Un programa de lucha contra la corrupción diseñado por el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, podría marcar pautas en América Latina, donde muchos países no escapan de ese fenómeno que amenaza el desarrollo e inclusive la estabilidad política de los estados.
En el índice de percepción de corrupción de la no gubernamental Transparencia Internacional, Ecuador figura en el lugar 150, con una puntuación de 2,1, muy por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica, con 7,6, siete y cinco, respectivamente, y sólo por encima de Venezuela, el de peor ubicado, con dos puntos.
Según la encuesta que elabora todos los años esa red con sede en Berlín, una calificación por debajo de tres (en un máximo de 10 puntos) indica que "existe la percepción de una corrupción desenfrenada" en el sector público.
Insatisfechas con esa medición, las autoridades ecuatorianas se proponen desarrollar sus propios indicadores. "Tal vez arrojen un resultado peor, pero al menos sabremos en base a nuestra realidad, dónde estamos y de dónde partimos", comentó a IPS José Luis Cortázar, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Esa entidad adscrita a la presidencia ecuatoriana, con rango de ministerio, fue creada por Correa a principios de este año, como parte de una política de "lucha frontal contra la corrupción", con énfasis en la prevención más que en la acción punitiva, explicó Cortázar.
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Dentro de esa estrategia, la Secretaría se propone promover la "moda anticorrupción" bajo la denominación de "Política de honestidad, eficiencia y justicia", que será lanzada posiblemente "entre el 10 y el 17 (de diciembre), de acuerdo a la agenda del presidente" Correa, dijo el funcionario.
En ese contexto se proyecta crear una especie de ejército ciudadano denominado "Legionarios contra la corrupción" que recorrerá el país impulsando el movimiento. El programa nació de un proceso "participativo de elaboración de una política nacional de lucha contra la corrupción", señaló Cortázar.
La integración de esos cuerpos civiles anticorrupción guarda cierta similitud con la experiencia cubana de los trabajadores sociales, que a fines de 2005 fueron destacados en las tiendas expendedoras de gasolina del país, todas estatales, con la misión de detener la venta ilícita de combustible.
Poco después de que 10.444 trabajadores sociales fueran enviados a trabajar en 2.039 gasolineras de todo el país, las ventas al sector privado habían aumentado 2,15 veces, con ingresos de casi 100.000 dólares diarios como promedio, según datos que dio en diciembre de 2005 el presidente Fidel Castro.
La principal fuerza de choque en el enfrentamiento a las "desviaciones" —como los llamó Castro— miles de jóvenes de ambos sexos trabajan con ese fin en distintos sectores económicos y sociales del país.
En una entrevista publicada este lunes por el diario estatal Trabajadores, Osiris Martínez, jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General, sostuvo que en Cuba existe "esencialmente" corrupción administrativa y económica y citó, entre otros delitos, la apropiación de bienes estatales en beneficio privado.
"Por suerte, en las altas esferas del Estado y el gobierno no tenemos corrupción política, por eso decimos que aquí este mal no ha minado la esencia de la sociedad", indicó Martínez, si bien admitió que en esos niveles puede darse "un caso, una persona", pero se detecta temprano y se sanciona severamente.
Martínez coincidió con otros expertos en cuanto a que la crisis económica de los años 90 y medidas monetarias adoptadas para enfrentarla, "de alguna manera favorecieron el resurgimiento de este flagelo, que aunque no estaba completamente ausente" en Cuba, "tampoco era mayoritario".
Durante un encuentro internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción realizado en La Habana entre el 7 y el 9 de noviembre, el vicefiscal general Carlos Raúl Concepción anunció que el gobierno trabaja en el "perfeccionamiento de más de 30 figuras delictivas" del Código Penal para elevar las sanciones punitivas.
El funcionario cubano dijo además que la "reaparición de casos de corrupción" en esta nación caribeña son "principalmente en el sector empresarial y en el nivel de dirección intermedia" y que el fenómeno se caracteriza hasta ahora "por la inexistencia de organización delictiva".
El ecuatoriano Cortázar habló con un reducido grupo de periodistas extranjeros luego de exponer sobre la política anticorrupción de su país en una de las sesiones de ese encuentro que congregó en La Habana a expertos de una veintena de países.
La XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Chile entre el jueves 8 y el sábado 10, advirtió en un comunicado especial que la corrupción amenaza la cohesión social, asunto central de ese encuentro, y para combatirla resulta imprescindible fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional.
El texto aprobado en Santiago señaló que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción representa un avance normativo internacional mayor para promover las medidas preventivas, asegurar la penalización y la aplicación de la ley.
Con vistas a la segunda sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se celebrará en Indonesia entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2008, los estadistas remarcaron la importancia de que los países iberoamericanos se unan para establecer un mecanismo de fiscalización regional e internacional.
