A los inmigrantes latinoamericanos indocumentados residentes en Chile les llegó finalmente la oportunidad de regularizar su situación, a partir de una disposición del gobierno que estará vigente entre el 5 de noviembre y el 5 de febrero. Pero ya asoman críticas por el alcance de la medida.
La amnistía dispuesta por el gobierno centroizquierdista de Michelle Bachelet "es un avance para ser considerados (a los inmigrantes) como seres humanos", dijo a IPS Raúl Paiba, presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, dedicada a asistir a connacionales.
Pero esta moratoria debería ir acompañada de una campaña que promueva la diversidad y el respeto hacia los inmigrantes, y de una nueva ley de extranjería que resuelva el problema de fondo, porque, de lo contrario, "estaremos pidiendo otra amnistía en dos años más", enfatizó.
De hecho, en 1998 se aplicó la primera moratoria para 21.000 residentes peruanos indocumentados, 18.500 de los cuales sigue trabajando en el país.
Las autoridades chilenas estiman que la amnistía beneficiará ahora a unos 20.000 latinoamericanos, 15.000 de ellos peruanos.
En términos generales, la decisión implica que los extranjeros residentes en Chile podrán a partir del 5 de noviembre obtener una visa de estadía por un año, con la opción de renovarla, que les da derecho a trabajar, iniciar actividades de forma independiente y acceder a los servicios públicos de salud y a otros beneficios sociales.
Tanto el embajador de Perú en Santiago, Hugo Otero, como el canciller de ese país, José Antonio Belaúnde, agradecieron el gesto de la administración de Bachelet, anunciado el 22 de este mes por el ministro del Interior, Belisario Velasco, y el canciller Alejandro Foxley.
De esta forma, el gobierno chileno respondió afirmativamente a la petición de moratoria formulada desde 2001 por el Comité de Refugiados Peruanos para los inmigrantes indocumentados, aunque no incorporó a los refugiados que están tramitando sus documentos.
Con la actual legislación, los extranjeros indocumentados dan vuelta en un círculo vicioso. Para conseguir una visa temporal y recibir una cédula de identidad deben presentar un contrato de trabajo por dos años como mínimo. Pero para acceder a un empleo formal, y por ende a beneficios sociales, deben tener autorización para residir.
A pesar de esta realidad, decenas de latinoamericanos atraídos por el desarrollo económico de Chile ingresan diariamente al país escondidos en camiones, poniendo en riesgo su seguridad, viven hacinados y aceptan trabajos precarios. La xenofobia es otro de los obstáculos que deben sortear.
Según Paiba, el gobierno tomó la medida porque del 8 al 10 de noviembre se realizará en Santiago la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo tema principal es la "cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas" en los 29 países latinoamericanos y tres europeos que conforman el bloque.
El censo de 2002 registró 184.464 inmigrantes en Chile, de los cuales 26 por ciento de ellos eran argentinos, 21 por ciento peruanos y seis por ciento bolivianos. Según la información entregada a IPS en septiembre por el gobierno, hoy residen 258.829 extranjeros.
La amnistía también favorecerá a ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los requisitos son haber ingresado al país hasta el 21 de este mes, ser portador de pasaporte o documento nacional de identidad vigente en su país de origen y encontrarse en situación irregular en territorio chileno por haber ingresado burlando los controles fronterizos establecidos, tener una solicitud en trámite o estar trabajando sin autorización.
La solicitud de regularización migratoria se puede obtener en intendencias regionales, gobernaciones provinciales, consulados, oficinas de correo, el Instituto Católico para las Migraciones (Incami) y organizaciones de inmigrantes. También se puede descargar del sitio oficial en Internet cuya dirección es http://www.extranjeria.gov.cl.
Los únicos impedimentos para acceder a la amnistía son estar requerido por la justicia y haber sido expulsado del país.
El derecho a la visa tiene un valor de 30.000 pesos (unos 60 dólares) para los titulares y de 9.000 pesos (casi 20 dólares) para los dependientes (que no pueden trabajar).
Paiba cree que es legítimo que el Estado chileno cobre estas sumas, pero considera un despropósito que el consulado peruano en Santiago también lo haga por los trámites que sus compatriotas deben realizar en ese organismo.
"Las amnistías migratorias no resuelven el problema de fondo, pero constituyen un punto de las agendas humanitarias" en esta materia, dijo a IPS Diego Carrasco, director ejecutivo del no gubernamental Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM), integrado por 138 organizaciones de 25 países.
A su juicio, para que se logren los resultados esperados se requiere de un proceso informado y descentralizado, que involucre a las organizaciones de la sociedad civil para llegar a la mayor cantidad de inmigrantes posible, especialmente a los más pobres.
"Esperamos que la aplicación práctica de la amnistía se centre en las fronteras, en los consultorios, en los colegios, en las iglesias", donde los inmigrantes más pobres acuden a pedir ayuda, indicó.
A Carrasco también le preocupan los costos asociados al proceso. "Se debería diferenciar entre aquellas personas que tienen buena situación económica y los más necesitados. Para ellos el trámite debería ser gratuito", planteó.
Carrasco coincidió con Paiba en cuanto a que el problema de fondo —las precarias condiciones en que viven miles de extranjeros indocumentados en Chile— sólo podría enfrentarse con una ley de extranjería moderna.
Aunque el gobierno ha informado que se encuentra confeccionando una nueva normativa, no ha dado luces de su fecha de envío al parlamento para su discusión.
"Ojalá la amnistía sea indicador de que la sociedad chilena esté avanzando en integración y respeto a la multiculturalidad", señaló el director ejecutivo de OCIM, ya que "Chile es un país que presenta severos rasgos xenofóbicos", concluyó.
