Con Sucre sumida en el caos, sin fuerza de seguridad pública y por lo menos cuatro personas muertas, dio comienzo en Bolivia otro capítulo político trágico de cuyo final nadie tiene certeza. El detonante del estallido fue la aprobación del texto marco de la Constitución sólo con votos oficialistas.
La violencia callejera creció el fin de semana luego de que la Asamblea Constituyente volviera a sesionar y le diera el sí en general al nuevo texto de la ley fundamental sólo con la presencia de 138 de los 255 miembros del cuerpo. El presidente de Bolivia, el izquierdista Evo Morales, avaló la aprobación del proyecto, que ahora deberá ser discutido en particular.
Las protestas en las afueras de un instituto militar, donde finalmente se trasladó la Asamblea ante la imposibilidad de seguir sesionando en el teatro céntrico de Sucre, dejaron hasta ahora tres manifestantes muertos, unos de ellos en la madrugada de este lunes, y un policía, así como más un centenar de heridos, algunos de ellos en estado grave.
Pero la situación se agravó luego de que la policía decidió replegarse de Sucre, capital oficial de Bolivia y también administrativa del meridional departamento de Chuquisaca, hacia la vecina Potosí, y el gobernador del distrito, David Sánchez, abandonó sus funciones.
Así se sucedieron los saqueos y los ataques contra edificios públicos, especialmente de la policía y de bomberos, en esta ciudad colonial de 300.000 habitantes ubicada a 740 kilómetros al sur de La Paz y cuyas organizaciones civiles y estudiantiles reclaman la instalación de las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como ya ocurre con el Judicial.
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La reinstalación de las sesiones de la Asamblea Constituyente, tras un forzado receso de cuatro meses, sacudió no sólo las calles de Sucre sino las esferas políticas y sociales de todo el país, inmerso en un proceso de transformaciones liderado por Morales, el primer presidente indígena de su historia independiente.
La furia de los manifestantes se desbordó ante la reapertura de la Asamblea, dominada por representantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y respaldada por constituyentes de tendencia indigenista y disidentes de los partidos conservadores, que dejaron fuera de agenda la demanda sucreña del traslado desde La Paz del gobierno nacional y del parlamento.
El paraninfo del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, localizado en las afueras de Sucre, sirvió hasta la noche del sábado de fortín para proteger la vida de los asambleístas ante la amenaza de una turba enardecida, mientras éstos agilizaban la aprobación de la nueva ley fundamental.
Sin embargo, los sectores de clase media, universitarios y militantes de partidos de derecha hostigaron a policías en una primera línea de seguridad y, tras vencerlos, enfrentaron un segundo cordón integrado por militares.
Los fallecidos cayeron en situaciones por el momento no esclarecidas, en medio del intercambio de gases lacrimógenos y piedras, mientras gran parte de la ciudad se convirtió el fin de semana en campo de batalla con llantas de goma envueltas en llamas y trozos de madera bloqueando las calles.
A prudente distancia, grupos de indígenas que apoyan a los asambleístas permanecen en apronte y ofreciendo custodia a los asistentes a la segunda sesión constituyente.
Un total de 117 representantes resolvieron no asistir a las sesiones por instrucciones de sus partidos, opositores a Morales, mientras intentaban formar una asamblea paralela para restar legitimidad a la sesión instalada en el instituto militar, el escenario elegido a última hora como alternativa al céntrico Teatro Gran Mariscal Sucre asediado de modo permanente por manifestantes.
Las batallas callejeras libradas por varias horas estaban contempladas en el peor de los escenarios para una Asamblea que intenta devolver derechos y oportunidades a los indígenas, que representan a más de 60 por ciento de los 9,3 millones de bolivianos.
El gobierno de Morales intentó soluciones negociadas a la demanda de Sucre por el traslado de poderes, que en definitiva se convirtió en el obstáculo central para las sesiones.
El cerco permanente impuesto por universitarios y sectores conservadores de Sucre impedía la reinstalación de sesiones y los intentos fueron frustrados por las agresiones inferidas a los asambleístas indígenas y del oficialismo que los llevaron a buscar otra sede de sesiones, pero bajo custodia y en predios militares.
Ante un inminente cierre de la Asamblea, los sectores sociales y en particular los pueblos indígenas resolvieron defender la continuidad de las deliberaciones y enviaron grupos de apoyo que continúan llegando a Sucre, y se estima que este lunes ya suman unas 3.000 personas en respaldo a la Asamblea Constituyente.
Desde cultivadores de coca, de los cuales aún es líder el presidente Morales, otros campesinos, organizaciones de trabajadores independientes, artesanos y vecinos de la combativa ciudad de El Alto, contigua a La Paz, y los guerreros aymaras conocidos como los "Ponchos rojos", invaden las coloniales y estrechas calles de Sucre.
Los "Ponchos rojos" de la provincia Omasuyos, una región localizada al este de La Paz, anunciaron la semana pasada su decisión de ofrecer hasta su sangre en defensa de la Constituyente, de la cual esperan la restitución de derechos, la oportunidad de participar en las decisiones del Estado y tierras para campesinos empobrecidos.
La demanda por tierras ha causado una fractura entre el occidente boliviano dominado por aymaras y quechuas, frente al oriente, donde empresarios, terratenientes y sectores conservadores defienden extensas zonas de cultivo, pastizales y campos de ganadería, y reclaman una autonomía reconocida en las urnas para cuatro de los nueve departamentos de Bolivia: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Como anuncio de los días violentos en Sucre, grupos de campesinos comenzaron bloqueos carreteros y cerco a Sucre, con la amenaza de cortar el suministro de agua.
La semana pasada, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dejó abierta la posibilidad de un enfrentamiento de los sectores en pugna al declararse frustrado en el intento de construir un nuevo Estado mediante pactos y diálogos.
"O el nuevo Estado se consolida en un punto de bifurcación y entonces se reacomoda gradualmente el resto, o las fuerzas del nuevo bloque dominante van para atrás y se restablece el antiguo boque dominante con nuevos roles", señaló durante un seminario de análisis político.
En el oriental departamento de Santa Cruz, grupos conservadores liderados por una organización denominada Unión Juvenil Cruceñista que respalda las demandas de autonomía, protagonizaron en los últimos meses acciones violentas contra instituciones públicas, y la semana pasada mujeres de clase media de esa ciudad trataron de intervenir oficinas estatales.
El gobierno afirma que la Unión participa de los actos de protesta en Sucre y los responsabiliza de promover la violencia.
