La justicia chilena ordenó este jueves la detención de la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, de sus cinco hijos y de otros 17 civiles y militares, imputados de malversar fondos públicos. La decisión mereció aplausos del oficialismo y de activistas de derechos humanos, junto a críticas de la derecha.
El juez Carlos Cerda dictó el procesamiento con prisión de 23 personas, entre ellas a Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Pinochet y a la madre de ellos, Lucía Hiriart.
La resolución "es una grata sorpresa", considerando "que el Poder Judicial ha hecho hasta lo imposible por liberar a Pinochet, a su familia y a su círculo más cercano de la enorme cantidad de procesos que pesan en su contra", dijo a IPS la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
"El Poder Judicial tiene una deuda con Chile", aseguró Pizarro, quien valoró "la incuestionable ética y labor desarrollada por el ministro" en el llamado caso Riggs y otros, por lo que espera que otras instancias judiciales sigan su ejemplo.
El entorno de Pinochet, el dictador chileno de 1973 a 1990 fallecido en 2006, y algunos parlamentarios de la oposición derechista interpretaron la orden del juez como una cortina de humo lanzada para sacar de primera plana la caía de popularidad de la presidenta Michelle Bachelet y los cuestionamientos que enfrenta su gobierno.
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Comentarios que fueron rechazados enfáticamente por el portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber.
En la sede del parlamento, legisladores del cogobernante Partido Socialista (PS) entonaron el himno nacional en señal de celebración. "Por fin tengo una enorme satisfacción de ver que estamos terminando con la impunidad que siempre ha rodeado al caso Pinochet y su familia", dijo a la radio local Cooperativa la diputada socialista Isabel Allende, una de las hijas de Salvador Allende, el presidente izquierdista derrocado a sangre y fuego por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Poco antes, la presidenta Bachelet recordó que en Chile nadie está por encima de la justicia, lo cual fue reafirmado posteriormente por su ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien descartó que el gobierno centroizquierdista de la Concertación por la Democracia fuera a tomar alguna medida especial para favor de los detenidos.
En 2004, una comisión del Senado de Estados Unidos denunció que existían al menos 125 cuentas ocultas a nombre de Pinochet, de otros miembros de su familia o con 10 falsas identidades en el Banco Riggs, de ese país norteamericano, y en otras entidades financieras de Europa y el Caribe.
De inmediato se inicio una investigación en Chile, que en octubre de 2005 pasó a manos del juez Cerda.
A mediados de 2006, la defensa de Pinochet interpuso un recurso de implicancia, acusando a Cerda de parcialidad, lo cual lo dejó fuera del caso por más de un año. Pero hace dos semanas la Corte Suprema rechazó el recurso, habilitándolo para seguir las indagatorias.
En ese marco de prosecución del caso, el magistrado dicto este jueves el enjuiciamiento y prisión preventiva, además de la familia de Pinochet, de su ex albacea, Oscar Aitken, de su ex secretaria personal, Mónica Ananías, su ex abogado defensor, Ambrosio Rodríguez, y del ex diplomático Patricio Salvador Madariaga.
En la lista de militares se destacan los generales en retiro Jorge Ballerino y Guillermo Garín, ambos estrechos colaboradores de la familia Pinochet.
Los otros uniformados son Ramón Castro, Héctor Guillermo Letelier, Juan Fernando Romero Riquelme, Gustavo Collao, Gabriel Vergara, Eduardo Fernando Castillo, Sergio Marcelo Moreno, José Hernán Sobarzo Poblete y Jaime Enrique Lepe.
Asimismo, entre los procesados figuran dos militares en servicio activo, los coroneles Juan Ricardo Mac-Lean y Mortimer Humberto Jofré.
Según establece el juez en su resolución de 55 hojas, el monto defraudado supera los ocho millones de dólares, aunque el patrimonio detectado en las cuentas en el exterior llega a los 27 millones de dólares.
El dinero habría salido de los "gastos reservados" de la presidencia de Chile y de la Comandancia en Jefe del Ejército entre 1973 y 2003, el cual fue depositado en cuentas en el extranjero y luego reingresado al país.
En su resolución, Cerda realiza una detallada descripción de las fechas y bancos donde se abrieron y cerraron cuentas, los innumerables depósitos y giros, así como los usos dados a los dineros triangulados. El documento señala que "un grupo de personas que durante años tuvo a su cargo fondos de gastos reservados pertenecientes al erario nacional, en depósito, los sustrajo, conducta sancionada (…) con la pena de presidio mayor en su grado medio, multa, inhabilitación absoluta temporal e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos".
Pinochet falleció a raíz de un paro cardiaco a los 91 años en diciembre de 2006, cuando aún no se había dilucidado su situación judicial.
Los dineros defraudados "se convirtieron en propiedades, construcciones, pagos de salarios a obreros y operarios por labores de índole privada de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su entorno", añade la resolución.
También se usaron "en explotación agrícola, sustento de parientes y cercanos, aportes a CEMA Chile, libros, estatuas o bustos de Napoleón Bonaparte, sastrería, arriendo de cabañas turísticas, audífonos, vestuario, relojes, calzado, gastos médicos, kinesiología (…) atlas, repuestos de lapiceras, buzos deportivos y variados otros destinos de naturaleza personal, sin contar, conforme dicho, con lo conservado en el extranjero".
Se estableció que las mujeres procesadas serán recluidas en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago (CPF), ubicado en la comuna de San Joaquín, en la zona sur de la capital, con excepción de la viuda de Pinochet, de 84 años, quien sufrió un descompensación y fue traslada al Hospital Militar.
Los civiles serán llevados al penal de alta seguridad Santiago 1 y a la ex Penitenciaría, en el centro de la capital, y los uniformados a dependencias militares.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el senador socialista Jaime Naranjo, dijo que el fallo "es una decisión oportuna que no solamente habla bien del ministro Cerda en el sentido de dejarse amedrentar por las presiones indebidas que hubo para sacarlo del caso. Todo sabemos cómo se trató de dilatar este proceso".
En tanto, el abogado de Lucía Hiriart, Pablo Rodríguez Grez, indicó que recurrirá el fallo "con el objeto de que esto sea sancionado de manera ejemplar, porque no es posible que en Chile ocurran situaciones de esta naturaleza" en referencia a la celeridad con que actuó el juez luego de más de un año alejado de la investigación.
Los abogados defensores de los procesados presentarán recursos de amparo con el fin de impugnar la resolución. (FIN/IPS/de/dm/ip hd/sl la/07)
