Al caer la noche, el centro de la laboriosa y rebelde ciudad boliviana de El Alto se ilumina con luces de colores, es invadida por música estridente y se abre paso el alcohol y los centros nocturnos. Pero en los últimos días apareció un convidado de piedra: el enojo social.
Así, habitantes de El Alto apelaron a la justicia por mano propia cuatro años después de protagonizar la embestida final para derrocar al derechista Gonzalo Sánchez de Lozada cuando apenas había cumplido un año de mandato de su segundo gobierno el primero fue de 1993 a 1997 y se proponía exportar gas natural a América del Norte a través de Chile.
Casi en estado de abandono por las políticas gubernamentales, con un gobierno municipal débil frente al creciente consumo de alcohol y una fuerza policial pasiva ante la violencia nocturna, esta ciudad vuelve a saltar al primer plano al reclamar una norma que aleje los centros de diversión a medio kilómetro de las escuelas.
Con asaltos a bares y prostíbulos, el saqueo de muebles que terminaron lanzados desde los ventanales hacia la calle para su quema en hogueras rodeadas de vecinos enardecidos, el enojo alteño amenaza expandirse a La Paz, donde ya comenzaron a surgir voces contra el mismo enemigo nocturno.
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"El Alto es joven, y en estos centros de diversión la juventud se desperdicia, hay mucha delincuencias y hasta se han convertido en lugares donde fueron violados niñas y niños", dijo a IPS el líder de la Federación de Estudiantes de Secundaria de la ciudad (FES), Remberto Cruz.
El joven líder encabeza una huelga de hambre junto a otros cuatro estudiantes en reclamo de la renuncia del alcalde de El Alto, Fanor Nava, aliado del gobierno nacional del izquierdista Evo Morales y al que acusan de mirar tolerante el crecimiento de los bares.
La zona 12 de octubre, ubicada en el centro urbano de El Alto desde donde se conectan las vías a La Paz y a otros departamentos, es un desordenado conjunto de edificios, repletos de pequeños comercios de venta de alimentos que se codean con las sucursales de los principales bancos del país.
Hoy esta área muestra una frenética actividad, con abogados, contadores, economistas, dentistas y artesanos de diferentes ramas peleando espacios en edificios pequeños en los cuales se ofrecen servicios como el préstamo inmediato de dinero desde 10 a 500 dólares a cambio de un aparato electrónico como garantía.
Pero cuando la noche cubre a la altiplánica ciudad se abren puertas discretas iluminadas por luces rojas e inquietos adolescentes invitan a las personas a pasar a los centros de diversión.
"Pase joven, hay ron y lindas chicas, pase nomás sin compromiso", se escucha como un estribillo repetido a lo largo de las calles circundantes a este centro urbano desordenado.
La policía hasta ahora sólo ha hecho de entidad especializada de estadísticas para reportar la muerte de adolescentes y adultos en riñas, el asalto y robo de pertenencias a los transeúntes y escándalos en la calle.
"Hasta nuestros padres beben allí y luego abandonan esos lugares para provocar problemas en las familias", admitió Cruz.
La directora pedagógica del privado Centro de Educación Integral, Martha Huanca, comentó a IPS que lo positivo es la toma de conciencia frente al alcoholismo, convertido en un mal colectivo, pero lamenta que la violencia se convierta en el medio para resolver los problemas de la ciudad.
Sin dudas, asegura que el negocio de los bares legales y clandestinos, es una cadena donde las autoridades encargadas de su fiscalización ceden a las coimas "para no ver lo que sucede".
El comentario de la maestra encontró respaldo en el hecho de que en el interior de uno de esos centros nocturnos dedicado a la prostitución se encontró un par de chalecos antibala con el logotipo y diseño de la policía, una prueba del estrecho vínculo del negocio con la fuerza de seguridad ciudadana.
Portavoces policiales aseguraron que dos locales de diversión pertenecen a un ex oficial y un ex sargento, negando una relación con los uniformados en actividad.
En respaldo de la movilización estudiantil, el secretario de conflictos de la Central Obrera Regional (COR), Amadeo Ajata, habló con IPS y reclamó del gobierno municipal y sus concejales mayor participación en el control de los centros de consumo de alcohol.
"A falta de control, la gente hace justicia por sus propias manos", justificó.
La preocupación de los habitantes de El Alto va más allá. Aquí, donde se combatió por la nacionalización de los recursos naturales, no existe empleo, la gente emigra a otras ciudades y países y el ingreso anual por persona sólo es de seis dólares, frente a los 80 dólares de los habitantes del departamento de Pando, dijo a IPS el secretario de organización de la COR, Reynaldo Montaño.
Desde el lunes próximo, las marchas y acciones de hecho de estudiantes y padres de familia contra los bares continuarán y no tendrán pausa sino hasta la caída del alcalde Nava, postuló el dirigente de los estudiantes de El Alto.
En La Paz, la corriente contra los negocios del alcohol está comenzando a cobrar respaldo popular y se prevén días violentos.
