La competencia por la presidencia de Guatemala se constituyó en la más violenta de los últimos 20 años, tras el asesinato de la secretaria del bloque parlamentario del Partido Patriota (PP) y la renuncia del jefe de campaña de Álvaro Colom por amenazas del crimen organizado.
La segunda vuelta presidencial del 4 de noviembre es disputada por Colom, de la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), que se impuso en la primera ronda con 28,23 por ciento de los sufragios, y el general retirado Otto Pérez Molina, del derechista PP, quien obtuvo 23,51 por ciento.
Una encuesta publicada este viernes por el diario El Periódico indica que Pérez Molina recoge la adhesión 39,8 por ciento de los entrevistados y Colom 37,3 por ciento. Se trata del segundo sondeo en el que la intención de voto favorece al candidato del PP.
En tanto que esta investigación, realizada entre el 29 de septiembre y el 6 de este mes, indica que 22,9 por ciento de los encuestados anularán el voto.
José Carlos Marroquín, jefe de campaña de la UNE, anunció su retirada el jueves en una conferencia de prensa, en la que señaló que su renuncia se debía a las amenazas recibidas de parte de grupos vinculados al crimen organizado. Eso "han complicado mucho el tema familiar y de seguridad", apuntó.
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El director de la no gubernamental Acción Ciudadana (AC), el analista Manfredo Marroquín, dijo a IPS que el hecho de que un alto cargo político se vea obligado a renunciar por amenazas del crimen organizado "pone en serio entredicho el ambiente de seguridad y la vigencia de los derechos políticos".
La acción política de este año se ha caracterizado por la millonaria inversión de los principales partidos y una violencia que ya ha costado la vida de más de medio centenar de personas, entre postulantes a distintos cargos, militantes políticos y sus familiares.
"Esta ha sido la campaña electoral más violenta y nefasta que hemos tenido en los últimos 20 años", afirmó Manfredo Marroquín, quien también aludió al hartazgo de los ciudadanos ante las mutuas descalificaciones de los candidatos.
El lunes, un grupo de hombres armados asesinó en el centro histórico de la capital guatemalteca a Aura Salazar, de 33 años, secretaria del bloque parlamentario del PP y cercana colaboradora de Pérez Molina, y a Valerio Ramiro Castañón, quien trabajaba para la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia.
Pérez Molina consideró en declaraciones a los periodistas que el asesinato de su colaboradora, que ahora investiga el Ministerio Público, tiene "tintes políticos" y no descartó que tras ese hecho estén el crimen organizado y el narcotráfico.
El general retirado acusa a Colom de recibir fondos de estas mafias, mientras que el candidato de la UNE retruca descalificando a su contrincante recordando que era oficial del ejército durante la represión a la guerrilla izquierdista en la guerra civil de 1960 a 1996, que dejó más de 200.000 muertos, la mayoría indígenas.
Para Manfredo Marroquín, la renuncia del jefe de campaña de la UNE, que ya fue objeto de un atentado en noviembre de 2006, "afecta la imagen" de ese partido, porque de alguna manera evidencia la presencia de estructuras criminales dentro de los partidos políticos
El padre de José Carlos Marroquín, Oscar Clemente, acusó al diputado de la UNE César Fajardo de estar vinculado a los grupos del crimen organizado que atacaron a su hijo.
"La penetración de las estructuras criminales en los partidos políticos es un hecho", afirmó a IPS Diego de León, encargado del área política de la Fundación Myrna Mack, dedicada a la defensa de derechos humanos.
"Es difícil controlar de dónde provienen los recursos que financian a los partidos, con lo que se introduce un montón de dinero ilícito", comentó De León.
Colom declaró a la prensa que la salida del jefe de campaña de su partido no influirá en su carrera hacia la presidencia "porque la estrategia está hecha y la continuará otra persona".
Para De León, la retirada del jefe de campaña de la UNE puede provocar mayores niveles de abstencionismo en la segunda vuelta electoral.
Los dos candidatos mantienes posturas distintas para luchar contra la violencia que sacude Guatemala, con 51 por ciento de sus 13 millones de habitantes viviendo en la pobreza, asentada especialmente entre la población rural e indígena.
Mientras que Pérez Molina promete "mano dura contra el crimen", un mensaje que ha tenido eco en una población que ansía seguridad, Colom, más moderado, habla de "unidad nacional" y políticas sociales para acabar con la pobreza.
"Puedo asegurarles que la mano dura no va a rescatar a Guatemala de la violencia y el crimen organizado. No puedo meter en la cárcel a delincuentes mientras haya gente hambrienta pidiendo un poco de justicia", argumentó el candidato de la UNE en un foro ante empresarios celebrado el 3 de este mes.
"La mano dura es para rescatar a Guatemala de la delincuencia y el crimen organizado. La mano dura es la paz", arengó en el mismo foro Pérez Molina, partidario de volver a aplicar la pena de muerte, del estado de excepción y del aumento de policías en las calles.
En el primer semestre de este año se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego. Las extorsiones de las "maras" o pandillas juveniles son algo cotidiano, causan muertes a diario, y fuerzan a muchas familias a abandonar sus casas y trabajos. Asimismo, el crimen organizado ha penetrado las estructuras del Estado.
El 26 de septiembre, Julio Hernández Chávez renunció al cargo de director de la Policía Nacional Civil después de que dos de sus escoltas fueran acusados del asesinato de cinco supuestos narcotraficantes, quienes habían sido secuestrados días antes en un barrio de esta capital.
El jueves, las autoridades anunciaron que más de 400 policías con procesos abiertos fueron separados de sus cargos en un proceso abierto de depuración del cuerpo.
En estas semanas previas a la segunda ronda electoral, los candidatos tejen alianzas para ganar votos y mantienen reuniones con alcaldes rurales y miembros de otros partidos políticos.
