El Consejo de Derechos Humanos de la ONU consiguió aprobar una resolución, de lenguaje mesurado, que «deplora» la violenta represión de manifestantes en las últimas semanas en Birmania y alienta a la dictadura de ese país a entablar un diálogo sobre esas garantías básicas y libertades fundamentales.
La decisión fue adoptada por consenso luego de una negociación que aligeró el tono del texto presentado por la Unión Europea, que en la versión original "condenaba enérgicamente" los golpes, asesinatos, detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas perpetrados por las fuerzas gubernamentales birmanas.
La resolución dejó satisfechas a las autoridades del Consejo porque estimaron que este organismo, creado en marzo de 2006 para reemplazar a la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), había superado el riesgo de desacuerdos entre sus 47 Estados miembro.
El presidente del Consejo, el rumano Doru Romulus Costea, celebró que por segunda vez consecutiva el cuerpo haya cerrado esta quinta sesión especial con una decisión adoptada por consenso, como ocurrió también en junio pasado cuando se pronunció sobre la situación de los derechos humanos en Darfur, la región noroccidental de Sudán.
Las tres sesiones especiales anteriores, que se ocuparon de la situación en los Territorios Palestino, de las graves consecuencias de las operaciones militares de Israel en Líbano y de las posteriores incursiones armadas israelíes también en Palestina, en Gaza y en Beit Hanoun, requirieron una votación.
Las resoluciones aprobadas por consenso tienen más fuerza, reflexionó Costea. El consejo está más acostumbrado a hablar, lo que es una buena señal, insistió.
También el relator especial del Consejo sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, el académico brasileño Paulo Sergio Pinheiro, saludó la decisión del organismo.
Es motivo de regocijo porque las actividades del Consejo se veían hasta ahora con "una suerte de escepticismo", dijo. Por el contrario, esta ha sido una sesión histórica, afirmó
Sébastien Gillioz, de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), reivindicó el papel del Consejo al convocar con celeridad la sesión especial realizada este martes. Esa ha sido una señal muy sólida, que nosotros saludamos, dijo a IPS.
El experto de HRW destacó la actitud y las declaraciones de delegaciones africanas, en particular de Zambia y Marruecos, y también la preocupación expresada por China, por los grupos regionales, y de manera significativa por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáticos, integrada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Respecto a la resolución, Gillioz observó que no contiene garantías de que el gobierno de Birmania vaya a cooperar con la ONU. Durante décadas, el régimen militar ha retaceado la cooperación, recordó.
Gillioz estimó que la responsabilidad por la aplicación del texto aprobado recae en ciertos países, principalmente vecinos y allegados de la región.
La resolución del Consejo establece que Pinheiro deberá informar a fines de este mes a la Asamblea General de la ONU y al propio Consejo durante la sesión que el organismo sostendrá del 10 al 14 de diciembre.
Pero en el interín, muchísimas cosas pueden ocurrir en plazos tan largos para las víctimas de los abusos cotidianos en Birmania, advirtió el experto de HRW.
Pinheiro observó que la responsabilidad de hacer cumplir la resolución del Consejo, y también de obtener la autorización para su visita a Birmania, corresponde a las autoridades de ese organismo especializado de la ONU.
A cada Estado miembro del Consejo le cabe la responsabilidad de evitar que la situación empeore en Birmania y de que se aplique la resolución, opinó Gillioz.
Dos delegaciones integrantes del Consejo, India y Rusia, expusieron divergencias con el lenguaje de la resolución aprobada.
India dijo que propiciaba un texto que no fuera condenatorio y que procurara involucrar a las autoridades de Birmania en una salida pacífica.
Lamentamos que el texto adoptado no se haya alineado con ese enfoque, dijo Swashpawan Singh, representante de India.
Por su parte, Anton Vasiliev, de Rusia, declaró desacuerdo con partes del texto, porque no evalúa de manera suficiente el problema y es desequilibrado, dijo. La resolución no debía condenar al gobierno birmano, sino estimularlo para que se encamine hacia la democratización, sostuvo.
En cambio, Judith Arenas, de Amnistía Internacional, dijo a IPS que su organización no gubernamental se siente decepcionada porque el Consejo no pudo emplear un lenguaje "más fuerte para condenar de manera enérgica" lo que está ocurriendo en Birmania.
Se podía esperar que el órgano más alto de derechos humanos de la ONU tomaría una medida más concreta, insistió.
Arenas sostuvo que el comportamiento durante la sesión del Consejo de algunos países, como Rusia, fue lo que más nos decepcionó de este proceso.
Esperamos indagar un poco más sobre la posición rusa, en especial porque esta semana Amnistía ha publicado un informe sobre el envío de armas a Birmania, y Rusia es uno de los países que figura en eso, como también China, India, Ucrania y otros, refirió Arenas.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Guy Ryder, dijo que esa organización examinará la ayuda militar que recibe la dictadura de Birmania.
La campaña lanzada por la CSI se propone observar los crecientes vínculos económicos de la junta militar birmana con India, China y varios otros países, dijo Ryder desde Bruselas, sede de esa central obrera.
Ryder criticó también a las grandes compañías que han desoído los llamados a cortar las relaciones comerciales con la dictadura birmana.
La reacción asesina de la junta ante las demostraciones recientes muestra hasta donde ha llegado su voluntad de mantenerse en el poder y de llenar sus bolsillos a expensas de la inmensa mayoría privada de acceso a la salud, educación, alimento decente y otras necesidades esenciales, sostuvo.
La CSI aseguró que sólo unos pocos se benefician de los vínculos de Birmania con las empresas extranjeras. Ellos son los verdaderos autores de los crímenes, torturas y violencias que aún continúan, dijo Ryder.
El dirigente expuso que las compañías transnacionales con negocios en Birmania son Caterpillar, de Estados Unidos, la Corporación de Petróleo Nacional de China, la Corporación de Petróleo de Ultramar Nacional de China, Daewoo Internacional, de Corea del Sur, Siemens, de Alemania, la Autoridad de Gas, de India, GlaxoSmithKline, de Gran Bretaña, Hyundai, de Corea del Sur, ONGC Videsh, de India, Swift, de Bélgica, y Total, de Francia. (FIN/IPS/pc/dm/ip hd/ap wd/07)
