«Un Estado se convierte en violador de los derechos humanos cuando no los garantiza, promueve y defiende», señaló el embajador de Argentina y presidente del G-24, Martín Balza, en la conferencia internacional sobre Colombia que se realiza en la capital de este país.
Balza habló luego de que fueron leídas en sesión plenaria las conclusiones del trabajo temático adelantado por unos 500 representantes de organizaciones colombianas de la sociedad civil, que denunciaron asesinatos selectivos, impunidad, desapariciones, desplazamiento forzado de los hogares, abandono estatal, miedo, violación a sus derechos y los abusos del paramilitarismo.
La III Conferencia Internacional sobre Colombia instalada el jueves en Bogotá, que finalizará este sábado, continúa el proceso iniciado en 2003 en Londres y continuada en 2005 en la septentrional y turística Cartagena de Indias, sobre el Caribe colombiano
En Londres se reunió el gobierno derechista de Álvaro Uribe con agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), Suiza, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Japón, que junto con Argentina, Brasil, México y Chile crearon el denominado G-24.
Esta vez en Bogotá se le dio a la conferencia "un carácter político y no como mesa de donantes", explicó a IPS Antonio Madariaga, director de la no gubernamental Viva la Ciudadanía.
"El país vive una coyuntura que exige concentrarnos en los retos y problemas de la democracia, derechos de las víctimas, la lucha contra la inequidad y la exclusión, perspectivas en el combate contra las drogas, vigencia de los derechos humanos y construcción de paz", agregó.
En Londres se fijaron criterios para las relaciones globales y la cooperación hacia Colombia. En Cartagena se abordó la alternatividad penal y las condiciones para adelantar el proceso de negociación entre el gobierno y grupos paramilitares de ultraderecha.
"Este año avanzamos en la legitimidad de la actuación de la sociedad civil", dijo Madariaga durante el foro en el que participan delegados del G-24, de agencias de la ONU, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comunidad Andina de Fomento (CAF).
El gobierno de Uribe se hizo presente al final de la tarde del jueves, representado por el vicepresidente Francisco Santos, junto a los directores de la oficina de Derechos Humanos, del programa de reinserción y de la Agencia Presidencial de Acción Social.
Los funcionarios defendieron la política de seguridad democrática de Uribe, insistieron en la desmovilización de 40.000 paramilitares, alabaron el aumento en la cobertura de salud y de educación y resaltaron la inversión estatal destinada a fortalecer la justicia, reducir el desempleo y alentar la inclusión social.
Un representante indígena kankuamo dijo ante los participantes que "las cifras son muy bonitas cuando no se construyen con el dolor".
"Nuestra comunidad ha disminuido en 47 por ciento en los últimos seis años por efecto del conflicto. El 80 por ciento ha sido víctima de paramilitares", dijo a IPS, pidiendo reservar su nombre.
"No queremos que la deuda externa se pague con nuestra tierra", complementó otro miembro de la comunidad embera katio, del noroccidental departamento de Córdoba, en donde funciona la hidroeléctrica Urrá I, construida pese a las críticas sobre daños ecológicos y expropiación, y muy cerca de donde se proyecta Urrá II.
Procedente del departamento de Chocó, sobre el océano Pacífico, un líder comunitario que se encuentra desplazado al norte del país dijo que la situación en su región natal es "invivible y, si uno quisiera volver, tendría como vecino a un (paramilitar) desmovilizado, y yo, la verdad, siento mucho miedo". Testimonios con historias de dolor.
La Alianza, que agrupa a 132 organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, población desplazada, ambientalistas y culturales, distribuyó información sobre la situación en Colombia.
"Entre enero y noviembre de 2007 el contexto que afecta los derechos humanos se ha caracterizado por el rearme paramilitar, el surgimiento de nuevos grupos mafiosos, la responsabilidad de la fuerza pública en la ejecución de población civil", se anota entre muchos temas.
Pero los defensores y activistas reconocen que la participación del G-24 ha aportado desde la conferencia de Londres.
Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, con status consultivo ante la ONU, comentó a IPS que "cabe celebrar el papel del G-24, como organismo que toma nota de las dos visiones, y de alguna forma actúa ante el gobierno para que modere su visión y respete a la sociedad colombiana".
Pero la afirmación no disminuye la percepción de un discurso gubernamental "orgulloso y triunfalista que bien se podría discutir", agregó Gallón.
"Por ejemplo, qué pasará con el registro de 549 personas asesinadas durante el proceso de desmovilización con los paramilitares que tiene registradas la oficina del Alto Comisionado", apuntó.
"Y si los paramilitares eran 12.000 al inicio del proceso, de donde salen los 40.000 que afirma el gobierno hoy. Si se desmovilizaron 30.000, quiere decir que en este gobierno el incremento del paramilitarismo fue muy grande", continuó Gallón. Por su parte, los delegados de la organización Refugees International, Andrea Lari y Mariano García, afirmaron a IPS que durante un viaje a Tumaco hace una semana encontraron cerca de "5.000 familias desplazadas sin ninguna asistencia, en condiciones infrahumanas". "Estamos hablando con el gobierno y las agencias para que entren a apoyarlas", dijo Lari.
"La problemática de la crisis humanitaria y los grandes números de desplazados tiene que quedar como una prioridad de la discusión entre el gobierno colombiano y la comunidad internacional", complementó García.
"Es nuestro quinto viaje a Colombia en los últimos tres años y, si bien se notan algunos avances por razón del mandato de la Corte Constitucional sobre la obligación de atender a la población desplazada, no es evidente una mejoría. Por situaciones similares es que el Congreso de Estados Unidos revisa su política hacia Colombia", agregó Lari.
Bruno Moro, coordinador Residente de la ONU en Colombia dijo estar satisfecho con el resultado de la jornada porque servirá para construir un diálogo en el proceso común.
"Es claro, por supuesto, que los problemas de Colombia no se resolverán de inmediato, pero hay esperanzas. Hay un camino", agregó a IPS.
A su turno, Balza, general retirado, hizo un llamado afirmando que, "con una buena estrategia se gana la guerra, pero con una gran estrategia se gana la paz".
Uribe visitó la conferencia Bogotá a las 07:15 hora local de este viernes, más de una hora antes de lo previsto y luego de cambiar de sitio a última hora de la víspera.
En ese momento fue que Uribe dio a conocer las pruebas de vida de varios rehenes en manos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde hace varios años.
En "una operación del ejército de Colombia contra las estructuras urbanas de las FARC en Bogotá, con la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en flagrancia tres personas, en cuyo poder se encontraron pruebas de supervivencia de un grupo de secuestrados por las FARC", narró el mandatario.
