Aunque el ministro de Derechos Humanos de Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe, negó las denuncias de un alto funcionario de la ONU de que la tortura es «rutina» en este país, hay pocas dudas de que el recrudecimiento de la guerra civil alcanza nuevos grados de brutalidad.
En un informe sobre su visita a la isla en octubre, el relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la tortura, Manfred Novak, dijo que ésta era «ampliamente practicada» y observó que era «propensa a convertirse en rutina en el contexto de operaciones antiterroristas, en particular por el departamento de investigaciones sobre terrorismo».
En reacción al informe de Novak del miércoles, Samarasinghe aseguró que Sri Lanka tenía una política de «tolerancia cero» en materia de tortura. Pero dijo que el informe era estudiado por el gobierno y que se habían tomado medidas contra autoridades que golpeaban a prisioneros por hablarle al funcionario de la ONU.
Pero los alegatos y los desmentidos del gobierno sobre tortura y derechos humanos suenan falsos. Por ejemplo, Colombo primero negó que los cadáveres desnudos de los rebeldes Tigres Tamiles asesinados en un ataque contra una base aérea cercana a la central localidad de Anuradhapura fueron exhibidos en público el 23 de octubre, y se ordenó una investigación luego que comenzaron a circular las fotografías del incidente.
Algunos testigos relataron que los cuerpos fueron transportados en un remolque abierto desde la base aérea hasta la morgue, y hay fotografías y vídeos que corroboran el hecho de que se permitió que multitudes se reunieran alrededor del remolque.
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«Eso nunca debió haber ocurrido en cualquier caso. Es un acto cruel de desconsideración por las convenciones internacionales», dijo a IPS Sunanda Deshapriya, del Centro para las Alternativas Políticas, con sede en Colombo.
Sin embargo, Deshapriya siente que la exhibición de los cuerpos y los intentos de amordazar a los medios fueron parte de una erosión más amplia de los derechos civiles «en los últimos 20 meses» y «en nombre de combatir a una organización terrorista», agregó.
«En el curso de mis visitas a estaciones de policía y prisiones, recibí muchas acusaciones, consistentes y creíbles, de detenidos que reportaron que eran maltratados por la policía durante las investigaciones a fin de extraer confesiones, o para obtener información en relación a otros delitos penales. Acusaciones similares fueron recibidas con respecto al ejército», señala el informe de Novak.
«El gobierno tomó nota seriamente de las observaciones hechas por el relator especial sobre la acusación de castigos corporales en la prisión de Bogambara y acusaciones de torturas por parte de la división policial de investigación a terroristas, presuntamente en represalia por la comunicación de los detenidos con Novak.
En el primer caso, comenzaron los procedimientos disciplinarios contra el funcionario de la prisión involucrado, y en el último los detenidos fueron examinados por el funcionario médico judicial», señala una declaración del gobierno.
Novak propuso que el establecimiento de «una presencia de campo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con un mandato tanto de controlar la situación de derechos humanos en el país, incluido el derecho del acceso sin restricciones a todos los lugares de detención, y proporcionando asistencia técnica particularmente en el área de la reforma judicial, policial y carcelaria».
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, otra visitante a la isla en octubre, también exigió una presencia de campo de su oficina en Sri Lanka para contener las crecientes violaciones a los derechos humanos.
«La oficina podría contribuir con una presencia en Sri Lanka, actuando bajo un pleno mandato, que podría ofrecer alguna asistencia técnica al tiempo que superaría la brecha de información. Eso recorrería un gran trecho en la satisfacción del deseo de los srilankeses de un entendimiento adecuado de la situación en su país», dijo Arbour la semana pasada a la Asamblea General de la ONU.
El respaldo internacional al establecimiento de esa oficina aumentó desde la visita de Arbour. El estadounidense subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, R. Nicholas Burns, y la subsecretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales, Paula Dobriansky, expresaron su preocupación al reunirse con la activista srilankesa Sunila Abeysekera, ganadora del premio 2007 a la defensa de los derechos humanos, otorgado por la organización Human Rights Watch.
«Burns y Dobriansky expresaron gran preocupación por la situación en Sri Lanka, observando que el gobierno de (ese país) necesitaba trabajar mucho más intensamente para poner fin a tan graves violaciones a los derechos humanos, como matanzas extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, así como la censura en curso en los medios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno», dijo el Departamento de Estado luego de la reunión.
Pero activistas como Abeyasekera no ven que se aproxime un fin a la crisis en Sri Lanka. «Esto es lo peor que ha ocurrido jamás. Tenemos una crisis humanitaria, así como una crisis de derechos humanos», dijo poco después de anunciado el premio, en octubre.
Ella, junto con tres colegas, renunció como consejera a un comité ministerial del gobierno sobre derechos humanos durante la visita de Arbour al país.
El gobierno del presidente Mahinda Rajapakse ha negado consistentemente los llamados a establecer cualquier misión internacional de derechos humanos en Sri Lanka, y se inclina por derrotar militarmente a los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, que desde hace dos décadas llevan a cabo una lucha armada para forjarse un estado separado en el norte y este de la isla.
En julio, tras batallas campales con los Tigres Tamiles, el ejército de Sri Lanka declaró la liberación del este del control militar y ahora se concentra en el Wanni, una franja de territorio en el norte tradicional baluarte de la minoría tamil.
Pero mientras la lucha se traslada al norte, los Tigres muestran señales de estar cumpliendo la promesa de llevar la guerra a áreas cingalesas en el sur. El 22 de octubre, un escuadrón comando de los tamiles atacó una importante base aérea cerca de Anuradhapura, apoyado por aviones rebeldes, destruyendo, según datos militares, cuatro aviones de entrenamiento, tres helicópteros y un avión de vigilancia.
Diez pilotos fueron asesinados en la base y otros cuatro fallecieron cuando un helicóptero se estrelló en las cercanías. Por lo menos 20 miembros del escuadrón de los Tigres fueron asesinados en los combates, y algunos de sus cuerpos fueron exhibidos en Anuradhapura mientras eran llevados a una morgue al día siguiente.
La redada en la base aérea fue la tercera que involucró a la rama aérea de los Tigres en áreas cingalesas desde una redada sorpresa contra una instalación militar cerca de la capital en marzo. Una segunda, en abril, tuvo como resultado importantes daños a un depósito de combustible fuera de la ciudad.
Según cifras del Ministerio de Defensa, un cuarto de siglo de conflicto dejó más de 70.000 muertos. Luego que las luchas se intensificaron bajo el gobierno pro-cingalés de Rajapakse, fracasaron dos intentos de conversaciones de paz en Ginebra, insistiendo en que un acuerdo de paz debe reconocer una patria separada para los tamiles, que constituyen 8,5 por ciento de la población, de 20 millones de habitantes.
Por su parte, el gobierno de Rajapakse rechazó cualquier acuerdo que pueda dividir al país y señaló su preferencia por una solución militar al conflicto.
«Pero las victorias del gobierno en el este han estado acompañadas por la propagación de las luchas en el norte y en el sur», dijo Jehan Perera, director ejecutivo del Consejo nacional de Paz, una organización con sede en Colombo.
A través de sus ataques aéreos, los Tigres Tamiles demostraron estar dispuestos a enfrentarse con el ejército en la búsqueda de sus objetivos declarados.
«Nosotros tomamos decisiones en base a la situación en el lugar. Es lo que ocurre allí lo que determina nuestros pasos. El ataque puede ser la defensa», dijo a IPS el portavoz militar de los Tigres, Rasiah Illanthariyan.
Es probable que una continua campaña militar eleve las cifras de víctimas, advirtió Perera. «Es trágico que la historia se repita con consecuencias catastróficas para las vidas de la gente y de la economía, pero los líderes militares y políticos del país no aprenden del pasado», señaló.
