Ante las continuas pérdidas de vidas civiles en conflictos armados, grupos de la sociedad civil reiteran su llamado a adoptar medidas enérgicas contra el tráfico ilegal de armas pequeñas.
La demanda se intensifica debido a que esta semana comenzaron las conversaciones sobre un propuesto tratado internacional para frenar el tráfico ilegal de armas. La resolución que llama a discutir ese convenio fue aprobada por la Asamblea General el año pasado, con el voto favorable de más de 150 países, la abstención de 24 y la oposición de uno.
Mucho de los que se negaron a apoyar la resolución son fabricantes a gran escala y proveedores de armas, como Estados Unidos, que se calcula controla más de 35 por ciento del mercado mundial de armas pequeñas.
Un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó como armas pequeñas a los rifles de asalto, las ametralladoras, las pistolas, los misiles antitanques y sistemas de cohetes, las granadas de mano y las minas antipersonal.
Activistas por el control de las armas dijeron a periodistas el martes que, además de reunir más de un millón de firmas para una petición, obtuvieron apoyo de varios ex comandantes militares de las fuerzas de paz de la ONU.
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"Es muy significativo que estos generales apoyen el tratado", dijo Jeremy Hobbs, director de la organización Oxfam International, con sede en Londres, que participa de la Campaña por el Control de las Armas.
El tratado "es sobre las personas, es sobre la lucha por la vida. Estas armas destruyen sociedades enteras", dijo la reportera de guerra Janine di Giovanni, que cubrió varios conflictos bélicos en distintas partes del mundo en los últimos 20 años.
Según investigadores de la ONU y de Oxfam, en 2005, solo las armas pequeñas fueron responsables de la muerte de más de medio millón de personas, a un ritmo promedio de 10.000 víctimas fatales por semana.
Al igual que Giovanni, todos los ex comandantes militares que se unieron a la campaña sostienen que reglas internacionales contra el tráfico ilegal de armas es imprescindible para salvar vidas inocentes.
Patrick Commaert, quien lideró fuerzas de paz de la ONU en varios países, dijo a periodistas que mientras sus tropas se dedicaban a desarmar a las partes en pugna, él sabía que el flujo de armas continuaba.
"Es como querer secar el piso cuando el grifo del agua está abierto", dijo Commaert.
Por su parte, B.S. Malik, ex jefe de Estado Mayor del Comando Occidental del Ejército de India, también apoyó la idea de un tratado internacional, pero alertó que varios gobiernos y corporaciones pondrán muchas piedras en el camino.
"Este comercio es muy lucrativo. La industria gana dinero con las dificultades de los pueblos", indicó, y añadió que muchos países están más interesados en su defensa y las empresas en sus ganancias.
Cerca de 25 por ciento de los 4.000 millones de dólares anuales en comercio de armas pequeñas es ilícito o no registrado como lo requiere la ley, según el Estudio sobre Armas Pequeñas, un proyecto de investigación independiente en el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales de Ginebra.
Traficantes de armas en países africanos siguen violando embargos, tanto impuestos por la ONU como por Estados Unidos, usando documentos falsos.
Estas violaciones, según investigadores de la ONU, son perpetradas en su mayoría por redes de intermediarios. La mayoría operan en Angola, Costa de Marfil, Liberia, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán.
El mes pasado, un estudio del foro mundial señaló que, para mediados de este año, unos 40 países habían adoptado leyes y procedimientos nacionales contra la venta de armas pequeñas por intermediarios. Estas naciones representan una quinta parte de los miembros de la ONU.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibió propuestas para el tratado de por lo menos 97 países, indicaron diplomáticos que participan de las negociaciones.
El año pasado, el predecesor de Ban, Kofi Annan, dijo que la proliferación de armas pequeñas era un "grave" problema, que no sólo alimenta conflictos, sino que también aumenta los flujos de desplazados y refugiados, socava el imperio de la ley y engendra una cultura de violencia.
Ban prevé formar un grupo de expertos gubernamentales que presentarán el año próximo recomendaciones para la redacción del tratado. Activistas esperan que el convenio esté redactado para 2010, lo que significa un período relativamente corto para tan complejo proceso.
Mientras, Washington mantiene una postura distante, si no hostil.
"Estados Unidos aún no ha decidido si participará o no" del proceso, dijo el mes pasado a la agencia AP el subsecretario adjunto del Departamento de Estado (cancillería) para Asuntos Político-militares, Richard Kidd.
