En las «favelas» cariocas existe una práctica de exterminio por parte de la policía, denunciaron este miércoles organización de derechos humanos de Brasil al relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Philip Alston.
Un manifiesto al respecto firmado por 105 personalidades, entre ellos artistas, jueces y representantes de organizaciones sociales, le fue entregado al australiano Alston, quien llegó el sábado a Brasil para una visita de 11 días y, entre otras acciones, investiga denuncias de violencia policial y otros abusos a los derechos básicos en Río de Janeiro.
El músico Marcelo Yuka, quien quedó tetrapléjico a causa de un tiroteo, dijo durante la presentación del documento que existe "una especie de certeza construida en el imaginario popular de que la justicia debe costar vidas". "Venimos aquí a decir que ese pensamiento no es hegemónico", apuntó.
Las presuntas prácticas ilegales de la policía fueron denunciadas al relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una reunión este miércoles con organizaciones de defensa de los derechos humanos, representantes de movimientos sociales y víctimas de esa violencia estatal.
"La Constitución de Brasil da a los ciudadanos el derecho de que, para entrar en una casa, la policía tiene que tener una orden policial. Pero eso en la favela (barrio hacinado) es diferente", señaló a IPS, Jose Nerson de Oliveira, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Favelas del Estado de Río de Janeiro (Faferj).
[related_articles]
En esas zonas marginadas, "la policía entra disparando", afirmó Oliveira. "Si un ciudadano murió es para ellos un bandido, sino es victima de bala perdida (de tiroteo sin poder identificar autor)", ironizó.
En el meridional estado de Río de Janeiro unas 1,8 millones de personas, un tercio de la población del distrito, viven distribuidas en 1.800 favelas, 750 de ellas en la capital, según la Faferj.
Oliveira se indigna y eleva el tono de voz cuando se refiere al "exterminio" cometido por la policía, especialmente la Militar, en sus comunidades. "Ellos entran y van baleando a todo el mundo. ¡Y el que les pasa por delante que se joda!", relató.
"No hay ningún respeto al ciudadano. Los policías¬ derriban las puertas, revisan todo sin autorización y eso hasta con niños durmiendo dentro de la casa", agregó.
Para el vicepresidente de la Faferj, se trata de una clara política de exterminio. "Las cárceles están llenas y para el estado es más fácil y barato matar al pobre que apresarlo. La muerte es constante en las favelas cariocas. Todos los días tenemos muertos", aseguró.
La visita de Alston, que también incluirá Brasilia y los estados de Sao Paulo y Pernambuco, obedece a una invitación del gobierno nacional del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. También se entrevistará, entre otros con delegados policiales, judiciales y de cárceles.
El relator de la ONU se manifestó preocupado por el aumento de los casos de "auto-resistencia", como le llaman a las muertes contabilizadas como consecuencia de enfrentamientos con la policía).
Cifras del Instituto de Seguridad Pública (ISP) indican que entre enero y septiembre se registraron 961 muertes de este tipo, 19,08 por ciento más que igual periodo del año pasado. Según la organización de derechos humanos Justicia Global, estos casos encubren las ejecuciones extrajudiciales y de población inocente.
"Es la manera que la policía encontró para ocultar su violencia", afirmó en entrevista con IPS Sandra Caravalho, directora ejecutiva de Justicia Global.
Esa y otras 14 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales fueron los que presentaron al relator de la ONU un informe sobre la situación en Río de Janeiro, en el cual expresaron su preocupación por "el aumento de la violencia policial y la militarización de las operaciones en las comunidades pobres".
Carvalho explicó que el término "militarización" se refiere a la forma como la policía actúa contra el narcotráfico, bajo una "concepción de guerra" en la cual las comunidades de la zona son considerados "enemigas".
La activista citó como ejemplo las "megaoperaciones" policiales realizadas este año en las favelas de Río de Janeiro. "Entran con un aparato policial muy grande y fuertemente armado causando muchas muertes, inclusive de niños y ancianos", puntualizó.
Para esta organización, el aumento "significativo de muertes por supuesta auto-resistencia", tuvo lugar paralelamente a una caída del número de decomisos de drogas y armas de fuego, y del número de personas enviadas a prisión.
Lo que indica, según la entidad humanitaria, que "la acción policial estuvo más basada en la eliminación de personas que en la valorización de la vida".
Un informe preliminar de Justicia Global contabiliza desde fines de junio unas 100 muertes, durante las citadas megaoperaciones policiales en las favelas cariocas.
La investigación comenzó después de la denominada masacre del "Complexo do Alemao" en mayo, cuando una gran incursión policial contra narcotraficantes dejó 19 muertos en ese conjunto de 21 favelas del norte de Río de Janeiro.
Un informe divulgado el jueves pasado por la Secretaría Especial de Derechos Humanos del gobierno federal confirmó denuncias de entidades de derechos humanos de que los policías hicieron uso de fuerza excesiva y cometieron ejecuciones sumarias, durante ese operativo.
En el estudio, realizado en base a pericias de médicos legistas, se indica que hubo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
Entre otras pruebas, se señala "el gran número de orificios de entrada de bala en la región posterior de los cuerpos, numerosas heridas zonas vitales, elevado promedio de disparos por víctima, proximidad de los disparos, secuencia en ráfaga y armas diferentes utilizadas en una misma víctima".
Pero esta investigación fue descalificada por el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mario Beltrame, quien consideró que las informaciones hasta ahora no permiten conclusiones de que hubo ejecución extrajudicial.
En un comunicado, esa secretaría afirmó también que los "pasadizos y callejones de las favelas, y el comportamiento y el armamento prohibido usado por los narcotraficantes restringen el alcance de los manuales de pericia, siendo sumamente necesaria la contextualización de los hechos".
Oliveira recuerda, en cambio, los testimonios de las victimas de la "masacre do Alemao", que todavía esta bajo investigación policial y del Ministerio Público.
"En Complexo Alemao ¬entraron tirando. La casa de una señora de 64 años, que estaba cuidando a sus dos nietitos, quedo agujereada por 62 disparos", ejemplificó Oliveira.
"Muchas personas, aún después de ponerse la mano sobre la cabeza en señal de rendición, recibieron disparos en la cabeza", agregó.
Beltrame rechazó las acusaciones. "Nuestra política no es de exterminio", dijo el secretario de Seguridad tras afirmar que recordarán al relator de la ONU que la policía también realiza numerosas operaciones en base a inteligencia y no fuerza.
El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), expresó también su "bienvenida" al relator de la ONU, organización "de la mayor respetabilidad" a quien dijo no tener "nada que esconder".
Cabral reiteró el concepto de que el combate contra el crimen es la "defensa de los derechos humanos" y que por eso la política de seguridad es "tan incisiva".
"La cuestión de los derechos humanos es algo que todos pregonamos. Y nuestra política es para garantizar los de las personas que viven en comunidades, víctimas de esos criminales que cometen barbaries", apuntó Cabral al indicar entre otros actos de violencia, ejecuciones, órdenes de cerrar calles comercios y escuelas, y estupro de menores de edad.
