Las autoridades de República Dominicana apelarán la condena impuesta a Ramón Báez Figueroa, responsable de la quiebra fraudulenta en 2003 del Banco Intercontinental, que catapultó la mayor crisis del país. Entienden que es muy leve y piden que lo inculpen también de lavado de dinero.
La querella manifestó su disgusto porque Báez Figueroa sólo fue sentenciado a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización equivalente a 1.900 millones de dólares por los jueces que lo encontraron culpable de ocultar datos, antecedentes, libros y otros documentos con el propósito de evadir el control de las autoridades y ocultar así la nefasta situación del banco.
A la par de que la parte civil confirmaba la presentación en los próximos días de la apelación, el ex presidente del hoy desaparecido Banco Intercontinental (Baninter) declaró al salir del Primer Tribunal Especial Colegiado del Distrito Nacional (compuesto por tres jueces) que hará lo propio por obvias razones inversas. Las partes disponen de 20 días hábiles para recurrir el dictamen.
"Recurriremos la sentencia contra Báez Figueroa porque se le excluyó de la figura de lavado de activos", explicó a IPS Carlos Salcedo, de la barra de abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera de República Dominicana, organismo que reúne al Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Liquidadora de Baninter, encargado de llevar la acusación.
Para Salcedo, la pena contra el banquero debería ser de 20 años, como lo consagra la ley Contra el Lavado de Activos, y no de 10 años como lo estipula la ley Monetaria y Financiera.
Quien sí fue condenado por violación a la ley Contra el Lavado de Activos en el mismo proceso fue Luís Álvarez Renta, sobrino del modisto de reconocimiento internacional Oscar de la Renta. Se la aplicó una pena de 10 años de prisión y el pago de 100 salarios mínimos del sector público (2.650 pesos dominicanos, igual a 80 dólares).
Al momento de la quiebra, el economista Álvarez Renta fungía de asesor financiero del banco y acababa de ser nombrado embajador en Francia por el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía (2000-2004).
"Si Álvarez Renta fue condenado por lavado de activos, no se explica la exclusión de esa figura en la sentencia de Báez Figueroa", reacciona Salcedo. "Eso provocará que encaminemos un recurso de apelación; ya la barra de abogados en eso está de acuerdo", detalló.
La ley Contra el Lavado de Activos contempla la pena de penitenciaría de cinco a 20 años, además de la incautación y confiscación de los bienes del imputado. Algunos expertos consultados entienden que la justicia dominicana agotaba su mayor prueba de la historia en el caso Baninter, un desfalco que provocó la crisis económica más severa de la historia del país. El dólar pasó de cotizarse 18,56 pesos por unidad en 2002 a 50 pesos desde 2003.
Informes oficiales indican que antes de la crisis, en octubre 2002, la pobreza alcanzaba a 27,7 por ciento de los 8,5 millones de dominicanos, mientras que para octubre de 2004 ese indicador saltó a 42,2 por ciento. La inflación pasó de 11 por ciento en 2002, a 43 por ciento en 2003, para volver a causes más normales en 2006, cuando se situó por debajo de 10 por ciento.
"La justicia se quemó, reprobó el examen", declaró a IPS Fidel Santana, coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular, la organización que promueve reivindicaciones sociales. "La intención (de la justicia) es castigar con sanciones risibles, espero que en apelación se logren sanciones más severas y que el tribunal imponga las penas que merece el caso", apuntó.
Con Báez Figueroa y Álvarez Renta también estaban sometidos a juicio Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, quienes fueron absueltos. Por su parte, Marcos Báez Cocco fue declarado culpable de hechos punibles, pero la pena a la que se hizo acreedor será conocida el 16 de noviembre.
El Baninter era el segundo banco privado más importante de República Dominicana y su presidente, Báez Figueroa, siempre contó con el apoyo político de los gobernantes de turno y de la Iglesia Católica.
Incluso, cuando estalló el escándalo, en 2003, el hoy presidente Leonel Fernández, quien ya había ocupado ese cargo entre 1996 y 2000, culpó al entonces gobernante Hipólito Mejía (2000-2004) de la quiebra de Baninter.
Pero, como se supo en el marco de las investigaciones, los dos líderes políticos tuvieron relación con el banco. La oficina de abogados de Fernández recibió desde 1995 una paga por servicios prestados de parte del Baninter por 150.000 pesos (4.500 dólares) mensuales.
Pero el Baninter también había entregado una tarjeta de crédito sin límite de gasto y libre de pago al entonces presidente Mejía, que era manejaba por su jefe de seguridad personal.
La audiencia de lectura de la sentencia, programada para el domingo desde hacía más de un mes, comenzó a las 09:30 de la mañana, hora local, y duro cinco horas. El veredicto está contenido en casi 300 páginas, que tuvieron que ser leídas sin parar tres secretarios del tribunal. El juicio agotó 105 audiencias en tres años.
La quiebra del Baninter afectó a 791.000 ahorristas. Para enfrentar la situación, la Autoridad Monetaria y Financiera decidió devolver el dinero de todos los depositantes, pese a que la ley establece que la retribución en estos casos sólo es hasta 500.000 pesos (alrededor de 15.000 dólares) por cliente.
El salvataje, como las autoridades denominaron el proceso de rescate de los ahorros de los depositantes, le costó al país 19.000 millones de pesos en 2003, (alrededor de 600 millones de dólares).
"Este fraude es el caso de corrupción que más directamente ha afectado la vida cotidiana de la gente, pues, al decidir del gobierno, cubrir el agujero con la emisión de miles de millones de pesos inorgánicos ha obligado a sectores de todas las clases sociales a cargar con costos que no le correspondían", según un documento elaborado al respecto por Participación Ciudadana.
Esta organización cívica promueve la transparencia y le ha dado seguimiento a los procesos judiciales de quiebras bancarias. En República Dominicana quebraron en 2003 tres de los principales bancos comerciales. Los procesos penales contra los otros dos siguen abiertos.
