Rosa Anaya salía de su casa muy temprano rumbo al colegio aquella mañana del 26 de octubre de 1987, cuando vio que su padre, que se le había adelantado unos pasos, se desplomaba junto a su vehículo por el impacto de seis balazos.
En su memoria guarda retazos de aquel día, varios "silbidos", el correr de dos individuos mientras envolvían sus armas en papel periódico y la última imagen de su progenitor con vida, "sin saber qué ocurría". Los asesinos habían utilizado un silenciador para cometer el crimen, y pocas personas se habían percatado del hecho. Rosa estaba conmocionada, hasta que una vecina le gritó y la trajo a la realidad: su padre, Herbert Anaya Sanabria, presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), había sido asesinado cuando se aprestaba a llevar a sus hijos a la escuela. Veinte años después, Rosa, de 30 y estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES), organizó junto a decenas de sus compañeros el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos "Herbert Anaya", el 25 y 26 de este mes.
El encuentro posibilitó un "análisis comparativo" de la situación de los derechos humanos en aquel momento, cuando mataron a Anaya y en la actualidad, según explicó a IPS la primogénita del activista.
Varios especialistas, comunicadores, ecologistas y activistas sociales brindaron sus ponencias y denunciaron violaciones a los derechos humanos, no sólo civiles y políticos sino económicos y sociales, al tiempo que reclamaron justicia para las víctimas de la guerra civil (1980-1992), frente a centenares de estudiantes que participaban de la actividad.
Anaya reconoció que ahora no hay persecución política sistemática pero señaló que cuando alguien intenta expresarse libremente se lo acusa de comunista, como en el pasado. "Falta muchísimo para que en este país se respeten los derechos humanos; el discurso gubernamental habla de que vivimos en paz, pero todos los días asesinan a 12 personas", manifestó la estudiante.
El crimen de Anaya se cometió en plena guerra civil, que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. En enero de 1992, el gobierno de Alfredo Cristian i y la guerrilla del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora con presencia parlamentaria, firmaran los acuerdos de paz en México, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El pacto incluyó la conformación de la Comisión de la Verdad que investigaría los crímenes que más conmovieron a los salvadoreños, pero tanto el de Anaya como el de el obispo Oscar Romero no fueron terminadas por "falta de tiempo", ya que la instancia promovida por la ONU sólo tenía seis meses de mandato.
Hasta hoy ambos casos siguen en la impunidad, principalmente por la Ley de Amnistía promulgada por Cristiani en marzo de 1993, que impide juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a pesar de que organizaciones nacionales e internacionales han demandado su derogación.
En los años 80, miles de campesinos, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes y activistas de derechos humanos fueron asesinados por escuadrones de la muerte, como parte de una cruzada contra la izquierda, encabezada por el mayor Roberto d'Aubuisson fundador de la Alianza Republicana Nacionalista y acusado por la Comisión de la Verdad de ser uno de los instigadores del asesinato de Romero.
El Salvador tuvo en 2006 una proporción de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el estatal Instituto de Medicina Legal (IMS), lo cual hace a este país centroamericano uno de los más violentos del mundo. El procurador adjunto de los Derechos Humanos, Salvador Meléndez, dijo a IPS que para lograr la reconciliación y construir la democracia tras la guerra, era "ineludible el esclarecimiento histórico" y respetar el derecho humano a la verdad.
Meléndez se manifestó a favor de que se "imparta justicia a las víctimas" y se les repare de forma moral, social y jurídica, en alusión al caso Anaya. "Hay que alimentar la memoria colectiva, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla", citó el procurador, tras brindar una ponencia ante unos 300 estudiantes, profesores y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
Evelyn Hernández, catedrática de la UES consideró que a mucha gente se le violan sus "derechos económicos y sociales, como derecho a la salud, al agua potable y a la seguridad".
Anaya fue "un hombre que luchó mucho por la defensa de los derechos humanos", recordó la profesora.
Rosa Anaya recuerda que su padre había sido secuestrado y torturado por la extinta Policía de Hacienda, por lo que la familia vivía casi en la clandestinidad. "No conocía los nombres de mis padres ni familiares, sólo era mi mamá, papá y tíos", recuerda Anaya. Después del asesinato, tuvieron que huir y dormir en distintas casas durante meses. Las flores sobre la tumba de Anaya fueron quemadas, y se dejó sobre ella un mensaje lapidario: "Si pudiésemos volverlo a matar, lo haría nuevamente".
María Luisa Romero, estudiante de derecho en la estadounidense Universidad de Harvard, presentó en el encuentro los resultados de un estudio realizado por la clínica legal internacional de esa casa de estudios sobre violencia, pandillas y violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
"El Estado es incapaz de proteger a las víctimas; las investigaciones no se realizan, se demoran o no son efectivas", y tanto por acción como por omisión se les viola sus derechos, aseguró a IPS la joven de origen panameño. Según Romero, durante la investigación también se identificaron algunas similitudes entre los años de la guerra y la actualidad. "Las desigualdades sociales" llevan a violaciones de los derechos sociales y económicos, sostuvo la estudiante.
"Tenemos que emocionar a la gente para que luche por sus derechos", concluyó Rosa Anaya.
