Los pueblos originarios de Canadá no cejan en su batalla contra las compañías mineras y madereras que explotan los recursos del bosque boreal Grassy Narrows, a través de concesiones de las autoridades provinciales de Ontario.
Asubpeeschoseewagong es el nombre indígena del lugar, que se encuentra 80 kilómetros al norte de Kenora, Ontario. La tribu ojibway tiene un millar de miembros y tradicionalmente han poblado un área de unos 4.000 kilómetros. Casi la mitad de la comunidad todavía vive de la caza y recolección de frutos silvestres.
Los miembros de la comunidad dicen que 50 por ciento de sus tierras ya han sido taladas por compañías madereras multinacionales y que las licencias que acaban de otorgarles las autoridades de Ontario les permitirán continuar haciéndolo por 25 años..
"También se otorgan permisos de explotación minera, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre derechos de la tierra" de los pueblos originarios, dijo a IPS John Cutfeet, miembro de una comunidad cercana a Grassy Narrows.
Entre las naciones aborígenes de Grassy Narrows rige un tratado que les reconoce desde 1873 el derecho del pueblo anishnaabe a la caza y la pesca en la zona.
Hace poco, la Corte Suprema dictaminó que es deber del gobierno debatir en profundidad con los grupos nativos antes de emprender proyectos que tengan impacto en sus tierras.
A principios de septiembre, el gobierno de Ontario designó a un ex miembro del máximo tribunal, Frank Iacobucci, para facilitar un proceso de negociación y formular recomendaciones para resolver el problema. Se estima que el diálogo comenzará en noviembre.
"Las compañías están perforando sin respetar la ley", dijo Cutfeet. "Prácticamente no hubo consultas con nuestra gente. El gobierno y las compañías tienen una presencia ilegal en nuestro territorio."
La comunidad de Grassy Narrows sufrió diversos traumas a lo largo de los años, incluida la asistencia forzosa a las ya desaparecidas escuelas de internado, desplazamiento de las áreas donde vivían tradicionalmente, inundación de sus sitios sagrados y cementerios por la construcción de represas y la tala de sus bosques.
Una papelera contaminó con mercurio los ríos y creó graves problemas de salud a largo plazo.
Los pueblos indígenas tienen una menor esperanza de vida, mayor mortalidad infantil, viven más hacinados y en peores viviendas, reciben peor educación y sufren más el desempleo que otras comunidades raciales y culturales de Canadá. Asimismo, se encuentran al frente de las estadísticas de suicidios, alcoholismo y abuso familiar.
"Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones han verificado la existencia de los problemas en Grassy Narrows", dijo a IPS Brant Olson, del Proyecto de Acción sobre la Selva Tropical.
"El contexto histórico y político es grave a causa de la actividad maderera. Desde mediados de los años 60, grandes áreas de la comunidad han quedado inhabitables, hubo problemas sanitarios y el desempleo llegó a 25 por ciento", agregó.
"Esto llevó a que el grupo de Grassy Narrows llamara a una moratoria en la explotación del área. Nosotros queremos asegurarnos de que los compradores de la madera la respeten. La comunidad no confía en las compañías", sostuvo Olson.
Jim Loney, miembro del Equipo de Pacificadores Cristianos, que tiene una delegación en la región, dijo a IPS que el área donde los grupos originarios cazaban, colocaban sus trampas y pescaban había sido talada por la compañía Abititi-Consolidated.
En diciembre de 2002, miembros de la comunidad, entre ellos estudiantes de escuelas secundarias, organizaron un bloqueo para detener la tala de árboles.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil han brindado desde entonces apoyo político al bloqueo y alertaron a la Organización de las Naciones Unidas.
"Se hizo mucho para educar al público, construir alianzas y generar solidaridad con la comunidad de Grassy Narrows", indicó Loney.
El mes pasado, grupos aborígenes y ambientalistas desplegaron una bandera con forma de flecha, de 75 metros de largo, en el jardín de la legislatura de Ontario, para exigir sus derechos sobre la tierra
Según Loney, el gobierno provincial y el nacional deben honrar sus compromisos y responsabilidades con los pueblos de las primeras naciones y consultarlos respecto del uso de sus tierras.
A medida que las compañías mineras y forestales avanzan con sus proyectos de desarrollo crece la preocupación para generar una instancia de mediación creíble en esta disputa por la tierra.
Representantes de las primeras naciones describen cómo esos proyectos degradan la tierra, interfieren con prácticas culturales tradicionales y los priva de derechos que les garantiza la Constitución canadiense.
"Tenemos la obligación de proteger la tierra, nuestra cultura y forma de vida para nuestros hijos y nuestros nietos", dijo Judy Da Silva, de la comunidad de Grassy Narrows.
