La apresurada gestión de cambios a favor de los sectores sociales más pobres de Bolivia, con una estrategia destinada a derrotar al contrario, conduce al gobierno izquierdista de Evo Morales a enfrentar una oposición reticente al diálogo, coinciden analistas consultados por IPS.
Cinco prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba —que comprenden buena parte del territorio con excepción de la franja occidental— se negaron de plano a dialogar con el gobierno, pese a insistentes llamados a pacificar el país y aliviar la tensión formulados por la Iglesia Católica, el defensor del Pueblo(ombudsman) y sectores sociales.
La aprobación general de una nueva constitución, con participación de asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) el sábado 24 en el paraninfo de un instituto militar en Sucre, y el visto bueno del Congreso a una bonificación mensual de 26 dólares para personas mayores de 60 años, resuelto en ausencia de legisladores opositores, han fortalecido los argumentos de quienes critican a Morales.
El partido de gobierno no interpretó correctamente que obtener 53,7 por ciento de las voluntades en las urnas dejaba margen a una oposición con 46 por ciento y, en lugar de elegir el camino sensato de un acuerdo político, prefirió un esquema para aplastar al oponente, dijo a IPS del sociólogo y director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, Carlos Laruta.
El indígena Morales, líder de los campesinos cultivadores de coca, ganó los comicios presidenciales de diciembre de 2005 enarbolando las banderas de nacionalización de los hidrocarburos, reparto de tierras en beneficio de las poblaciones rurales desposeídas y construcción de una nueva República, basada en el reconocimiento a las autonomías étnicas y a la diversidad que caracteriza a este país con fuerte presencia de pueblos aborígenes.
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Desde el inicio, su proyecto chocó contra los intereses del empresariado agropecuario y petrolero, cuya prédica separatista se hizo fuerte en los llamados comités cívicos del centro y del sur del país.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por el empresario Branco Marinkovic, y el prefecto departamental Rubén Costas, han tomado el liderazgo del bloque opositor, al cual se agrega el sureño Chuquisaca. Tras convocar a la desobediencia de las normas aprobadas por el gobierno de Morales, ahora se empeñan en concretar una "resistencia civil movilizada" acompañada de huelga de hambre, desde el lunes 3.
Un día después del paro cívico en las capitales de los departamentos rebeldes, la corriente contraria a Morales prepara una estrategia internacional de denuncia del gobierno por la "ruptura democrática".
Mientras, el Comité Cívico Pro Santa Cruz iniciará un plan de difusión de un estatuto autonómico, con el fin de implantar un gobierno independiente del poder central, en un esquema absolutamente contrario a las autonomías departamentales, municipales e indígenas impulsadas desde la concepción del estado plurinacional propuesto por Morales.
El portavoz presidencial Alex Contreras intentó el jueves un acercamiento con los prefectos de Santa Cruz y Cochabamba, pero en el primer caso sólo recogió insultos de Costas y la exigencia de que Morales ofreciera disculpas a Sucre por la muerte de tres personas durante los enfrentamientos del sábado entre ciudadanos y la policía, mientras se aprobaba el polémico texto constitucional.
Los esfuerzos alimentaron la fortaleza de los prefectos que cuestionan la aprobación de normas al margen de procedimientos regulares.
"Lo que el gobierno cosecha es desacato, violencia, porque aprobó la nueva constitución de modo antiético e inmoral, y procedió del mismo modo con la renta vitalicia para los ancianos", dijo Laruta.
"Con cada acción por la fuerza, se cierra posibilidades de diálogo y concertación, y si el MAS ha decidido llevar el cambio de cualquier modo, tendremos una agudización de problemas que puede terminar incluso en un golpe de Estado", advirtió.
Las Fuerzas Armadas expresaron su fiel respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas y la defensa de la integridad de la nación.
Durante los últimos incidentes violentos en Sucre, la policía fue rebasada en su capacidad de enfrentar motines y tuvo que huir a Potosí (sudoccidente). Sólo el jueves, después de cinco días de inseguridad en la capital y a pedido de los ciudadanos, retornaron los uniformados a los cuarteles que habían sido incendiados y destruidos por manifestantes.
Lejos de la solución a los graves problemas culturales y territoriales bolivianos, la Asamblea Constituyente priorizó la cuestión política, y las posiciones intolerantes buscan soluciones por el lado del desastre y desestiman la concertación, dijo a IPS la analista María Teresa Zegada.
Es también cuestionable la "arremetida" del gobierno contra los espacios institucionales, pues este modo de aprobar normas, según Zegada, estimula la intransigencia de las organizaciones cívicas que impulsan el secesionismo.
El gobierno, que marcha en los márgenes de la política, y los cívicos, que hablan de autonomía de facto, no son conscientes de que el país es plural, diverso y tiene expectativas de una transformación concertada, opinó.
Alcanzar el diálogo esperado podría corresponder a quienes se ubican en posiciones no polarizadas por la pugna, sostuvo.
Según Zegada, este país de 9,6 millones de habitantes no está dividido en bloques, y en regiones como Santa Cruz existe gente que no comparte el pensamiento del Comité Cívico, así como en Cochabamba las opiniones están claramente divididas.
"Esta convivencia de distintas posiciones puede permitir abrir una suerte de negociación y evitar una confrontación desastrosa por los costos humanos y sociales, y por el retroceso para el proceso democrático boliviano", concluyó.
