En plena escalada de conflictos por la explotación de minerales, el Poder Ejecutivo de Perú envió al Congreso legislativo un proyecto de ley para declarar de interés nacional 20 proyectos mineros.
Pero Del Castillo respondió que ahora "todo está en manos del Congreso" que deberá aprobar o rechazar la iniciativa.
El lunes, en la primera sesión para debatir la iniciativa en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, representantes de cuatro partidos opositores pidieron a Del Castillo que retirara el proyecto.
La exposición del primer ministro no convenció a los parlamentarios opositores de Unidad Nacional, Unión por el Perú, Partido Nacionalista del Perú y Alianza por el Futuro. "Algunos quieren vivir en la edad de piedra", respondió Del Castillo.
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El proyecto fue presentado para "dar una señal a la comunidad internacional de que en nuestro país se respeta la inversión minera", dijo el primer ministro, acompañado del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya Manrique.
El debate continuará en los próximos días. Mientras, los campesinos contrarios a Majaz dijeron a IPS que insistirán con su rechazo el 29 de octubre, cuando se instale la mesa de diálogo entre las comunidades, las autoridades locales y el gobierno en la ciudad de Piura.
Majaz, subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals cuyo paquete accionario es controlado por el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Development Consortium, mantiene una relación conflictiva con los campesinos desde 2002, cuando comenzó a realizar labores de exploración de cobre y molibdeno.
"No vamos a permitir que nos impongan la minería a toda costa. No entendemos cómo el gobierno quiere dialogar y al mismo tiempo quiere que se apruebe esta ley. Queremos que la retire del Congreso", dijo a IPS el presidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.
El proyecto ingresó al Legislativo con carácter de urgencia en la última semana de septiembre, con el propósito de que pasara directamente a su votación por el pleno, evitando los debates en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, según dijeron legisladores de Unión por el Perú (UPP).
Pero, tras la polvareda de críticas, tomó cartas en el asunto la Comisión de Energía y Minas, dijo a IPS uno de sus miembros, el parlamentario Juvenal Ordóñez.
El legislador y portavoz de UPP dijo que su bloque "no permitirá que el gobierno le haga creer al país que sólo la minería salvará a los peruanos. ¿Y por qué no defendemos así también a la agricultura?", preguntó.
"Esta ley no puede ser aprobada sin un debate previo en las comisiones porque así como está es inconstitucional debido a que no respeta el derecho de propiedad que tienen los comuneros", aseguró la parlamentaria de UPP, Marisol Espinoza.
La iniciativa deja la puerta abierta a que se incorporen "otros proyectos de inversión" bajo el rótulo de interés nacional, plantea que diferentes sectores del gobierno adecuen sus normativas a esta exigencia y se agilicen las fases de concesión, diseño, ejecución, planeamiento y construcción de explotaciones mineras.
"Incluso puede terminarse exonerando a las mineras del permiso que deben obtener de las comunidades campesinas para realizar actividades en tierras comunales. Habría una expropiación disfrazada", dijo a IPS el abogado Javier Jahncke, coordinador de la Mesa Técnica de Apoyo al caso Majaz.
El proyecto se suma a un paquete de medidas dispuestas por el gobierno de Alan García que han permitido flexibilizar las condiciones de operación de la industria minera.
El 10 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas publicó el decreto supremo O14-2007-EM que recortó las exigencias a los titulares de concesiones mineras para obtener autorización de los proyectos de exploración.
Ese mismo mes, el Ministerio de Agricultura aprobó el decreto 015-2007 modificatorio del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, impidiendo a los gobiernos locales designar áreas de conservación municipal para protegerlas de cualquier actividad que pueda dañar el ambiente, como la minería.
En julio, el Poder Ejecutivo se amparó en las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para luchar contra el crimen organizado, y declaró inimputables a los policías y militares que causaran lesiones o muertes "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria" en medio del incremento de las protestas sociales.
Además, ordenó la inhabilitación de funcionarios públicos por participar en huelgas, precisamente cuando varias autoridades regionales se sumaban a manifestaciones ciudadanas contra explotaciones mineras.
Para Patricia Rojas, especialista en gestión de recursos hídricos y conflictos socioambientales del no gubernamental Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), el proyecto de ley del Ejecutivo "incentiva más conflictos sociales violentos debido a que va en contra de procedimientos legales que regulan la inversión, el control ambiental y el derecho de participación ciudadana".
La iniciativa fue presentada luego de conocerse que las poblaciones de las alturas de Piura rechazaron el proyecto Río Blanco en una consulta vecinal convocada por los municipios de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera.
Según el resultado del escrutinio, más de 90 por ciento de los votantes dijeron "No" a la actividad minera. A pesar de que la consulta no es vinculante, los campesinos esperaban que el gobierno central tomara en cuenta esos resultados.
"Por eso el gobierno ha querido dar una respuesta política ante los resultados de la consulta. Ha buscado tranquilizar a los mineros", dijo a IPS el abogado de las comunidades aledañas al proyecto Río Blanco, Quique Rodríguez.
Si bien el primer ministro Del Castillo ha negado que exista intención de expropiar a las comunidades de sus territorios, la iniciativa del Ejecutivo despierta desconfianza.
"Es un momento inoportuno para una ley así, una forma terrible de querer demostrar poder ante las protestas", sostuvo Jahncke.
Además de las autoridades del gobierno central, el Congreso también convocará a representantes de las Fuerzas Armadas para analizar proyectos mineros declarados de "interés nacional" y que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la frontera, como Río Blanco.
La Constitución prohíbe la inversión de capitales extranjeros en áreas limítrofes, pero el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) promulgó un decreto supremo para exonerar de esa exigencia a Río Blanco.
