La fabricación de combustibles a partir de vegetales se presenta en España como un negocio fuertemente apoyado por empresarios, pero muy criticado desde las organizaciones ambientalistas por sus efectos nocivos sobre la producción de alimentos.
Bill Glover, directivo de la empresa aeronáutica estadounidense Boeing, sostuvo días atrás en Madrid que dentro cinco o 10 años el uso del biocombustible en la aviación comercial será viable y que ello ayudaría a reducir en 50 por ciento las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el transporte aéreo.
Añadió que el transporte aéreo produce 1,5 por ciento de las emisiones de CO2 de la Unión Europea (UE), según datos de 2006, mientras que el terrestre llega al 52,8 por ciento. Porque, explicó, un automóvil con dos ocupantes consume una media de seis litros de combustible por kilómetro, mientras que un avión lleno hasta 80 por ciento no llega a ese consumo.
La importancia que en España se otorga al biocombustible tiene un testimonio en la empresa transnacional Abengoa, que acaba de inaugurar en Estados Unidos una planta piloto para su producción energética.
Esa planta tiene previsto producir 50 millones de litros de bioetanol o alcohol carburante sustituto de la gasolina, pero utilizando una biomasa no apta para la cadena alimenticia, según un portavoz de la firma. Claro que su producción comenzará utilizando materias primas convencionales.
Para llevar adelante ese proyecto, Abengoa suscribió en febrero un acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que financiará la mitad de las inversiones al respecto.
En los experimentos previos, la empresa produjo combustible a partir de la paja de trigo, residuos forestales y restos de comidas vegetales. Javier Salgado, presidente de Abengoa, sostiene que en una década el etanol sustituirá masivamente a la gasolina y que será 40 por ciento del total de consumo mundial de combustible.
Mientras, una de las instituciones agropecuarias más fuertes de España, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), cuestiona la producción de biocombustibles y pidió el 31 de octubre que se inspeccione la producción local de biodiésel a partir del girasol, porque creen que no se separa entre el importado para uso alimentario y el destinado a la industria.
El secretario general de Asaja, José María Fresneda, dijo en rueda de prensa que es posible que se esté utilizando aceite de importación para producir biodiesel, recibiendo subsidios públicos "del dinero que pagamos todos los contribuyentes a Hacienda".
Lo grave, adicionó, es que esas empresas no incentivarán el cultivo en España, "porque a partir de que tengan la infraestructura productiva montada no les importará traer aceite de terceros países".
Hablando de terceros países merece mencionarse el acuerdo firmado a fines de octubre entre España y Brasil a efectos desarrollar proyectos conjuntos para la producción de carburantes alternativos al petróleo y dirigidos también a fomentar un mayor ahorro energético, según el ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Joan Clos.
El primer paso de ese acuerdo es la creación de un grupo de trabajo que estudiará la posibilidad de aprovechar y unir las experiencias de ambos países en ese sector, destacándose la "gran experiencia" de Brasil, según Clos, quien visitó ese país sudamericano semanas atrás y se reunió allí con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
También asistió a una reunión con empresarios, en la que destacó que España se ha convertido en el segundo inversor en Brasil, sumando unos 40.000 millones de dólares.
Pero desde la sociedad civil surgen fuertes críticas a los biocombustibles. Marisa Kohan, portavoz en España de la organización no gubernamental Intermón Oxfam, dijo a IPS que los planes de España y del resto de países de la Unión Europea para aumentar el uso de biocombustibles "pueden tener consecuencias muy negativas para algunos de los países más pobres del planeta".
Si la UE cumpliera sus proyectos de que al menos 10 por ciento de los carburantes para los vehículos utilicen biocombustibles hacia 2020, se multiplicaría por 10 el consumo actual. En ese caso el bloque tendría que importar biocombustibles producidos a partir de cultivos como la caña de azúcar y el aceite de palma procedente de países en desarrollo.
Pero eso significaría que en esos países la producción de materias primas para biocombustibles desplazaría a poblaciones pobres de sus tierras, destruyendo sus modos de vida e incrementando la explotación de sus trabajadores, añadió Kohan.
Un informe de Intermón Oxfam indica que en India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia se podrían utilizar dentro de 20 años 5,6 millones de kilómetros cuadrados de tierra para la producción de biocombustibles, una superficie equivalente a 10 veces la de Francia.
Y cita a Abet Nego Tarigan, director adjunto de Sawit Watch (organización no gubernamental indonesia para la protección de plantaciones autóctonas), quien afirmó que "las decisiones sobre biocombustibles que se toman en Europa afectan directamente a millones de personas en ese país".
Porque, adicionó, "en la búsqueda implacable de la UE del "oro" biocombustible, grandes compañías productoras de aceite de palma están expulsando de manera desalmada a comunidades de las tierras que han cultivado durante generaciones".
Por eso, concluyó, "la política propuesta por la UE sólo empeorará la situación, llevando más gente a la pobreza y concentrando la tierra en manos de unos pocos".