La presión ciudadana y la creación de un fondo de compensación monetaria fueron determinantes en la sanción de una ley nacional que suspende la tala de bosques nativos en Argentina hasta que cada provincia ordene su territorio y defina áreas intocables y desarrollo.
Después de 18 meses de trámite, en la madrugada de este jueves la cámara baja del Congreso legislativo sancionó por unanimidad la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos que había sido aprobada con algunas modificaciones en el Senado una semana atrás.
Por un año las provincias no podrán otorgar permisos de tala, y si se atrasan con el ordenamiento territorial —cuyas estrictas pautas se establecieron en el marco de la ley—, la suspensión se prolongará.
"Es un paso gigante, superamos una barrera grande y ahora contamos con una muy buena herramienta", dijo a IPS Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización ecologista Greenpeace, que encabezó la presión a favor de la ley, junto con unas 30 organizaciones ambientalistas y sociales.
Los bosques ocupaban 127 millones de hectáreas un siglo atrás y ahora apenas 31 millones de hectáreas, sobre todo por la expansión de la frontera agropecuaria en la última década. Según registros satelitales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cada año se pierden unas 300.000 hectáreas de bosques.
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El proyecto era muy resistido por legisladores de provincias del norte del país, como Salta, Misiones, Chaco y Santiago del Estero, que defienden el derecho de intervenir en los bosques, inclusive en áreas de reservas naturales o en las que viven pueblos originarios que se abastecen de los recursos de la selva.
En mayo de 2006 surgió un anteproyecto elaborado por Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre otras organizaciones, con el fin de declarar una moratoria de un año a la deforestación.
El ordenamiento territorial al que están obligados los gobiernos provinciales debe fijar tres categorías de protección: roja para bosques de muy alto valor de conservación que serán intangibles, amarillo para los que toleren un manejo sustentable, y verde para los que se puedan transformar total o parcialmente.
El ordenamiento debe ser aprobado por la legislatura provincial para que la Secretaría de Ambiente de la Nación levante el embargo. A partir de entonces, cada interesado en explotar recursos boscosos deberá presentar a la autoridad competente del distrito un estudio de impacto ambiental.
Además de estos aspectos cruciales que formaban parte del anteproyecto, se agregaron otros bienvenidos por los ambientalistas como la exigencia de realizar audiencias públicas antes de aprobar un permiso de tala, y la prohibición de quemar a cielo abierto los residuos derivados de la deforestación.
La norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques, como la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, la regulación hídrica y la fijación de gases de efecto invernadero, como el carbono.
Para compensar la pérdida de actividad que implicaría para las provincias el cese de las deforestación, los legisladores aprobaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que se repartirá en 70 por ciento para los propietarios de tierras boscosas y el resto a programas de conservación provinciales.
Este añadido fue clave para el respaldo de senadores de provincias norteñas, los más reacios a aprobar la ley sin un beneficio a cambio. El fondo de 1.000 millones de pesos —unos 330 millones de dólares— se alimentará con dos por ciento del monto de las retenciones a las exportaciones de soja y con una proporción de 0,3 por ciento del presupuesto nacional.
"Es una mínima devolución del sector por el desastre que viene haciendo en muchas provincias", dijo el coordinador de Greenpeace, aludiendo a la enorme expansión del monocultivo de la leguminosa transgénica, rubro estrella de las ventas argentinas al exterior.
Para Giardini, lo que verdaderamente destrabó el proyecto fue la presión ciudadana. "Hicimos las protestas tradicionales que hace siempre Greenpeace, tratando de generar conciencia sobre el problema, pero la recolección de firmas superó todas las expectativas", dijo.
La organización ecologista lanzó a mediados de año una campaña para juntar un millón de firmas a favor de la ley, con respaldo de las demás entidades que hacían campaña contra la tala. En dos meses se reunió esa cantidad y en un mes y medio más ya habían llegado a millón y medio. "Los adolescentes, a través de Internet, participaron de manera increíble", comentó.
Greenpeace ha llevado a cabo numerosas acciones para frenar desmontes en provincias, impidiendo la labor de las topadoras desde 2002. Luego de presentar el proyecto en 2006 hicieron presión mediante coloridos actos frente al Congreso, un filme documental y un campamento en una reserva en Salta.
Con tiendas de campaña colgantes en árboles de una reserva de biosfera, los activistas procuraron en septiembre llamar la atención sobre la aceleración de la tala. "Especulando con que salía la moratoria, Salta quintuplicó los desmontes este año, fue algo vergonzoso", dijo Giardini.
La recolección de firmas tuvo un grado de adhesión sin precedentes en asuntos ambientales y fue reforzada con una invitación a los ciudadanos a llamar a los despachos de los legisladores. Las comunicaciones saturaron las líneas en las últimas semanas, cuando se realizó el esfuerzo final.
"Hay un nivel de conciencia en los más jóvenes que es llamativo y debemos aprovechar esa participación", comentó a IPS Jorge Cappato, de la Fundación Proteger, que también participó de la campaña. Giardini añadió que muchos blogs (sitios en Internet con informaciones y comentarios personales o temáticos) incorporaron por su cuenta el vínculo a la campaña en defensa de los bosques, y algunos jóvenes, descreídos de los partidos políticos, les decían "al fin se propone algo bueno por lo que votar".
