Organizaciones sociales de Perú han unido esfuerzos para salvar el río Mantaro, que agoniza a causa de los pesticidas, aguas residuales y desechos de la actividad minera que se vuelcan en su cauce.
El Mantaro, que corre en la sierra central de este país a una altitud que varía de los 4.300 a los 3.400 metros sobre el nivel del mar, es una de las principales fuentes de agua para riego y generación de energía eléctrica.
Pero arrastra una carga de metales pesados como cobre, hierro, plomo y zinc, según estudios de organismos estatales y no gubernamentales. Lo amenazan no sólo las explotaciones mineras, sino también la intensa producción agrícola de la zona.
Desde julio de 2006, organizaciones sociales de las seis provincias que el moribundo río atraviesa intentan revertir la situación. Activistas de Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín y Yauli-La Oroya han lanzado la campaña "El Mantaro revive".
El proyecto contempla el control de la cuenca, tanto en lo que se refiere al agua como al suelo y el aire, con la asistencia de la estadounidense Universidad Saint Louis de Missouri, el cuidado de la salud y la educación ambiental de las poblaciones ribereñas afectadas y la instalación de mesas de diálogo para acordar una agenda común.
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Los resultados de los estudios de control se conocerán en unas pocas semanas, a partir de la firma de convenios con instituciones gubernamentales que avalen los resultados y que, sobre todo, se comprometan a tomar medidas para solucionar el problema.
La cuenca del Mantaro alberga 17 explotaciones mineras en actividad, además de decenas ya abandonadas que causan un grave daño ambiental y a la salud de las personas, según el Ministerio de Energía y Minas.
Además, cerca de él se encuentra la planta metalúrgica de la compañía estadounidense Doe Run, responsable por la contaminación de la ciudad andina de La Oroya y la alta concentración de plomo en la sangre de sus habitantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano el 31 de agosto la aplicación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de La Oroya.
El agua del Mantaro, según un estudio de la Dirección General de Salud Ambiental, realizado entre enero y marzo de este año, sobrepasó los límites aceptables de plomo y coliformes termotolerantes, bacterias de origen fecal.
El análisis detectó 0,37 microgramos de plomo por litro de agua, cuando el máximo aceptable, según las normas nacionales, es de 0,1. La concentración de coliformes supera en ocho veces el tope tolerable, a consecuencia de las aguas residuales y la basura que se arrojan al río.
Un estudio de 1997, a cargo de consultoras internacionales por pedido del Ministerio de Energía y Minas, indicó que la concentración de metales pesados en el río superaba los límites permitidos tanto por Perú como por las normas ambientales del Banco Mundial.
En 1999, un informe de la Contraloría General de la República, basado en 17 auditorías realizadas ese año, advirtió sobre la pérdida de una cadena de lagunas y el daño a la biodiversidad de la cuenca por la descarga de aguas ácidas y el depósito de desechos de la actividad minera.
Según ese estudio, se generaron "cambios severos en los ecosistemas adyacentes, pérdida de flora, fauna y del recurso agua, y riesgo potencial de afectar aguas subterráneas".
A eso debía sumarse, advirtió el documento, "la polución ácida que se dispersa por efecto de los vientos, degradando los suelos y pastos".
Casi nada cambió desde entonces.
En 2006, un informe de la no gubernamental Unión para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Yauli-La Oroya (UNES), destacó que "los vertimientos líquidos de la actividad minera continúan afectado la calidad de las aguas del río Yauli (que forma parte de la cuenca del Mantaro), no siendo aptas para su uso para riego y bebida de animales".
Uno de los puntos más críticos sigue siendo la zona del túnel Kingsmill, construido para eliminar las aguas de las minas y extraer los metales de los yacimientos. La UNES indica que el Mantaro recibe por esa vía cobre, hierro, zinc y sólidos totales en suspensión.
La compañía Perú Copper, a pedido del gobierno, se encuentra corrigiendo un estudio de factibilidad para construir una planta de tratamiento de estas aguas ácidas.
"El Mantaro en realidad nace muerto", dijo a IPS el secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de Huancayo, Washington Mori. El lago Junín en Cerro de Pasco, que da origen al Mantaro, es el depósito de desechos mineros que marcan el inicio de esta cadena de contaminación.
La contaminación del aire resulta también alarmante, porque según el gubernamental Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conam) la chimenea principal del complejo metalúrgico de Doe Run lanza a la atmósfera en promedio 1,5 toneladas de plomo por día.
Además, la planta expulsa 810 toneladas de dióxido de azufre cada 24 horas, más de cuatro veces el nivel máximo permitido por la legislación peruana, según el Ministerio de Energía y Minas.
El Conam sostiene que la fundición es causante de 99 por ciento de los gases tóxicos que respiran los pobladores de La Oroya y que a su vez ocasionan graves enfermedades respiratorias y deficiencias de aprendizaje en los niños.
Estudios de la no gubernamental CooperAcción en 1999 y 2003 y de la Universidad de Saint Louis en 2005 revelaron que la mayoría de los menores de seis años de edad tenían más de 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mg/dcl), cuatro veces más de los 10 mg/dcl que establece como límite la Organización Mundial de la Salud.
"Por esta situación y debido a la ausencia de monitoreos permanentes, decidimos generar estos estudios técnicos para conocer la verdadera dimensión del problema y empezar a afrontar el reto", señaló a IPS la ingeniera Paula Meza, directora de "El Mantaro revive".
También se preparan papillas nutritivas para 1.600 niños con altos niveles de plomo en sangre y se les entregan dosis de vitamina C, para aminorar los efectos nocivos.
Las mesas de diálogo con dirigentes vecinales y autoridades locales en las seis provincias ribereñas del Mantaro, para discutir una agenda que contribuya a afrontar el problema y sea considerada por las autoridades del gobierno central, es otro aspecto clave.
El 27 de septiembre se logró establecer una de estas mesas en Yauli-La Oroya. Fue un logro, a causa de la poca aceptación a iniciativas ambientales por el respaldo mayoritario que goza Doe Run, motor de la economía local.
"El Mantaro revive" cuenta con un presupuesto de 1,32 millones de dólares para su año y medio de funcionamiento, provenientes del Fondo Ítalo Peruano, además de una contrapartida de otros 500.000 que aporta la Iglesia Católica.
"Quedan muchas cosas pendientes, pero nos damos cuenta de que organizados podemos hacer algo desde la sociedad fortaleciendo capacidades locales. El mayor problema sigue siendo la falta de apoyo a nivel político", señaló Meza.
Sin embargo, esto no debe significar que estas iniciativas tengan que "reemplazar las obligaciones del Estado, porque hay que tener claro que son esfuerzos complementarios", destacó el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Junín, Iván Lanegra.
Éste es uno de los funcionarios más comprometidos con la campaña contra la contaminación en la zona y considera que uno de los mayores obstáculos es "un esquema nacional fragmentado y por lo tanto también de responsabilidades en el tema social y ambiental".
"Planteamos una figura más centralizada, mediante la articulación de actores nacionales y regionales. Por ejemplo, deberíamos tener un real organismo ambiental independiente, en el que los gobiernos regionales sean los brazos operativos de la fiscalización", concluyó. (FIN/IPS/ms/jsp/la en he cs dv md pr pn sl/07)
