Mientras Stalin marchaba en defensa de Nixon, al frente de centenares de estudiantes, autoridades de Venezuela preparaban una ley para impedir que los padres pongan a sus hijos nombres inventados, difíciles de pronunciar en español o extraños.
Fue apenas una casualidad que este año Stalin González, presidente de la Federación de Estudiantes en la caraqueña Universidad Central de Venezuela, dirigiese a quienes se solidarizaron con su homólogo de la Universidad de Los Andes, Nixon Moreno, joven opositor refugiado desde hace meses en la Nunciatura Apostólica.
Política aparte, Venezuela se ha poblado en las últimas décadas de personas llamadas Max Donald, Engelbert, Cleiderman, Eisenhower, Kennedy, Edison y aún Supermán y Hitler, junto a Yesaidú (Yes, I do), Yusnavy (US Navy) y Yusleidy (US Lady), o bien Taj-Mahal, Temutchin o Hochiminh.
Abundan las mezclas de los nombres de los padres, como Yolimar (Yolanda y Mario), Ramcel (Ramón y Celeste), Ligimat (Ligia y Mateo) y Johenry (Josefina y Henry), junto a las menos explicables como Derbinson, Naily, Udemixon y Hemeyer o combinaciones como Hitler Adonis y William del Espíritu Santo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), a cargo de reorganizar el registro civil de Venezuela, preparó un borrador de ley que limita la inscripción y establece que a los bebés no se les podrá colocar nombres "que los expongan al ridículo, sean extravagantes o de difícil pronunciación en el idioma oficial".
Tampoco los que "contengan variantes familiares y coloquiales que denoten una identificación confusa o que generen dudas sobre la determinación del sexo".
El registrador "ofrecerá como referencia un listado de los nombres y apellidos más comunes, emanado de la oficina nacional del Registro Civil".
De la norma "quedan exceptuados los nombres de los niños, niñas y adolescentes de las etnias indígenas del país, así como los nombres de los hijos de los extranjeros, los cuales se adaptarán a sus respectivas culturas", señala el proyecto de ley.
"No veo la utilidad ni la pertinencia de fastidiar a la población con normas para socavar el derecho de cada quien para designar a sus hijos con el nombre que mejor le parezca", dijo a IPS Stalin González, mientras se afanaba en preparativos de asambleas para discutir el proyecto de reforma constitucional propuesto por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
González, estudiante de leyes, cree que en vez de la nueva disposición debe reformarse la norma para permitir el cambio de nombre a las personas que lo deseen, algo vedado en Venezuela desde que se separó el registro civil del religioso hace más de 130 años.
Benito Bello, chofer en las riberas del occidental lago de Maracaibo y padre de Edison, Edinxo y Edicso, dijo a IPS que "la madre y yo somos quienes tenemos derecho a poner el nombre de nuestros hijos. Ningún registrador tendrá mejor criterio que yo".
La cuenca del lago de Maracaibo es la mayor fragua de nombres disonantes con los del castellano común en Venezuela. Sus habitantes son por naturaleza extrovertidos, de hablar fuerte, emplean un "vos" con un toque nasal en vez de "tú' o "usted", y gustan de las formas de trato llanas, directas e informales.
Fascinados por los nombres griegos y latinos para sus varones, desde el siglo XIX los maracaiberos registraron a miles de Virgilios, Eurípides, Euclides, Cástores, Apolonios, Demetrios, Numas y Aristóteles.
Pero fue la industria petrolera la que avanzado el siglo XX pobló sus hogares con nombres ingleses como John, William, Marylin, Richard, Anna, Roland, Grace y Margaret, y luego con combinaciones, derivados y diminutivos.
"El problema no es el derecho de los padres a poner el nombre que deseen a sus hijos, que es básico, sino que sea dentro de ciertos parámetros. Hay nombres que confunden el sexo de los niños o aluden a órganos genitales, lo que es infamante", dijo Juan Carlos Pinto, director del Registro Civil, al presentar el proyecto de ley.
La prensa y las organizaciones sociales mostraron hasta ahora un interés limitado por la nueva ley de registro civil, pero varios medios internacionales publicaron notas sin demasiados miramientos para con los gestores de la nueva normativa.
"Presentar esta propuesta como dirigida a cercenar el derecho de los padres a escoger libremente el nombre de sus hijos es una tergiversación y simplificación del esfuerzo para modernizar el registro", dijo a IPS la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.
El nombre de Lucena era el de la amada del indígena Murachí, combatiente contra los conquistadores españoles en los Andes del sudoeste del país, según una leyenda recogida y popularizada en el siglo XIX por el escritor Tulio Febres Cordero.
El nuevo registro "otorgará un número único de identidad que simplificará el registro de las actividades vitales, automatizará procesos para permitir a los ciudadanos acceder a su información registrada desde cualquier parte del país y permitirá el cambio de nombre por vía administrativa", aseguró Lucena.
"Aunque el artículo polémico, uno entre 190, se hace ver como contrario a la libertad particular de los padres, en realidad garantiza el derecho a la identidad desde el nacimiento y procura preservar el derecho a la dignidad y a la integridad física, psíquica y moral de los niños y las niñas", agregó la funcionaria.
Más aún, dijo Lucena, las listas de nombres se adaptarán a peculiaridades regionales, se ampliarán progresivamente y, por último, sólo se trata de una propuesta, que no descarta trocar la norma en mandato para una campaña educativa, al estilo de la usada por la Iglesia Católica para instar a bautizar a los niños con nombres de su santoral.
El CNE presentó un estudio comparativo que da cuenta de normas incluso más rígidas en países como Argentina, Chile, Ecuador, España, Francia, Panamá, Perú y Suiza.
La propuesta ha cruzado líneas de columnistas en este país políticamente polarizado. Ignacio Ávalos, a menudo benevolente con el gobierno, dio cuenta de "un sofocón principista", pues "me resulta muy duro de tragar que un burócrata sepa mejor que yo con cuál nombre mi hijo debe pasearse por la vida".
En cambio, el joven opositor Alonso Moleiro dijo coincidir con el gobierno "por una vez en la vida: la secuencia de nombres con los que diariamente nos topamos retratan una sociedad con un filamento cultural desechable, un país sin identidad, sin referentes".
Si la ley pasa, deberá ser aprobada por parlamentarios —todos oficialistas, pues la oposición boicoteó la elección para la Asamblea Nacional en 2005— que lucen nombres como Iroshima (sin H inicial), Earle, Desirée, Owee, Nagarith, Briccio y Aristalco.
Su promulgación, además, deberán firmarla ministros que se llaman Willian (con N), como es el caso de Lara, de Comunicación e Información, Yuvirí Ortega, de Ambiente, y Jesse Chacón, Telecomunicaciones e Informática.
