Asociaciones no gubernamentales exponen este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la problemática de las adopciones internacionales en Guatemala, un lucrativo negocio de redes ilegales.
La audiencia, en la que participan representantes de los no gubernamentales Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Casa Alianza de Guatemala, busca "actualizar" a la CIDH, con sede en Washington, sobre la realidad de las adopciones y solicitarle que admita un caso presentado el 19 de julio de 2006, dijo a IPS Byron Alvarado, asesor jurídico del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
La Comisión aún no ha emitido su informe sobre el caso de Gustavo Tobar, un taxista guatemalteco que denunció irregularidades en el proceso de adopción de sus hijos Osmín Ricardo y Jeffrey, quienes viven con dos familias en Estados Unidos desde que en 1998 salieron de este país con siete y un año y medio, respectivamente.
Tobar alega que no consintió la entrega de sus hijos, y que éstos fueron sustraídos tras unas inciertas denuncias de maltrato y desnutrición.
Mientras la CIDH decide sobre la denuncia de Tobar, el negocio de la adopción en Guatemala, que produce millones de dólares anuales, se tambalea ante la inminente aprobación por el Congreso legislativo de una ley para regular esta práctica y por la entrada en vigor el 31 de diciembre del Convenio de La Haya.
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El Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, ratificado por el Congreso el 21 de mayo de este año, busca prevenir la sustracción, venta o tráfico de niños y garantizar más transparencia en los trámites.
En busca de ganancias de último momento, antes de la vigencia de estas normas, "se están haciendo cesáreas a mujeres de siete meses de embarazo para poder inscribir a los niños" adoptados antes de fin de año, alertó Alvarado.
Tras el mercado de las adopciones se esconde una mafia de abogados, "jaladoras" (buscadoras) que convencen a las jóvenes de escasos recursos de entregar a sus hijos, "casas de engorde", que corren con los gastos de los embarazos y partos, registros civiles, casas cuna y médicos, aseguraron activistas a IPS.
"El proceso de comercialización (de los niños) mueve 100 millones de dólares al año", de los que se lucran, sobre todo, abogados y notarios, dijo a IPS el presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, Francisco Rolando Morales, quien aludió a "presiones" de letrados para que no se apruebe la ley de adopciones, que busca eliminar los incentivos económicos de estos procesos.
Datos oficiales indican que 51 por ciento de los 13 millones de guatemaltecos viven en la pobreza.
Según comentó a IPS Nidia Aguilar, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la estatal Procuraduría de los Derechos Humanos, "en estos últimos 10 años se ha fomentado que las madres reciban dinero a cambio (de entregar a sus hijos), y hay casos de hasta tres niños de una misma mujer" dados en adopción, aunque la cantidad que reciben es mínima en comparación con las ganancias de los notarios.
El proyecto de ley 3.217, cuya aprobación permitirá la aplicación del Convenio de La Haya, está en la fase final del proceso legislativo.
En julio, un grupo de expertos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado —en el marco de la cual se aprobó el Convenio— visitó Guatemala durante una semana para prestar asesoramiento sobre el proyecto y entregó un informe al parlamento con sugerencias que, según Morales, ya han sido incorporadas a su reglamento.
"El grupo de expertos hace votos para que Guatemala cuente a la mayor brevedad con una ley de adopciones que facilite la implementación del Convenio de La Haya, en beneficio de toda la niñez ( )", se lee en ese informe al que tuvo acceso IPS.
Morales es partidario de que la iniciativa se apruebe antes del 4 de noviembre, cuando se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que después de ese día "los intereses del partido ganador podrían intervenir".
El proyecto prevé la creación de una Rectoría Nacional de Adopciones, un ente administrativo dependiente de la Procuraduría General de la Nación e integrado por representantes de varios organismos del Estado.
El proceso para adoptar a un menor se rige por el Código Civil, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero no existe una normativa específica ni una autoridad central reguladora.
En lo que va del año, 2.560 niñas y niños han sido dados en adopción, según fuentes de la Procuraduría, que autoriza los trámites. En 2006, se registraron 4.496 adopciones, 10 por ciento más que en 2005.
Los trámites, que no demoran más de un año, son efectuados en su mayoría por parejas estadounidenses que deben disponer de sumas de entre 25.000 y 30.000 dólares, para financiar el viaje, el papeleo y los honorarios de abogados.
El gobierno de Estados Unidos, país receptor de casi todas las adopciones internacionales de niños guatemaltecos, espera ratificar el Convenio de La Haya en el primer semestre de 2008, según informó a IPS la embajada de ese país en Guatemala.
Ese tratado, firmado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya y en vigor desde 1995, tiene 71 países partes, entre ellos Guatemala.
Sin embargo, no se aplica en este país centroamericano, pues en agosto de 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto ratificatorio que había sido aprobado por el parlamento.
Además, cinco países partes —Alemania, Canadá, España, Holanda y Gran Bretañaobjetaron la adhesión guatemalteca, pues no aceptan negociar adopciones internacionales con este país.
Desde el 6 de agosto de este año, y "en respuesta a las preocupaciones sobre el proceso de adopción sin regulación en Guatemala" la embajada estadounidense exige una segunda prueba de ADN "para verificar que el niño adoptado para quien se solicita la visa de inmigrante es el mismo vinculado al inicio del proceso de adopción con la madre biológica", informa la legación diplomática en su sitio en Internet.
Pero hay casos de mujeres manipuladas y engañadas que firman papeles en blanco y se someten a análisis junto a sus hijos a cambio de ayuda médica o económica sin saber siquiera que se trata de pruebas para obtener el ADN, comentó a IPS Héctor Augusto Dionisio, coordinador del Programa Legal de Casa Alianza, que participa este viernes en la audiencia ante la CIDH.
En ese ámbito se presenta un informe sobre el allanamiento, el 11 de agosto, de Casa Quivira, una casa cuna clandestina en Antigua, oeste del país, de donde se rescató a 46 niños de entre tres días de vida y dos años, que carecían de documentación oficial sobre adopciones, y donde fueron arrestadas dos abogadas.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos recomendó el 28 de septiembre a sus ciudadanos que no iniciaran de inmediato trámites para adoptar niños en Guatemala porque "en los próximos seis meses se producirán cambios fundamentales en las leyes de adopción" de ambos países, que introducirán "una considerable incertidumbre en los procesos", según un comunicado en el sitio electrónico de la embajada.
"Queremos que el día 31 (de diciembre) se termine el sistema corrupto de las adopciones y comience el sistema transparente del Convenio de La Haya", deseó Alvarado.
Mientras, Gustavo Tobar espera que le "hagan justicia" y que la CIDH admita su caso y presione al Estado guatemalteco, "porque la niñez no puede ser un supermercado con precios, tamaños, colores y edades", dijo a IPS.
