empresarios suyos como protectores de un pederasta.
"Es una aberración lo que acaba de hacer la Corte. El mensaje a México es que no hay posibilidades para nadie cuando se es víctima de violaciones a los derechos humanos", dijo Cacho tras conocer el fallo.
"Se está declarando inocente a un gobernador culpable de proteger a una red de pederastas", apuntó.
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El fallo del magistrado Juan Silva Meza, sobre el que discutieron los demás jueces del máximo tribunal, concluía que Cacho sí había sido víctima de violaciones a sus derechos y que Marín y otros funcionarios eran culpables.
No obstante, y tras cuestionar varios pasajes de ese documento por presuntas inconsistencias jurídicas, la mayoría votó en contra, dejando así a los acusados libres de toda culpa.
Cacho fue detenida en diciembre de 2005 en el estado de Quintana Roo, sobre el mar Caribe mexicano, y trasladada por agentes judiciales a Puebla, donde fue encarcelada en el marco de un litigio por calumnias que le inició el empresario Kamel Nacif.
Ese empresario, amigo de Marín, fue mencionado por la periodista en su libro "Los demonios del Edén" como protector de un presunto pederasta ya detenido.
Según la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de México, no hay pruebas ciertas y contundentes para asegurar que Cacho, quien permaneció escaso tiempo en la cárcel, haya sido víctima de graves violaciones a sus derechos.
El tribunal asegura que tampoco pudo comprobar una acción concertada de autoridades para actuar contra ella.
Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, calificó la resolución del máximo tribunal como "terrible".
"Con este tipo de sentencias hay una vulneración mayor a los derechos humanos. Estaba muy claro para todos que Cacho fue una víctima", señaló Sánchez a IPS.
Según las conversaciones telefónicas grabadas y filtradas a la prensa, Marín había planificado que Cacho fuera violada y torturada en la cárcel de Puebla.
El caso de la periodista y activista social atrajo la atención de organizaciones humanitarias de México y del extranjero.
Marín, del Partido Revolucionario Institucional, negó en todo momento que su voz fuera la que se escucha en las grabaciones. Sin embargo, pruebas periciales independientes y algunos de sus interlocutores en esas conversaciones indicaron que eran registros auténticos.
"Se acepta que una prueba como esta (las grabaciones) no puede tener valor probatorio ante la justicia, pero en el contexto del caso y junto al resto de evidencias estaba clara la culpabilidad del gobernador", sostuvo Sánchez.
"Con esta resolución de la Suprema Corte nos quedamos todos indefensos. Si en el máximo tribunal no se encuentra justicia, ¿entonces dónde?", se preguntó el activista.
La Suprema Corte de Justicia investiga casos de violaciones de derechos humanos sólo de forma extraordinaria y cuando hay de por medio pedidos de otros órganos del Estado o cuando se trata de hechos que considera de repercusión general.
No obstante, su trabajo se limita a integrar expedientes y deja de lado la definición de sanciones.
El encausamiento judicial y las sanciones respectivas son potestades de los fiscales y jueces con tales facultades, y no de ese alto tribunal, indican resoluciones de la propia Suprema Corte.
"Lo que descubrimos con el caso de Cacho es que la justicia en general falla. Toda la base está mal y la Corte no lo puede subsanar", dijo el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Detrás de este asunto hay personas vinculadas a la pornografía y el abuso sexual de menores que están molestas con Cacho por su libro, en el que denunció esos delitos a través del testimonio de varias niñas víctimas de una red asentada en el sudoriental balneario de Cancún, había dicho Cacho a IPS en una entrevista previa al dictamen de este jueves.
En ese texto se tocan algunos de los hilos de una madeja de denuncias sobre el abuso de niños y niñas en México.
Unos 17.000 menores de 18 años son víctimas del comercio sexual en este país, según un estudio de la investigadora Elena Azaola, publicado en 2004 con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
