Transportistas y comerciantes colombianos y venezolanos amenazaron este martes con generalizar la protesta contra los peajes carreteros impuestos por Bogotá, un conflicto que al cabo de una semana ya dio paso a violentos choques entre manifestantes y la policía.
Los disturbios en el poblado colombiano La Parada, adyacente al principal paso carretero con Venezuela, dejaron un saldo de 12 heridos el lunes, cuatro de ellos policías, mientras un joven baleado se debate entre la vida y la muerte.
Los manifestantes incendiaron siete automóviles, una motocicleta, atacaron casetas del peaje y otras instalaciones públicas colombianas.
"La responsabilidad es del gobierno colombiano, porque sus autoridades no vienen a las reuniones en la frontera y, cuando lo hacen, es sin poder de decisión sobre esos odiosos peajes, que nos encarecen la vida y violan compromisos a favor de la integración andina", dijo a IPS el transportista venezolano Celestino Moreno, presidente del comité de conflicto que bloqueó accesos carreteros con centenares de camiones.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha dicho que "los peajes se mantendrán", porque sus ingresos se necesitan para el desarrollo de la vialidad en la frontera. También explicó que quedaría en entredicho la seriedad de su gobierno si, después de entregar ese mecanismo recaudador en concesión a una empresa privada, ahora decidiese eliminarlo.
Alrededor de 70 por ciento del comercio de bienes de más de 3.000 millones de dólares anuales entre Colombia y Venezuela, los dos países andinos con mayor intercambio, se realiza por los pasos carreteros sobre el río Táchira, que marca parte de la frontera a unos 600 kilómetros al noreste de Bogotá y 700 al sudoeste de Caracas. En los dos principales accesos, desde la ciudad colombiana de Cúcuta y su localidad satélite La Parada hacia la venezolana San Antonio, y desde la colombiana Villa del Rosario hacia la venezolana Ureña, las autoridades implantaron sendos peajes para hacerse de recursos con los cuales financiar 27 obras de infraestructura en la zona.
En Colombia, los peajes cuestan ente 50 centavos de dólar y cinco dólares, según el tipo de vehículo, mientas que en Venezuela son inexistentes o cuestan menos de 30 centavos de dólar.
La zona entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano Norte de Santander es una frontera viva, con 50.000 vehículos y decenas de miles de personas que cruzan la línea cada día. Es común que alguien viva en Colombia y trabaje en Venezuela.
Táchira, provincia andina que toma el nombre del río fronterizo, es además un corredor vial entre Norte de Santander y Arauca, con su capital del mismo nombre, un departamento de los llanos orientales de Colombia cuyo aprovisionamiento terrestre y despacho de mercaderías depende del paso venezolano.
En Arauca, "la gente está empezando a padecer por la escasez de alimentos y hasta de agua embotellada de la que se abastecen a través de Táchira, y (por eso) su población y los sectores transporte y comercio, indignados, van a bloquear el puente (sobre el fronterizo río Arauca) y sumarse al conflicto este viernes", anunció Moreno a IPS.
Los transportistas organizaron protestas desde la construcción de los peajes hace tres meses y, luego que el gobierno colombiano descartó una moratoria sobre los cobros, fueron al conflicto.
La gota que colmó el vaso de su paciencia fue el cobro al transporte de los pasajeros de habitantes de la región de la tasa de 2,5 por ciento para ingresar a Colombia, como se aplica en este país a los vehículos que llevan turistas.
En la frontera entre San Antonio-Ureña y Cúcuta-Villa del Rosario, ahora los habitantes que quieren cruzar deben hacerlo a pie. Llegan en transporte público hasta unos cientos de metros antes de la línea sobre los puentes, caminan hasta el otro lado y allí toman otro autobús o taxi hasta su destino.
Pero para miles de los llamados "pimpineros", que distribuyen gasolina venezolana (10 veces más barata) de contrabando, o son "maleteros" que portan, cruzando el río o por "caminos verdes", pequeños cargamentos de mercancía no declarada en las aduanas, el bloqueo se traduce en la pérdida de su fuente diaria de ingresos.
De esos grupos salieron los manifestantes que comenzaron los choques con la policía en la víspera, después de prender fuego un vehículo que buscó saltarse el bloqueo y cuyo conductor disparó sobre sus atacantes. Los ánimos se soliviantaron y las instalaciones colombianas de aduanas y el propio peaje fueron blancos de la violencia.
Fuentes de la Policía Nacional de Colombia dijeron investigar si un grupo conocido como "Águilas Negras" atizó los ataques y si prepara otros.
Las Águilas Negras son una derivación de las formaciones paramilitares ultraderechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con presencia en el oriente de ese país.
El contrabando de extracción de Venezuela hacia el país vecino, sobre todo de miles de barriles diarios de gasolina, es controlado por las AUC, según reportes de la prensa local.
Este martes reinaba una tensa calma en toda la frontera, temor por nuevos disturbios al anochecer. Las autoridades prohibieron reuniones de grupos en La Parada.
En ese marco, la "pimpina" o bidón de gasolina triplicó su precio respecto de fines de septiembre y se ofertaba a 32.000 pesos.
Junto con los dos principales, un tercer y pequeño paso fronterizo un poco más al norte de San Antonio, entre Boca de Grita (Venezuela) y Puerto Santander (Colombia), también fue bloqueado, y el lunes se paralizó durante 12 horas el tránsito entre Maicao (Colombia) y Paraguachón (Venezuela), en la norteña península de la Guajira.
Aunque Colombia y Venezuela tienen 2.219 kilómetros de frontera, casi toda ella está marcada por ríos, selvas de montaña, estepas desérticas o sabanas inundables, por lo cual cuenta con muy pocos puntos de contacto servidos por carreteras.
En Maicao-Paraguachón y en la aduana venezolana se observaba este martes una saturación de carga pesada, que buscaba ese acceso, sobre todo para traer la mercadería colombiana que desde hace una semana no puede utilizar las vías del Táchira.
El comité de conflicto en Táchira gestionaba con las asociaciones de transportistas en manos de comunidades de la etnia binacional wayúu (guajiros) que se sumasen al conflicto esta semana, para bloquear totalmente la frontera desde Arauca hasta la costa del mar Caribe.
Los transportistas wayúu se quejan del alto costo del peaje en Maicao, de hasta 14 dólares. No exigirían su eliminación, pero sí una rebaja en el tributo.
Esta problemática dificulta el ingreso desde Colombia de manufacturas livianas, como textiles, calzados y derivados lácteos y de azúcares, así como papas, huevos y el carbón que utiliza el puerto venezolano de Maracaibo (noroeste) para buscar destinos europeos.
Venezuela exporta principalmente aceros, aluminio, piezas de la industria automotriz, así como arroz. Además, los colombianos que habitan regiones de frontera se proveen de harina de maíz y artículos de higiene en los mercados subsidiados del país vecino.
"Es muy lamentable que toda esta vivísima actividad de frontera llegue a extremos de violencia social, derramamiento de sangre y encarecimiento del comercio por la falta de decisión del gobierno colombiano", dijo a IPS el presidente de la Cámara Venezolano Colombiana de Integración, Daniel Montealegre.
Diplomáticos de países andinos en Caracas dijeron a IPS, con reserva de sus nombres, que "al presidente Uribe le resulta muy cuesta arriba revertir su política de concesiones y exponerse a una demanda de una empresa privada por incumplimiento de contrato".
Por otra parte, comentaron que "el gobierno venezolano de Hugo Chávez, inmerso en una agenda de integración sudamericana con énfasis político o de grandes proyectos entre Estados, también se ha desentendido de este problema de la economía real, que es manejable con diálogo y fórmulas de entendimiento que se negocien a tiempo". (FIN/IPS/hm/dm/ip if dv pr/ve cb sl la/07)
