Entidades de la sociedad civil de Paraguay esperan convencer a un comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que envíe observadores a investigar denuncias de violaciones a los derechos fundamentales de comunidades campesinas e indígenas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cdesc), que inició su sesión anual a comienzos de este mes, analizará por dos días a partir de este martes acusaciones contra el gobierno paraguayo de Nicanor Duarte Frutos sobre el presunto incumplimiento de artículos referidos al acceso a la tierra, la vivienda, trabajo, alimentación y agua de comunidades rurales.
Los señalamientos están incluidos en un informe presentado por una veintena de organizaciones de la sociedad civil que será puesto en la balanza por los miembros del Comité, con sede en Ginebra, junto al reporte oficial de Asunción.
"Expondremos que el gobierno ha retrocedido en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales que se comprometió al firmar el pacto de las Naciones Unidas que los garantiza", dijo Idalina Gómez Hansen, del Comité de Iglesias, al adelantar su exposición en una comunicación telefónica con IPS desde Ginebra.
La falta de una reforma agraria, la expulsión de campesinos y la pobreza estructural de los trabajadores del sector son asuntos centrales de la presentación de las organizaciones no gubernamentales. Todos problemas históricos a los que se agregaron en los últimos años "el uso indiscriminado de agroquímicos y de semillas genéticamente modificadas", señalan.
El Estado paraguayo está en falta con el Comité debido al retraso en la entrega de los informes periódicos respecto del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido para hacerse cada cinco años.
El Cdesc, conformado en 1985 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y compuesto por 18 expertos independientes, es el organismo encargado de supervisar la aplicación del Pacto por sus estados parte y funciona en la órbita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno paraguayo presentó su último informe en agosto de 2006, en tanto que el anterior lo había hecho en 1996, cuatro años después de signar el pacto en 1992.
En vista de esta situación, las organizaciones sociales elaboraron el denominado informe alternativo, que fue entregado al Comité a principios de este mes en una audiencia pública convocada a instancias del propio organismo en Ginebra.
El informe de la sociedad civil está centrado en cuatro principios consagrados en el Pacto, que son derecho a la alimentación, a la vivienda, al acceso al agua y a la tierra.
Las causas principales de las violaciones denunciadas en el documento son el creciente proceso de concentración de las tierras y la explotación extensiva e intensiva de las mismas destinadas a la producción de monocultivos, como la soja, el trigo y el girasol.
Eso ha tenido como consecuencia la imposibilidad de sostener y ampliar las formas tradicionales de economía campesina y, consecuentemente, ha generado la expulsión de familias rurales hacia los centros urbanos por falta de tierras y empleo, se agrega.
Marcial Gómez y Mirna Mochet, de la Federación Nacional Campesina, expusieron en la audiencia pública que se espera que este informe alternativo "sirva como un elemento de presión para este gobierno que no registró avances".
Los activistas indicaron que no sólo hacen falta tierras sino programas de recuperación de la agricultura familiar campesina, ya que 80 por ciento de los pequeños productores con tierras sólo obtienen una renta anual de hasta 500 dólares, en tanto que 42 por ciento de ese total en realidad sólo alcanzan a los 200 dólares.
Marielle Palau, de la organización no gubernamental Base-IS, señaló que los principales problemas en Paraguay son la falta de acceso a la tierra y la ineficaz intervención estatal para garantizar el ejercicio de ese derecho.
"El gobierno ha favorecido a los grandes capitales, antes que a las poblaciones rurales e indígenas, que han perdido sus tierras. La discriminación contra estas comunidades es recurrente en las acciones del Estado, sobre todo en las políticas de vivienda y empleo", dijo en su intervención.
Por su parte, Julie Bergamin, de la organización de derechos humanos Fian International, pidió al Comité que preste especial atención a la situación de la reforma agraria en Paraguay.
"El Estado no ha respetado ni protegido a la población rural. Muchos han sido los desalojos violentos, la destrucción de viviendas y cultivos por parte de las fuerzas del orden público, así como también asesinatos no esclarecidos judicialmente y apresamientos masivos", advirtió.
A su turno, Juan Báez, de la católica Pastoral Social de Coronel Oviedo, denunció que el uso indiscriminado de productos tóxicos en la agricultura afecta la salud de los campesinos, causando muertes, abortos espontáneos y malformaciones en los fetos.
"El problema más acuciante es la rápida contaminación de las fuentes de agua producida por el desmesurado crecimiento de la agricultura mecanizada, basada en la utilización intensiva de agrotóxicos", señaló.
Un capítulo aparte merece en la presentación la situación de los 87.000 indígenas de 20 grupos étnicos que sobreviven en este país a pesar de los problemas de tierra, pobreza y discriminación en lo laboral que sufren.
Es notoria la situación crítica, de emergencia permanente, que atraviesa la mayoría de los indígenas por la falta de alimentos suficientes, dice el informe.
"Las familias que no tienen tierras propias emigran a las ciudades a rebuscarse (ingeniarse para afrontar dificultades), recogiendo basura o pidiendo limosnas en las principales vías públicas de los centros urbanos más importantes, entre ellos la capital" del país, denuncian las organizaciones sociales.
La cancillería paraguaya envió una comitiva oficial, que deberá hacer frente a cada una de estas denuncias, así como a las preguntas que surjan de los expertos durante los dos días que durará la audiencia.
Se espera que el Cdesc se pronuncie sobre el caso en unos 20 días, tiempo mínimo que tardará el tratamiento del caso paraguayo.
Tomás Palau, de la organización Base-IS, explicó a IPS que existen dos alternativas. La primera es que el comité se expida con un llamado de atención al gobierno ante los hechos denunciados y haga una serie de recomendaciones para mejorar la situación.
En caso contrario, puede que solicite una invitación al gobierno para que observadores internacionales visiten el país.
Desde su puesta en funcionamiento, el Comité sólo ha pedido en dos ocasiones visitar los territorios de estados partes, a República Dominicana y Panamá, pero sólo este último país contestó afirmativamente, y la misión se concretó en abril de 1995.
