«La parapolítica tiene nuevos nombres» y «es inminente la intervención de los grupos paramilitares en las próximas elecciones» locales y regionales de este domingo en Colombia, advirtió el movimiento Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad.
La llamada parapolítica es el escándalo sin precedentes, que la justicia investiga desde hace un año, sobre las relaciones incestuosas entre poderosos sectores políticos y económicos con bandas paramilitares de ultraderecha comandadas por narcotraficantes.
En su "Llamamiento a la Memoria 2007", enviado a IPS, la organización de los huérfanos de la guerra volvió a tocar alarma, como lo hizo 10 días antes de las elecciones parlamentaria del 12 de marzo de 2006. Esta vez es ante la nueva convocatoria a las urnas para elegir entre 86.449 candidatos para 18.527 cargos administrativos y de representación.
Como en esa ocasión, Hijos e Hijas confeccionó con nombres propios una lista de candidaturas "con graves indicios de estar comprometidas con el paramilitarismo y los crímenes de Estado".
Ahora se trata de 10 candidatos a las gobernaciones de siete departamentos y siete candidatos a seis alcaldías de capitales de esos distritos, tanto en representación de agrupaciones que siguen al presidente Álvaro Uribe como de algún sector de oposición, pero todos involucrados en investigaciones judiciales, en informes de derechos humanos o en denuncias periodísticas prensa.
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"Su idoneidad ética se encuentra gravemente comprometida por su presunta participación en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, apoyo a grupos paramilitares y actos de corrupción", anota el movimiento de huérfanos de la guerra civil.
Del total de la lista de candidatos denunciados en 2006, "todos están presos, excepto el general retirado Rito Alejo del Río, uno de los que ayudó a formar grupos paramilitares en Urabá (provincia al noroccidente) y de los que permitió que se cometieran tantas masacres", dijo a IPS Jessica Hoyos, una estudiante de Derecho de 23 años cuyo padre, Jorge Darío Hoyos, asesor de Sindicatos, fue asesinado en 2001.
La mayoría fueron derrotados, pero no porque el poder del paramilitarismo en el parlamento estuviera en retroceso, como se creyó entonces.
"Las estructuras paramilitares se articulan o componen en diversas categorías", anota el Llamamiento, y sólo una de ellas es identificable con estructuras armadas, mientras otras se concentran "en el fortalecimiento y financiación del proyecto paramilitar".
Los 33 senadores y 50 diputados, hoy investigados por cuenta de la "parapolítica", según la Corporación Nuevo Arcoiris sumaron poco más de la cuarta parte de la votación total obtenida por Uribe en primera vuelta, cuando obtuvo 62 por ciento de los votos.
Hijos e Hijas promueve el veto popular para Luis Pérez, candidato a la alcaldía de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia, segunda ciudad en importancia de Colombia y su principal centro industrial. También para Alex Char, postulante al gobierno de la septentrional Barranquilla, principal urbe sobre el Caribe y cuarta del país por su población.
Pérez suele acusar judicialmente a los periodistas que critican su gestión. "Demanda y veladamente amenaza con sus abogados de gafas oscuras y cadenas de oro", anotó en su columna en la revista bogotana Semana el escritor Héctor Abad Faciolince, hijo del activista en favor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987.
Hijas e Hijos recordó que la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación la versión de un testigo que asegura que Pérez, probable ganador el próximo domingo, se habría reunido en el pasado con un paramilitar, a fin de formar un grupo armado ilegal.
Abad le pone a Pérez el mote de "el señor de las pistolas", porque éste propuso, fallidamente hace siete años, dotar de "un arma a cada antioqueño verraco (atrevido)".
Por su parte, Char es apoyado por un parlamentario parapolítico.
También aparece en la lista Alfonso Eljach, candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, un puerto fluvial bajo control paramilitar en el centro del país y estratégico por ser sede de la empresa petrolera Ecopetrol, de capitales estatales y privados.
Hasta aquí todos son candidatos oficialistas. Pero el Llamamiento a la Memoria 2007 apunta también al candidato por el tradicional Partido Liberal, centrista y hoy en la oposición, a la gobernación del oriental departamento del Casanare, petrolero y el más rico del país.
Se trata de Efrén Antonio Hernández, sobre quien medios de comunicación han publicado un comprometedor video en el que aparece en una fiesta con un reconocido paramilitar de la zona.
La agrupación humanitaria también proclama el veto de los votantes para Juan Carlos Abadía, quien pretende la gobernación del occidental departamento del Valle del Cauca, en cuyo territorio está Buenaventura, el único puerto colombiano sobre el océano Pacífico.
A Abadía lo apoya un partido oficialista hoy prácticamente desmantelado por la "parapolítica", llamado Convergencia Ciudadana.
El Llamamiento incluye candidatos a la gobernación de la mayoría de los departamentos septentrionales y costeros del Caribe: de occidente a oriente, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, así como de dos de sus capitales: Sincelejo (Sucre) y Santa Marta (Magdalena).
También menciona a los candidatos oficialistas a la gobernación del nororiental departamento del Cesar, rico en carbón y fronterizo con Venezuela, y a la alcaldía de su capital, Valledupar, ambos apoyados por la poderosa familia de la defenestrada ex canciller del gobierno actual María Consuelo Araújo, cuyos padre y hermano están implicados en la conformación de grupos paramilitares.
En estas regiones, con prácticamente todos sus más importantes líderes oficialistas presos, "se puede observar un relevo político que en muchos casos ha tenido el apoyo público de los dirigentes recluidos en las cárceles", indica la organización de Hijas e Hijos.
El 60 por ciento de los municipios de Sucre están en riesgo electoral por corrupción y clientelismo, según el mapa de la Misión de Observación Electoral (MOE), de la sociedad civil, y elaborado por universidades y Nuevo Arco Iris.
Allí, durante años, los electores fueron obligados a votar por candidatos de los paramilitares, bajo amenaza de muerte.
Hoyos pide "que no voten por ellos, para que no sigan legitimando los crímenes que han ocurrido no este país. Que recuerden y sepan quiénes han sido realmente esas personas. Y si no los han condenado aún en un juicio, que por lo menos tengan el rechazo social, para que no se sigan legitimando los crímenes que han cometido hasta el momento".
Para ella, la "política de memoria del Estado" es selectiva, pues busca "que se olviden tanto las víctimas como los victimarios" en los casos "de grandes dirigentes de la Unión Patriótica (partido surgido en 1985 de acuerdos de paz con la guerrilla y exterminado a tiros, y del cual su padre fue miembro), líderes campesinos y sindicales".
"Lo que han cometido contra nuestros padres no sólo nos afecta a nosotros, como hijos o como familiares, sino a toda la sociedad colombiana", puntualizó Hoyos.
En el proceso judicial de la parapolítica ha tenido un rol estelar la Corte Suprema de Justicia.
Su investigador principal, el veterano magistrado auxiliar Iván Velásquez, fue duramente atacado el 8 de este mes por el presidente Uribe, luego de que su primo y socio político, el senador Mario Uribe, fue implicado en los expedientes.
Como lo han hecho varios otros para evitar ser juzgados por la temida Corte, Mario Uribe renunció a su curul, pues prefiere ponerse a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.
