Las esperanzas de Washington de lograr un acuerdo para que el presidente Pervez Musharraf y la ex primera ministra Benazir Bhutto compartan el poder en Pakistán se desvanecen rápidamente.
Ahora será mucho más difícil alcanzar ese acuerdo político para el que el gobierno estadounidense de Geroge W. Bush trabajó duramente durante los últimos meses, según analistas.
El plan contemplaba que Musharraf retuviera la presidencia con la condición de que permitiera el regreso de Bhutto de su exilio en Londres y convocara a elecciones que le permitirían convertirse por tercera vez en primera ministra.
Asimismo, Musharraf renunciaría a la jefatura del ejército a favor de su segundo, el general Ashfaq Parvez Kayani, el favorito de Washington.
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La prensa estadounidense describe rutinariamente a Kayani como "moderado" y "prooccidental". El diario The New York Times señaló que pertenece a un grupo de militares reformistas "deseosos de quitar al ejército de la escena política para centrar su atención exclusivamente en los temas de seguridad".
Esta preocupación se relaciona con la presencia de insurgentes islámicos, vinculados a la milicia Talibán, quienes consolidaron y expandieron su control en el área fronteriza con Afganistán desde que Musharraf declaró el estado de emergencia.
Pero, con Bhutto bajo arresto domiciliario y miles de políticos opositores, activistas, abogados y defensores de los derechos humanos también en la cárcel, la posibilidad del acuerdo parece haberse esfumado. Las opciones de Washington se han reducido y la situación se ha vuelto más riesgosa.
Es mucho lo que está en juego. Se considera que la cooperación del ejército de Pakistán es esencial para estabilizar al vecino Afganistán y derrotar a la red terrorista Al Qaeda.
Un agravamiento de la crisis política podría fracturar a los militares a lo largo de líneas regionales, una perspectiva preocupante en un país que, se cree, tiene alrededor de 50 armas nucleares en diversas partes de su territorio.
Además, la falta de voluntad del gobierno de Bush para romper con Musharraf y declarar su apoyo a las demandas de la oposición civil puede alinear aún más a la ciudadanía de este país de 160 millones de habitantes contra Estados Unidos, cuya imagen cayó a un nivel nunca visto antes de la presente crisis.
Paralelamente, la "agenda de libertad" de Bus, que ya es objeto de un razonable escepticismo, puede quedar expuesta como un fraude total.
"Si alguien en el mundo musulmán todavía creía en las promesas históricas de Bush acerca de su apoyo al establecimiento de la democracia, esas esperanzas se ven sacudidas por la crisis en Pakistán", dijo Mohamad Bazzi, un profesor visitante en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Para intentar de reparar la situación, Bush envió a Islamabad al subsecretario de Estado (vicecanciller) John Negroponte, para reunirse con Musharraf y otras figuras políticas, incluyendo probablemente a Butto.
El objetivo básico es examinar si se puede revivir el acuerdo para compartir el poder, según un funcionario que pidió no ser identificado.
Negroponte llamará la atención sobre las amenazas del Congreso legislativo de suspender la ayuda militar de casi 2.000 millones de dólares anuales, que Pakistán ha recibido desde el inicio de la "guerra contra el terrorismo". También se podría dejar sin efecto una venta de aviones de combate F-16.
Esto sucedería si Musharraf no deja sin efecto el estado de emergencia, se retira como jefe del ejército y permite la realización de elecciones libres, entre otras condiciones.
Pero analistas creen que eso no será suficiente para hacer cambiar de parecer a Musharraf, quien parece convencido de su capacidad para capear el temporal, sobre todo a causa de la tibieza de la reacción de las potencias occidentales frente a su autogolpe de Estado.
Para Negroponte, el general Musharraf es un aliado "indispensable" en la "guerra contra el terrorismo".
Pero aun si el presidente paquistaní cede a las presiones, los especialistas dudan que Bhutto se sume ahora al acuerdo.
En los últimos días la ex primera ministra se aproximó a otros partidos de oposición para establecer un frente democrático unido y podría perder su credibilidad personal si se acerca al gobierno.
Un arma más efectiva para presionar al presidente paquistaní es la suspensión de los 100 millones de dólares mensuales que el Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos entrega directamente al ejército como fondo antiterrorista, dijo Selig Harrison, un experto del Centro para las Políticas Internacionales, con sede en Washington.
Buena parte de ese dinero se distribuye en efectivo y se lo utiliza para asegurar la lealtad de la cadena de mandos.
Pero el gobierno de Bush no parece dispuesto a hacer tal cosa. Existe el temor de que la suspensión de la ayuda reduzca la ya tibia y esporádica cooperación de Pakistán contra Al Qaeda y el movimiento Talibán. Asimismo, la sanción podría fortalecer a los militares islámicos, que se han resistido por mucho tiempo a seguir las prioridades de Washington.
"Si usamos esta herramienta podemos lograr que Musharraf haga muchas cosas, pero no tengo ninguna razón para pensar que vamos a emplearla. Francamente, sin esa forma de presión creo que ya es tarde para realizar algo efectivo", señaló Harrison a IPS.
La otra alternativa que tiene el gobierno de Bush, y que ya se habría puesto en práctica, según observadores, es acercarse a otros generales más favorables a los intereses de Washington, comenzando con Kayani, para que presionen a Musharraf para que renuncie o tomen la acción en sus manos si se niega a hacerlo.
En este aspecto, la elección de Negroponte como enviado de Bush es particularmente irónica. Como embajador en Honduras a principios de los años 80, este funcionario se alineó con el brutal jefe de las fuerzas armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, quien respondió con tanta fidelidad a los intereses de Washington en la región que sus propios comandantes lo derrocaron.
Negroponte, quien al parecer no tuvo información sobre el complot, dejó de ser embajador poco tiempo después.
