Chile es rico en recursos naturales con potencial energético, como el viento, la tierra, el mar y los ríos, el sol y la biomasa, pero sólo empezó a considerarlas en 2004, mientras importa 72 por ciento de la energía que consume.
En noviembre de 2006, el gobierno de Michelle Bachelet se puso el objetivo de cubrir 15 por ciento de la nueva capacidad de generación de electricidad con energías renovables no convencionales para 2010.
"Se puede cumplir el objetivo del gobierno. Vamos por el camino correcto, pero no con la intensidad que quisiéramos", dijo a Tierramérica Mario Manríquez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas.
El alto precio del petróleo y las restricciones a las importaciones de gas natural argentino desde 2004 obligaron a modificar dos veces la Ley General de Servicios Eléctricos.
Pero las trabas no se superaron con esas reformas. Por eso el gobierno trabaja en la aprobación de una nueva normativa, la ampliación de los instrumentos financieros de apoyo y el mejoramiento de la información del sector.
La principal apuesta es un proyecto de ley que establece que ocho por ciento de la electricidad comercializada por los grandes generadores debe provenir de fuentes no convencionales. Se partiría de cinco por ciento en 2010, creciendo 0,3 por ciento cada año hasta llegar a ocho por ciento en 2024. Los infractores sólo pagarían una multa.
Para Manríquez, la participación de fuentes limpias debe aumentar uno por ciento anual hasta llegar a 10 por ciento, lo que aún es bajo. Y, además de la multa, la disposición debería ser obligatoria.
La capacidad instalada de los cuatro sistemas eléctricos del país es de casi 12.000 megavatios, de los cuales apenas 2,6 por ciento del total corresponden a fuentes renovables no convencionales, principalmente biomasa (desechos agrícolas) ligada a la industria papelera, y generadoras hidroeléctricas de menos de 20 megavatios. La energía eólica aporta sólo dos megavatios.
Desde 2000 se han instalado paneles fotovoltaicos y pequeños generadores eólicos en viviendas aisladas, como parte del Programa de Electrificación Rural.
En 2005, la Corporación de Fomento a la Producción inauguró un concurso anual que financia hasta 50 por ciento de estudios de preinversión en fuentes alternativas y hasta dos por ciento del monto a invertir.
Luego de tres concursos y 4,5 millones de dólares desembolsados, hay una cartera de más de 100 proyectos, la mayoría hidráulicos y eólicos, que aportarían juntos unos 800 megavatios, pero cuya ejecución requiere 1.700 millones de dólares.
"El apoyo a la preinversión permite hacer una cartera de proyectos, pero no asegura que estos se concreten", puesto que la banca los considera más riesgosos, señaló a Tierramérica Sara Larraín, directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable.
La Corfo también tiene una línea de crédito ambiental de 100 millones de dólares, que presta hasta cinco millones por proyecto.
El gobierno negocia con Alemania donaciones y créditos blandos para el desarrollo de las fuentes alternativas en 2008.
"Si se internalizaran los costos negativos de proyectos tradicionales de gas, petróleo y carbón, como la contaminación local y climática, probablemente las fuentes alternativas serían mucho más competitivas. Pero en Chile esto no se hace", declaró a Tierramérica Matías Steinacker, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Larraín cree que "faltan señales regulatorias", un marco normativo más estricto que "castigue a los proyectos contaminantes y premie a los limpios".
Según Manríquez, para dar un verdadero impulso a la energía limpia más allá de 2010, se deberían fijar tarifas de comercialización, como en España. Sin embargo, Steinacker piensa que el mercado de cuotas ideado por el gobierno es la mejor alternativa, porque hace competir a los proyectos entre sí para que se desarrollen los más económicos.
Varios estudios indican que el potencial eólico de Chile es de 10.000 megavatios. Pero el parque de Alto Baguales, que funciona desde 2001 generando dos megavatios, es el único conectado a una red eléctrica: la de la austral región de Aysén. A fines de este año entrará en operación el segundo, en la central región de Coquimbo.
Se trata de Canela, de propiedad de Endesa Eco, filial de la trasnacional española, con 11 aerogeneradores que producirán 18,15 megavatios a inyectar al Sistema Interconectado Central, que abastece a 93 por ciento de la población.
En las próximas semanas se entregarán los resultados de un estudio que identifica las obras de riego en las se podrían construir pequeñas centrales hidráulicas.
Y en 2008, el gobierno elaborará un catastro de bienes nacionales que podrían ponerse a disposición de privados, mediante concesiones, para ejecutar proyectos de energías alternativas.
* Publicado originalmente el 17 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
