Activistas de derechos humanos de El Salvador expresaron «indignación y vergüenza» ante la presentación del gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se calificó de exitoso el proceso de paz y se valoró la ley de Amnistía como un «aporte» a la reconciliación nacional.
La ley General de Amnistía, promulgada tras el acuerdo de paz que puso fin en 1992 a una larga guerra civil, "ha cumplido su cometido, ha cerrado las heridas", manifestó de forma seca Oscar Santamaría, uno de los expositores en la audiencia de esta semana en la Comisión especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
Salvador Samayoa corroboró lo dicho por su compañero en la comitiva oficial, que se presentó en Washington ante un pedido expreso de la Comisión de la OEA para que respondiera por la demanda de parte de organizaciones de derechos humanos de que se derogue la ley de Amnistía y sus constantes denuncias sobre accionar inadecuado de tribunales e involución del proceso de paz.
Samayoa aseguró que esa norma "permitió la viabilidad del proceso de paz".
Por su parte, la cancillería apuntó en un comunicado que la negociación entre salvadoreños posibilitó "la reconciliación de la sociedad (…)" y dio lugar a "un rápido y sostenido desarrollo democrático" en el "campo social, polí¬tico, económico y cultural".
Las referencias de ambos delegados gubernamentales en Washington son al proceso que siguió a la firma en enero de 1992 en México del acuerdo de paz entre el gobierno de entonces de Alfredo Cristiani y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El convenio auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejaron atrás 12 años de enfrentamientos armados de la coalición de guerrillas de izquierda con las fuerzas de seguridad del Estado, que dejaron un saldo de 75.000 personas muertas, 8.000 desaparecidas y unos 50.000 lisiados de guerra.
En marzo de 1993, Cristiani decretó la amnistía que benefició a muchos militares acusados de diversos crímenes por la Comisión de Verdad, una instancia creada como parte del acuerdo de paz para investigar violaciones de los derechos humanos e identificar a sus responsables. La norma también favoreció a dirigentes del FMLN, que se constituyó en movimiento político legal.
Santamaría fue el jefe de la comisión gubernamental que negoció el acuerdo desde 1990, mientras que Samayoa fue miembro de la contraparte, pero hace más de 10 años abandonó el FMLN y se convirtió en asesor del oficialismo en asuntos de Seguridad Pública y otros.
La audiencia realizada en Washington fue transmitida simultáneamente en un foro que organizó el Comité de Trabajo en Derechos Humanos Promemoria Histórica, cuya concurrencia se expresó indignada cuando los delegados del gobierno insistieron en que, después de 15 años de paz, el proceso era un ejemplo para comunidad internacional.
Durante el foro, denominado "Los incumplimientos al proceso de paz de El Salvador en materia de derechos humanos: Una visión alternativa a la posición del Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", el juez Sidney Blanco consideró que las declaraciones oficiales están alejadas de toda realidad.
Blanco reconoció algunos avances propiciados por el proceso de paz en cuanto a que la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia se realiza de forma más democrática, pero advirtió que todavía está pendiente la edificación de una "judicatura independiente" de presiones externas.
"Quiero desmentir que la ley de Amnistía haya contribuido a la reconciliación; la amnistía es el fracaso del derecho y un obstáculo para la aplicación de la justicia", aseguró.
Varias agrupaciones de defensores de los derechos humanos salvadoreños y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU han demandado la derogación de la amnistía, pero los distintos gobiernos que se sucedieron a Cristiani se han negado.
Luis Alfaro, un comerciante en pequeño de quesos en el mercado de Zacamil, ubicado en las afueras de San Salvador, dijo a IPS que desconfía de las afirmaciones del gobierno, particularmente en lo referido al respeto a los derechos humanos y opinó que la amnistía ha provocado impunidad.
Aunque no niega que la ley podría haber evitado venganzas, dijo que "quedaron muchos casos impunes que tendría que haber sido resueltos, como el (asesinato) de monseñor Oscar (Arnulfo) Romero y la masacre de El Mozote, que se conoce quiénes fueron los responsables", expresó Alfaro.
"El gobierno habla de que hay libertad de expresión, pero está condicionada porque cuando uno se expresa es acusado de izquierdista", sostuvo el comerciante.
El obispo Romero fue asesinado mientras oficiaba misa en marzo de 1980. La Comisión de la Verdad encontró responsable de este crimen a Roberto Dabuisson, el ya fallecido líder ultraderechista fundador de la hoy gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
En tanto que de la masacre de El Mozote, los investigadores aseguraron que fue cometida por el batallón especializado Atlacatl en una zona rural del oriente del país en 1981. Actualmente ambos casos han sido denunciados ante la Comisión de la OEA y se encuentran esperando resolución.
La delegación gubernamental en Washington tuvo que responder también por el caso monseñor Romero. Según un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Ceji), parte querellante de este proceso, "los representantes salvadoreños reiteraron su negativa de aceptar la responsabilidad en el asesinato".
Esta posición se reiteró pese a que "la Comisión declaró en 2000 al Estado responsable por la violación del derecho a la vida del arzobispo y por la falta de investigación de estos hechos", además de adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de Amnistía General, asevera Cejil en su comunicación.
En el foro, el procurador adjunto de Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, se refirió a los acuerdos de paz como un propósito para fundar una nueva nación y que se deben cotejar con la realidad 15 años después, la cual no coinciden con lo dicho por los representantes gubernamentales.
Menéndez Leal se preguntó si El Salvador vive la democracia que el gobierno repite en foros internacionales. Seguido afirmó, que "esta es una democracia mercantilista y sujeta a poderes externos, es una democracia entre comillas y en minúsculas".
El procurador manifestó que sigue pendiente el esclarecimiento de la verdad, el establecimiento de justicia y la reparación a las víctimas porque a éstas nunca se les pidió perdón.
"La ley de Amnistía es el monumento a la impunidad", aseguró el funcionario.
Alicia García, del Comité de Madres de Detenidos y Desaparecidos Políticos (Comadres) y activista de derechos humanos por más de 25 años, manifestó que lo expresado por los Santamaría y Samayoa daba "vergüenza".
Mientras García demandaba al Estado salvadoreño que pidiera "perdón al pueblo por todo el daño que le han hecho", una voz del público gritó: "Ayer (el fallecido dictador chileno Augusto) Pinochet, mañana (Francisco) Helena Fuentes", nombre de un coronel retirado acusado por varias organizaciones de derechos humanos de crímenes de guerra.
El protagonista del grito y otro hombre sostenían un letrero pequeño que se preguntaba: "¿Quiénes dieron la orden de asesinarlo?". Junto a la leyenda estaban las fotografías de monseñor Romero y Dabuisson.
García, cuyo testimonio de secuestro y tortura con ocho meses de embarazo hasta hacerla abortar ha recorrido varios países, sostuvo que como madre de un "desaparecido y un asesinado (durante la guerra civil) me siento ofendida por esas declaraciones". "Aquí no hay justicia por lo que debemos luchar contra la amnistía", puntualizó.
