Después de siete años de espera, las radios comunitarias de Chile celebran que el gobierno de Michelle Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de regulación del funcionamiento de esta actividad e impulsa su desarrollo. Pero están conscientes de que deberán sortear escollos en el camino.
La norma a discutir "era un gran anhelo", señaló a IPS Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), que agrupa a 200 de estos medios.
Según la legislación vigente, el Estado chileno está facultado para entregar concesiones sobre el espacio radioeléctrico a dos tipos de radios: las comerciales y las "de mínima cobertura" o también conocidas como comunitarias.
Actualmente hay cerca de 400 concesiones otorgadas a estas últimas, cuyos dueños son centros culturales, deportivos, vecinales, iglesias cristianas, universidades, instituciones educativas, además de municipios y empresas limitadas.
El problema radica en tres aspectos: tienen una capacidad máxima de un vatio de potencia, que equivale a una cobertura de dos cuadras a la redonda, la concesión dura sólo tres años y tienen prohibición de difundir propaganda de cualquier especie.
En 2000, la Anarcich se acercó al gobierno de entonces de Ricardo Lagos (2000-2006), de la misma centroizquierdista Concertación por la Democracia que Bachelet, para plantearle la necesidad de reformar la ley General de Telecomunicaciones, de 1982, con el propósito de dotar de "un marco más amigable, más justo y no discriminatorio" a esta actividad, cuenta Cancino.
Pero su aspiración no tuvo eco entre las autoridades de ese momento. Siete años después, la administración de Bachelet convocó a la Anarcich y a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) para elaborar la iniciativa legal en conjunto con los ministerios con competencia en la materia.
El proyecto, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, fue presentado públicamente por la mandataria el 12 de este mes y enviado al Congreso legislativo para su discusión cinco días después.
"Hasta ahora la ley sólo distinguía entre radios comerciales y radios de mínima cobertura, lo cual no satisface el sentido social y comunitario que se necesita para desarrollar la radiodifusión a nivel de comunidades y localidades", declaró el portavoz de gobierno, Ricardo Lagos Weber.
A grandes rasgos, el proyecto establece que las radios comunitarias dispondrán de una potencia máxima de 25 vatios, con una altura de antena de hasta 18 metros, lo cual, dependiendo del lugar, permitirá cubrir desde una comuna hasta una región. Excepcionalmente, podrán ampliar la potencia hasta 40 vatios en zonas fronterizas o aisladas.
Además, las concesiones se ampliarán de tres a 15 años y se adjudicarán vía concurso público a organizaciones de la sociedad civil, es decir, a personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Esto excluye a los municipios y a las empresas limitadas. Una vez expirada la concesión, las agrupaciones de la sociedad civil tendrán derecho preferente para renovarla.
Finalmente, la normativa plantea que las radios comunitarias "podrán difundir menciones comerciales o de servicios que se encuentren en su zona de cobertura para financiar las necesidades propias de la radiodifusión, pudiendo además celebrar convenios de difusión cultural, comunitaria, deportiva y de interés público en general".
En suma, Cancino destaca tres grandes aspectos del proyecto: que otorga las concesiones exclusivamente a organizaciones de la sociedad civil, que amplía la cobertura y que permite que se sustenten financieramente al incluir propaganda.
No obstante, no todos los representantes del sector están totalmente satisfechos con la iniciativa.
El delegado para Chile de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Oscar Aguilera, destacó como positivo que es "la primera vez que se legisla sobre un modelo de comunicación distinto, ya que jurídicamente se reconoce la especificidad de las radios comunitarias".
Empero, manifestó algunas discrepancias. "Nos preocupa que la concepción de medio comunitario quede encapsulada a un espacio territorial delimitado, ya que hay comunidades que trascienden los límites de una comuna, barrio o población", dijo a IPS.
También critica que no se haya considerado en el proyecto la revolución que "en un par de años más traerá la digitalización de la radio". "Este proyecto fue pensando en clave analógica", lo cual puede limitar el potencial futuro de estos medios, indicó.
Pero sin duda que la disposición más controvertida, que rechazan las empresas privadas, es la que permite el financiamiento de las radios de propiedad de organizaciones de la sociedad civil.
La Archi, que posee más de 1.000 emisoras privadas afiliadas, aprueba todo el proyecto menos este artículo, porque lo consideran competencia desleal, comentó Cancino.
A este temor se suman las opiniones vertidas por dos parlamentarios de la oposición derechista, a quienes les preocupa que las radios puedan convertirse en instrumentos políticos al ser el gobierno el encargado de otorgar las concesiones.
Todas estos "fantasmas" son descartados por Cancino, quien defiende el rol de "articulador social" de las radios comunitarias. "Hemos generado la participación de segmentos de la sociedad civil —principalmente jóvenes— que se sienten discriminados por los grandes medios", aseveró.
Asegura que la publicidad que presentarían estos medios estaría orientada a los pequeños negocios, pero aclara que en última instancia "todos tienen derecho a competir".
Aunque el proyecto está bastante consensuado, Anarcich proyecta llevar a cabo una estrategia de trabajo para conseguir los acuerdos que faltan. "Hay que dejar claro que las radios comunitarias no queremos transformarnos en comerciales, que el financiamiento no nos alejará de nuestro objetivo", indicó.
Si no se aprueban las menciones publicitarias, estos operadores están abiertos, por ejemplo, a contar con un fondo de promoción estatal para poder funcionar.
