El caso de una adolescente sometida durante un mes a abusos sexuales en la celda que compartía con una veintena de hombres es sólo la brutal punta del iceberg de la crónica crisis del sistema penitenciario de Brasil.
La joven, de 15 años y quien cumplía una condena por robo en la cárcel de Abaetuba, en las afueras de la ciudad de Belem, en el noroccidental estado de Pará, no fue enviada a una institución para menores sino que, además, fue obligada a compartir la celda con los hombres.
Este hecho aberrante atrajo la atención pública cuando se dio a conocer la semana pasada, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos y funcionarios del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) admitieron que esta clase de episodios son habituales.
La gobernadora de Pará, Ana Julia Carepa, también del PT, reconoció que apenas seis de las 132 cárceles estaduales tienen espacios separados para mujeres.
Según el Ministerio de Justicia, las mujeres constituyen cinco por ciento de la población carcelaria y 40 por ciento de ellas están presas por delitos de narcotráfico y 21 por ciento por robo.
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La organización no gubernamental Amnistía Internacional, con sede en Londres, señaló que la proporción de mujeres en prisión está en aumento, lo cual pone en evidencia "la necesidad aguda y urgente de que el gobierno tenga en cuenta sus necesidades, raramente atendidas".
"El caso expone el hecho de que las mujeres, aunque constituyen una minoría dentro del sistema, continúan sufriendo abusos y violaciones de derechos humanos", dijo a IPS Tim Cahill, investigador de Amnistía en Brasil.
"Sufren las violaciones que sufren todos los hombres —torturas, pésimas condiciones, corrupción, violencia entre presos— y sufren además violaciones porque carecen de protección por ser mujeres: abuso sexual de guardias y presos, estar en cárceles con hombres, falta de acceso a la salud materna", agregó.
El mayor problema del sistema penitenciario brasileño, según las autoridades, es la superpoblación, que genera otros problemas como las rebeliones carcelarias.
Brasil tiene 1.050 instituciones penitenciarias con capacidad para 262.000 reclusos, que en este momento albergan a 420.000.
Amnistía recibió diversas denuncias sobre abuso sexual (aunque la mayoría de estos caso no son hechos públicos por las mujeres), hacinamiento, torturas y ausencia de condiciones básicas de salud.
Cahill recordó su visita en mayo de 2006 a la Colonia Femenina en Recife. "Vimos en esa cárcel situaciones degradantes: bebés de 11 días, muchos de ellos enfermos, sin acceso a medicinas y pañales. Tuvimos denuncias de mujeres que dieron a luz esposadas", ejemplificó el investigador.
El escándalo por el caso de la adolescente abusada sistemáticamente tomó estado público cuando se está discutiendo la reducción de la edad de imputabilidad penal.
"El hecho de que una joven de 15 años sea detenida, puesta en una celda con hombres adultos, abusada sexualmente durante un mes, torturada sistemáticamente, destruye el concepto que es promovido por personas que luchan por esa reducción", señaló Cahill.
"Aunque este caso es muy impactante no difiere de la realidad que sufren muchos otros jóvenes detenidos, sólo que ahora fue denunciado en los medios de prensa nacionales e internacionales", agregó.
"Bajar la edad de imputabilidad penal no va a reducir la criminalidad. Todo el sistema penitenciario brasileño está brutalizando a los detenidos y generando personas más violentas", advirtió Cahill.
Las pésimas condiciones de las cárceles brasileñas también fueron denunciadas por el Relator Especial de Derechos Humanos para Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston.
Su informe menciona 61 ejecuciones en las cárceles de Pernambuco durante los primeros 10 meses de este año y señala que 70 por ciento de esos homicidios fueron cometidos por grupos de exterminio integrados por fuerzas policiales.
El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU también se refirió a estos abusos en las cárceles de Brasil, donde "la tortura y los malos tratos son todavía generalizados y sistemáticos".
Esta situación también fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por la Pastoral Carcelaria de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que también planteó los abusos y violencia a las que son sometidas las mujeres. Hizo mención de casos en los estados de Bahía, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y Río Grande do Norte. El gobierno del presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva promete tomar medidas para revertir la situación.
El Ministro de Justicia, Tarso Genro, quien definió el caso de la menor violada como "una barbarie", reconoció que no se trata de un hecho aislado sino que constituye un problema "crónico" derivado de la falta de inversiones de sucesivos gobiernos en el sistema carcelario.
El ministro declaró que se sintió "violentado" con el caso de la adolescente y lo atribuyó a un sistema penitenciario "en crisis", que el gobierno intenta mejorar a través del Programa Nacional de Seguridad y Ciudadanía.
Tras una reunión con Genro, la gobernadora de Pará dijo que el Ministerio de Justicia va a desembolsar unos 12 millones de dólares para la construcción y reforma de prisiones en su estado, comenzando con dos cárceles de mujeres.
Sin embargo, según Amnistía, el gobierno nacional y los estaduales "han sido muy lentos en reaccionar frente a los profundos problemas que existen en el sistema carcelario".
Aunque la organización de derechos humanos reconoce que el gobierno reaccionó rápidamente en el caso de Pará, considera esencial que las autoridades "tomen medidas en relación a todos los casos y no apenas ante los que tienen amplia cobertura en la prensa".
Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales "llevamos décadas denunciando torturas y otras prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos en el sistema carcelario", concluyó Cahill, "y las respuestas han sido poquísimas".
