El miedo ha regresado a centenares de peruanos que sufrieron prisión por falsas acusaciones de pertenecer a la organización maoísta Sendero Luminoso o al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la guerra civil (1980-2000).
La incertidumbre se instaló cuando el presidente Alan García anunció que publicaría una lista con los nombres de 1.800 "terroristas liberados", para que la ciudadanía los identificara y denunciara en caso de que participaran en conspiraciones contra el Estado. García no diferenció entre los que cumplieron condena, los que fueron absueltos por falta de pruebas y los que recibieron indultos por haber sido sentenciados en juicios amañados.
Para el jefe de Estado todos los que estuvieron alguna vez presos por el delito de terrorismo deben ser vigilados, pues estarían vinculados a las acciones armadas de las columnas remanentes de Sendero Luminoso, que operan en el valle de los ríos Apurímac y Ene, en el sureste, y en el valle del río Huallaga, en la selva amazónica.
"Voy a entregar al país la lista de los 1.800 terroristas para que todos sepan exactamente vecinos de quién son y qué cosa está haciendo cada uno de los liberados. No podemos caer en la candidez de decir que se han transformado absolutamente y porque juraron sobre la Biblia ser demócratas, son realmente demócratas", manifestó García.
"Muchos de estos liberados, que cometieron crímenes y asesinatos, están otra vez empujando sus planes siniestros y están movilizando, de alguna manera, a otros sectores", agregó.
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La frase "están movilizando a otros sectores" se refiere a las movilizaciones contra la política económica que ha convocado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante lo cual reaccionó con rechazo el secretario general de la organización, Mario Huamán.
La decisión de publicar el listado fue iniciativa de García después de que cinco policías fueron asesinados en dos acciones armadas el 1 y 13 de noviembre en los Andes del sureste.
"Como si no hubiera bastado haber estado presos injustamente, ahora nos quieren perseguir acusándonos de terroristas", dijo a IPS Gladys Canales, quien pasó recluida ocho años en el penal de Santa Mónica debido a que un "terrorista arrepentido", colaborador de las autoridades, la acusó de facilitar su casa para reuniones de una célula senderista.
En 1993, un tribunal militar anónimo la condenó a 20 años de prisión a partir de la simple sindicación de alguien a quien Gladys Canales jamás conoció, porque la identidad del acusador era un secreto. Ese tipo de prácticas eran frecuentes durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso y bajo proceso por crímenes de derechos humanos y corrupción.
"Cuando me detuvieron, me vendaron los ojos y me llevaron a un calabozo donde me desnudaron, colgaron y torturaron para que me autoinculpara como militante de Sendero Luminoso", relató Canales, presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno.
"Yo no resistía el dolor y me desmayaba. Los torturadores se asustaron porque creyeron que me habían matado. Ocho meses después, me llevaron al tribunal militar que me condenó. En 2001, me indultaron tras revisar mi caso: no había ninguna prueba contra mi".
Más de seis años después de haber recuperado su libertad, y cuando creía que la reconstrucción de su vida no encontraría tropiezos, el presidente García anunció que ventilará su identidad como "terrorista liberada".
"De la cárcel salimos con cuadro asmático, con tuberculosis, con cuadros psiquiátricos severos y otras enfermedades. El Estado nos trató con violencia y ahora nos trata con indignidad", afirmó.
"Yo estuve dos años y medio con tratamiento psicológico y también mi familia, porque luego de estar presa ocho años no podía insertarme a un hogar como si nada hubiera pasado", agregó.
En realidad fueron 3.084 peruanos los acusados por terrorismo que salieron de prisión, según precisó el primer ministro Jorge del Castillo ante el Congreso legislativo, en donde respaldó la iniciativa del jefe de Estado y reclamó el apoyo de los legisladores.
Del Castillo tampoco estableció diferencias: 878 acusados fueron absueltos, 574 cumplieron condena, a otros 174 se les compurgó la pena y 473 salieron con libertad condicional, entre otros tipos de situaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano que volviera a juzgar a todos los procesados y condenados por tribunales militares o jueces anónimos porque dichas instancias eral ilegales. El gobierno de Fujimori se negó a hacerlo.
En 1998, el defensor del Pueblo (ombudsman) Jorge Santisteban presidió una comisión revisora de los casos de inocentes presos bajo acusación de terrorismo. Entre 1998 y 2000 fueron indultadas 502 personas, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) a 165 y en el de Alejandro Toledo (2001-2006) a 92.
La mayoría de los indultados habían sido condenados con pruebas falsas, o por acusaciones de testigos secretos y ante tribunales militares anónimos o "sin rostro", instrumentos que Fujimori utilizaba para su propia "guerra contra el terrorismo".
Diego García Sayán, ex ministro de Justicia del gobierno Paniagua y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo a IPS que también se indultó a quienes cooperaron con la justicia proveyendo información.
"Es peligroso usar de manera generalizada el término 'terroristas liberados'. Terrorista es alguien que ha sido condenado como tal y no una persona que estuvo presa bajo esa acusación y no se le probó el delito. Una gran mayoría de los que han salido libres no son sentenciados. Es una cacería de brujas", señaló García Sayán.
Además, "la publicación de los nombres viola la Constitución. La ley impide que se trate como delincuentes a quienes han sido absueltos o han cumplido condena", agregó.
También la actual defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su oposición a la publicación de una lista de "terroristas liberados", porque implicaría la estigmatización de personas absueltas o indultadas después que se comprobó que no había pruebas contra ellas o se demostró que los juicios en su contra habían sido fabricados.
"Los que fueron absueltos por la justicia podrían iniciar acciones contra el Estado si se publican sus nombres porque la ley los ampara", advirtió.
Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre 2003 y 2005 salieron en libertad 850 presos acusados de terrorismo, en su gran mayoría "porque no se pudo recopilar pruebas contra ellos o las investigaciones resultaron inadecuadas, y el Poder Judicial resolvió que salieran libres", explicó Merino.
El presidente de la Asociación de Inocentes Liberados, Edgar Rivadeneyra, teme que la iniciativa presidencial los devuelva a los años de persecución y señalamiento.
Esto "vulnera los derechos humanos de todas las personas", dijo a IPS. "Afectará sobre todo al inocente que demostró que lo acusaron injustamente y al condenado que pagó con la prisión su castigo y se encuentra rehaciendo su vida en todo el sentido de la palabra".
Rivadeneyra también sufrió en carne propia la injusticia. En 1992 lo acusaron de pertenecer al MRTA. Un tribunal de jueces sin rostro lo condenó a 20 años de prisión. Tras casi 10 años, en 2001, fue indultado porque las pruebas en su contra habían sido fabricadas.
"A muchos el gobierno de Fujimori nos presentó con trajes a rayas ante la prensa acusados de los peores crímenes. Después se demostró que éramos inocentes y nunca recibimos una disculpa", dijo Rivadeneyra.
"Si se publica la lista, la asociación iniciará acciones legales contra el Estado aquí y en los foros internacionales, porque sería como una muerte civil para nosotros", sostuvo.
