Es necesario que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cuente con herramientas legales para luchar con eficacia contra la corrupción y se pueda fortalecer el sistema de justicia para abatir la criminalidad, reclamó el fiscal español Carlos Castresana.
"Un punto importante es que vamos a proponer una reforma legislativa al respecto", informó Castresana, responsable de la Cicig, en una rueda de prensa intercalada con reuniones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad guatemalteca con miras a la puesta en marcha en enero de la Comisión.
Aunque el jurista, miembro de la fiscalía anticorrupción española, no detalló qué cambios en el ordenamiento jurídico propondrá la Comisión, admitió que "han recibido sugerencias" en la línea de tipificar algunos delitos que no aparecen como tales en la Constitución del país.
La Cicig, cuya creación fue aprobada de urgencia el 1 de agosto, es fruto de un acuerdo suscrito el año pasado entre el gobierno de Oscar Berger y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reforzar el sistema de justicia de Guatemala, afectada por altos índices de violencia, criminalidad y corrupción.
Castresana, quien fue nombrado el 14 de septiembre por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió el viernes con el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, y está ocupado en crear la red de contactos necesarios en el desempeño de las funciones de la Comisión, para la que también se está seleccionando personal y preparando una infraestructura.
El cuerpo que investigará los poderes paralelos al Estado estará integrado por investigadores, forenses, fiscales y juristas de este país y del exterior, tanto de América Latina como de Estados Unidos y Europa, especializados en derechos humanos, en material penal e internacional.
Los equipos que se crearán como contraparte nacional de la Cicig en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía estarán formados por personal local mientras que en la Comisión se tratará de que haya equilibro tanto en el número de funcionarios locales y extranjeros y en su jerarquía, apuntó.
Fuentes oficiales indicaron que la policía, el sistema carcelario y la aduana serán las primeras instituciones que pasarán al escrutinio de la Comisión.
Julio Hernández Chávez renunció el 26 de septiembre al cargo de director de la Policía Nacional Civil después de que dos de sus escoltas fueran acusados del asesinato de cinco supuestos narcotraficantes, quienes habían sido secuestrados días antes en un barrio de la capital del país.
Después de este crimen, las autoridades anunciaron que más de 400 policías con procesos abiertos fueron separados de sus cargos.
Datos oficiales indican que en el primer semestre de este año se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego. Además, los guatemaltecos viven a diario las extorsiones de las "maras" o pandillas juveniles, que obligan a muchas familias a abandonar sus casas y trabajos.
"La Comisión procurará atender el conjunto del problema de la violencia e intolerancia que sufren los guatemaltecos", manifestó el responsable de la Cicig, quien agregó que la agenda de trabajo será una selección de las peticiones de los distintos sectores gubernamentales y sociales.
Las estadísticas estatales dan cuenta de que sólo 25 por ciento de los delitos que se cometen en el país llega al conocimiento de las autoridades, una mínima parte de ese porcentaje se investiga, y un parte todavía más pequeña llega al proceso penal.
Sobre los casos que presentará al fiscal general, Castresana dijo que la Cicig "no podrá encargarse de múltiples casos, sino de algunos que obedezcan a unas expectativas intermedias".
En cuanto al presupuesto del organismo, que ya contará en noviembre con un equipo de 30 o 40 funcionarios, no especificó el monto y aclaró que procede de países donantes de la comunidad internacional y no de las arcas del Estado guatemalteco. "El compromiso de la comunidad internacional es muy firme, hay una voluntad muy clara, y dudo de que tengamos problemas de financiamiento", enfatizó.
Desde su aprobación de "urgencia nacional" por el Congreso legislativo no han faltado argumentos críticos de la Cicig, entre ellos que viola la Constitución por autorizar la injerencia externa en asuntos internos.
La no gubernamental Liga pro Patria presentó el miércoles un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra el dictamen legislativo 35-2007 que crea la Comisión.
"No tengo nada que decir. A mí no me parece una agresión o una amenaza que se ejerzan acciones legales. Es el ejercicio de un derecho", señaló Castresana al referirse a la acción judicial en contra del organismo que conduce.
La puesta en marcha de la Cicig a comienzos de enero próximo coincidirá con la asunción del presidente que salga elegido en la segunda vuelta del 4 de noviembre entre el centroizquierdista Álvaro Colom, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y el general retirado Otto Pérez, del derechista Partido Patriota (PP).
El fiscal de la Cicig ya mantuvo reuniones con Colom, que las encuestas de opinión de voto lo ubican en un empate técnico con su competidor.
La campaña electoral en curso es considerada la más violenta de los últimos 20 años, por la muerte violenta de más de medio centenar de candidatos a distintos cargos, militantes, activistas y familiares de éstos, según Mirador Electoral, un organismo integrado por entidades que supervisa el proceso.
La semana pasada, aduciendo amenazas del crimen organizado, renunció el jefe de campaña de la UNE, José Carlos Marroquín, y fue asesinada la secretaria del bloque parlamentario del PP, Aura Salazar.
Diego de León, encargado del área política de la Fundación Myrna Mack, grupo defensor de los derechos humanos, comentó a IPS que "la penetración de las estructuras criminales en los partidos políticos es un hecho".
