En un proceso emblemático para las organizaciones de derechos humanos, un tribunal de Pará, noroccidente de Brasil, confirmó la sentencia del asesino confeso de la monja estadounidense Dorothy Stang, una activista que dos décadas atrás anticipaba la lucha en la que se entrecruzan la problemática agraria y ambiental.
Rayfran das Neves Sales había sido condenado a 27 años de prisión en mayo. Pero, como la sentencia fue superior a 20 años de reclusión, la ley le dio derecho a reclamar un nuevo juicio.
El jurado de Belém, capital de Pará, tomó la decisión por unanimidad en la medianoche del lunes, después de 14 horas de proceso, confirmando al reo como ejecutor de la muerte de Stang, de 73 años, el 12 de febrero de 2005.
Stang, que ayudaba a los campesinos a luchar por sus derechos ante los intereses de los grandes hacendados y empresas madereras de esa región amazónica, fue asesinada a balazos en Anapú, una pequeña localidad en la que fue misionera durante 23 años.
Para Aton Fon Filho, abogado asistente de la parte acusatoria, si bien el castigo fue ejemplar incluso por la celeridad procesal, poco habitual en Brasil, todavía se trata de un caso "aislado".
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El abogado, integrante de la no gubernamental Red Social de Justicia y Derechos Humanos, atribuyó esa rapidez a que el crimen se cometió en la misma época en que entró en vigor en Brasil una enmienda constitucional que autorizó a juzgar los delitos de derechos humanos en tribunales federales.
"Eso hizo que hubiera interés en mostrar más competencia" para resolver el crimen, opinó el abogado, aunque sin desmerecer el resultado del proceso.
Das Neves confesó que efectuó seis disparos contra Stang, quien en el momento del atentado, en un lugar solitario de la región amazónica, llevaba apenas una Biblia en la mano.
El reo negó en cambio haber sido contratado para matarla, como había declarado inicialmente, y justificó el móvil en que se sentía "amenazado" por la víctima.
Para la fiscalía, esto fue apenas un intento de salvar a los responsables intelectuales del crimen.
Das Neves había acusado al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura de haberle pagado el equivalente a unos 25.000 dólares y de haberle entregado el arma para matar a la monja, junto con otro propietario rural, Regivaldo Pereira Galvão. Ambos aspectos fueron confirmados por el tribunal.
"El hecho de haber sido condenado de forma tan rápida fue realmente una novedad en la justicia brasileña, porque en los últimos años, fueron asesinados 1.600 trabajadores rurales y no hay sentencia para la mayoría de ellos", dijo a IPS Marina dos Santos, integrante de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
Dos Santos atribuyó este desenlace al hecho de que la religiosa no era brasileña y a la repercusión internacional que adquirió el caso, aunque "en el Estado brasileño no es regla el castigo ni de los mandantes de los crímenes ni de sus ejecutores".
"Sería vergonzoso para la justicia brasileña que este caso no recibiera punición", consideró la dirigente del MST, que lucha por la reforma agraria.
El juez Raymundo Alves, que encabezó el tribunal, consideró como agravantes que la víctima era una anciana sin posibilidad de defensa y que se trató de un homicidio doblemente calificado ejecutado por "motivos torpes" (la promesa de una recompensa).
Moura fue condenado en un primer juicio a 30 años de prisión. Pero el nuevo proceso al que tenía derecho y que también iba a celebrarse esta semana, fue postergado hasta nuevo aviso por solicitud de sus abogados.
Anteriormente también habían sido condenados dos cómplices de Das Neves, a penas de 17 y 18 años de prisión.
El otro hacendado más poderoso, Galvão, acusado de ser uno de los instigadores del asesinato, aguarda un juicio que aún no tiene fecha prevista. Stang trabajaba en Anapú, ayudando a los pequeños agricultores en proyectos de desarrollo sostenible y contribuyendo a movilizarlos contra la tala ilegal de madera por parte de grandes hacendados de esa área, lo que le valió varias amenazas de muerte.
Su militancia se inició cuando los madereros comenzaron a atraer a los campesinos para llevar a cabo su negocio, lo que la convirtió en uno de los principales enemigos de de los sectores económicos más poderosos de la región, históricamente acostumbrados a resolver los problemas agrarios con sus propios métodos, según Dos Santos.
"Dorothy, así como otros tantos trabajadores y dirigentes políticos asesinados en Brasil, era un símbolo de la lucha por la tierra, la reforma agraria y la preservación del ambiente, en especial en la región en la que actuaba, donde hay muchos conflictos madereros", subrayó Dos Santos.
Según la católica Comisión Pastoral de la Tierra, 3,5 por ciento de los grandes propietarios concentran en Brasil casi 60 por ciento de las mejores tierras para el cultivo, mientras que 40 por ciento de pequeños campesinos ocupan apenas uno por ciento.
Pero ahora, según Dos Santos, esa injusta distribución se suma a otro tipo de conflictos agrarios y ambientales, como la presencia de empresas transnacionales en la Amazonia y en otras regiones de este país, que "aumentan cada vez más la disputa por la tierra".
En ese renglón mencionó el conflicto "grave" que tuvo lugar el domingo en Cascabel, en el sureño estado de Paraná.
Allí, según el MST, un grupo de 40 pistoleros mandados por Syngenta Seeds, división de la corporación europea del agronegocio, atacaron un campamento que esa organización había instalado en un predio experimental de la empresa.
Resultaron muertos el dirigente Valmir Mota, del MST, según esta organización ejecutado a quemarropa con dos tiros en el pecho, y un hombre de la seguridad de Syngenta, además de ocho heridos. La policía dice que unos y otros responderán por las muertes.
El área había sido ocupada por el MST en marzo del año pasado para denunciar el cultivo ilegal de semillas transgénicas de soja y maíz.
En un comunicado, Syngenta lamentó lo ocurrido y señaló que "la política global de la compañía determina que no se use la fuerza o armas para proteger sus unidades".
"El gran desafío del MST y de todos los movimientos sociales y que luchan por la tierra es este modelo impuesto en nuestro país, un modelo que prioriza a las empresas que depredan el ambiente y que perjudican a las poblaciones locales", destacó Dos Santos.
Al problema por la tierra se suma la defensa de la biodiversidad, amenazada por los cultivos genéticamente modificados, agregó. "Como en Pará, es cada vez más común en todo el país la presencia de milicias armadas que defienden los intereses del agronegocio", dijo.
Con esa opinión coincide Fon Filho. El caso Stang es "emblemático" porque representa "no sólo cuestiones como la lucha por la tierra, los conflictos agrarios y la falta de presencia del Estado en la reforma agraria", sino también la cuestión ambiental.
Existe un "enfrentamiento entre madereros y hacendados que derrumban selvas para tierras de pasturas, y organizaciones que impulsan proyectos de desarrollo sustentable que buscan la convivencia de la selva con la presencia del hombre", argumentó.
"Dorothy ya se anticipaba simbólicamente como una representante de esta nueva lucha, no sólo como defensora de derechos humanos o políticos, sino también sociales, culturales y ambientales", alegó.
Fon Filho y Dos Santos esperan que el fallo sirva para acelerar otros procesos pendientes en Pará, donde "todavía viven trabajadores en situación de esclavitud", recordó el abogado.
Tras el asesinato de Stang, lejos de disminuir, este tipo de crímenes aumentaron en el campo.
Para Fon Filho, la verdadera solución implicaría que el gobierno "no privilegiase a los grandes hacendados, sino que tuviera en cuenta la agricultura familiar, y que no esté preso de los grandes proyectos de los agroexportadores", que estimulan la expansión de conflictos.
*/Atención Editores. Esta nota corrige el apellido de la coordinadora del MST, Marina dos Santos, citado en varios párrafos del despacho transmitido a la hora 16:44 GMT/.
