Cae la noche y 200 motociclistas pasan pitando por una céntrica avenida de la arborizada capital del nororiental departamento colombiano del Cesar. Celebran que Cristian Moreno, «el candidato de los pobres», ha ganado la gobernación, en una de las cunas del paramilitarismo de ultraderecha.
"Si hubiera ganado cualquiera de los otros dos, el desfile sería de camionetas burbuja" de doble tracción, comenta a IPS Gustavo Araújo Baute, catedrático en una universidad estatal.
Moreno, de raza negra y 40 años, fue "acusado" 20 días atrás de ser pobre por Jaime Murgas, uno de sus adinerados rivales en las elecciones locales y regionales del domingo. Para entonces, Moreno era el tercero en las encuestas y no tenía ninguna opción.
Pero cerca de 44 por ciento de los cesarenses votaron por él, por eso "nunca se debe dudar de la capacidad de la gente, el pueblo sabe", advierte radiante la empleada de un supermercado.
En Valledupar, en similares elecciones en 2003, ganó el voto en blanco, aunque nadie lo promoviera. Moreno, también candidato entonces a la gobernación, renunció por amenazas. La gente susurraba: "Voy a votar por Mister White (blanco en inglés)". El que quedó como candidato único, Hernando Molina, ahora preso acusado de paramilitarismo, se alzó con la gobernación.
[related_articles]
"Aquí los políticos y la gente importante se peleaban por reunirse con los jefes paramilitares. Eso eran caravanas de aquí para La Mesa y para Badillo", poblaciones del Cesar donde los paramilitares tenían sus cuarteles generales, dijo a IPS un poblador.
El triunfo de Moreno sólo se podía sospechar desde los últimos 10 días por el termómetro de opinión pública que constituyen los taxistas y los "mototaxistas", que transportan en motocicleta a un pasajero, cobran más barato que un taxi y recorren desordenadamente esta ciudad, con uno de los climas más ardientes de Colombia.
"Es que la gente aquí tiene temor", dijo a IPS un analista cuya identidad se guarda por seguridad. Por eso fallaron las previsiones electorales. La discreción en Valledupar es cuestión de supervivencia.
La familia de Murgas es dueña de la hacienda Las Flores, agroindustrial de biocombustibles, en el suroriente de Valledupar. Varios de sus trabajadores denunciaron a la no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE) que fueron presionados a votar por él so pena de perder sus empleos.
El otro rival de Moreno, Arturo Calderón, oficialista, fue secretario de Salud del gobernador hoy preso. Un tío suyo maneja el negocio de apuestas de Enilce López, "La Gata", presa por lavado de activos y financiadora de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002. "Por esto va a haber muertos", se comentaba en los corrillos valduparenses, apenas se conoció el resultado electoral. La razón: en una plaza donde los políticos acostumbran a comprar el voto, supuestamente comenzarán las "cuentas de cobro" por el incumplimiento de los sufragantes.
Moreno adelantó una campaña sin mayores recursos, lo que en esta región significa que no pagó a sus votantes. Aunque se lanzó por un movimiento local, fue apoyado por el izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En estos comicios dio sorpresas la Costa Atlántica colombiana, región que constituyó el principal territorio a dominar por el paramilitarismo, bandas narcotraficantes aliadas de la fuerza pública que en los años 90 se autoproclamaron puntal contrainsurgente para combatir a guerrillas izquierdistas surgidas en 1964.
En la septentrional costa sobre el mar Caribe el voto de opinión derrotó en plazas importantes a los candidatos con más visibles nexos con el paramilitarismo, o a antiguos caudillos de la política tradicional y corrupta, como en el departamento de Atlántico, o en la ciudad de Cartagena de Indias.
No sorprendió en cambio que el departamento de Sucre se quedara sin fluido eléctrico en el momento de contar los votos.
La nueva correlación es más difícil de identificar en los órganos legislativos municipales y regionales, ámbitos donde el soborno de votantes es mucho más activo.
Para un analista local, la reacción ciudadana la desató el proceso judicial llevado por la Corte Suprema de Justicia a la "parapolítica", que está desentrañando el maridaje entre políticos regionales y empresarios y los paramilitares, hoy parcialmente desmovilizados tras pactos con el gobierno.
En su momento, los paramilitares fueron responsabilizados por la Organización de las Naciones Unidas de cometer 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana. Según la Contraloría General de la Nación, se apoderaron violentamente de 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras de este país andino.
Hasta hace poco, esas fuerzas tenían perfectamente organizadas las elecciones en el Cesar, así como la administración pública. Eran ellos quienes decidían quién era candidato y qué pueblos debían votar por él, o a quién nombrar en una secretaría departamental o municipal.
Tras su desmovilización, el paramilitarismo "está vivito, eso lo sabemos todos aquí", pero ha cambiado. Si alguien va a vender una finca, "una vez ellos se enteran les tiene que pagar corrupción, o le dicen no se la puede vender a Pedro sino a Fulano", relató un valduparense a IPS.
El escándalo parapolítico se lleva por ahora sólo en el nivel de la responsabilidad penal individual, y no se sacan aún cuentas sobre la responsabilidad política. Casi todos los implicados hasta ahora son oficialistas.
Las acusaciones: conformación de grupos paramilitares, matanzas, asesinatos, desplazamiento forzado, fraude electoral mediante la violencia y la intimidación, proselitismo armado y uso de los contratos públicos para lucro propio y para financiar el paramilitarismo.
Muchos de los "parapolíticos", incluyendo a los oriundos del Cesar, coordinaron las campañas electorales de sus partidos desde la cárcel, pues la ley colombiana lo permite si aún no están condenados.
De este departamento están presos, entre otros, su otrora principal senador, Álvaro Araújo Castro, hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo, caída en desgracia en febrero, y el ex gobernador Molina, primo hermano de los anteriores.
Pero la "parapolítica" tiene aún mucha tela para cortar en el Cesar, como en otras regiones.
León Valencia, director ejecutivo de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, con sede en Bogotá, cree que con el proceso judicial iniciado hace un año terminarán unos 60 legisladores presos.
El sacerdote católico Wilson Becerra, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Valledupar y coordinador regional del incipiente MOE en el Cesar, cree que quizá los colombianos puedan creer algún día en las instituciones.
El MOE, activo por tercera vez en el plano nacional, ahora multiplicó sus observadores electorales hasta llegar a 10.000. Se estrenó en el Cesar sólo en tres de 26 municipios. Al menos en otros dos, los observadores voluntarios no encontraron condiciones de seguridad para actuar.
Para Becerra, el balance más importante de estas elecciones es que se ve un despertar de la gente, que "trató de salir, de participar".
También, por ejemplo, que Hernando Daza, el registrador ad hoc que operó en el paramilitarizado municipio Pueblo Bello, noroccidente de Valledupar, le confió sus preocupaciones al MOE.
Daza es uno de los funcionarios que llegaron a Cesar tras una "rotación" dispuesta días antes de las elecciones por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a cargo de organizar los comicios.
En el par de semanas que pasó en Cesar, fue amenazado de muerte. Su misión: desactivar cualquier intento de fraude desde la institución.
"La rotación de registradores —dice el religioso Becerra— fue una medida clave". Ahora, él aspira a que la MOE sea permanente en el Cesar, "para enseñarle a la gente a querer a la democracia".
