Kirguistán se encamina hacia el crucial referendo de octubre por una nueva Constitución, en medio de fuertes disputas en el marco de un sistema político frágil.
El presidente Kurmanbek Bakiev confirmó que la consulta se realizará el 21 de octubre, después de que presidente del Tribunal Constitucional, Cholpon Bayekova, derogó dos enmiendas de la ley fundamental de 2006 y ordenó volver a la de 2003.
El tribunal emitió ese dictamen tras la apelación de los legisladores Kabay Karabekov y Melis Eshimkanov. Según ellos, los cambios a la ley fundamental sólo pueden hacerse mediante consulta popular y no en el parlamento como se hizo el año pasado.
"La decisión del Tribunal Constitucional se basa en la violación de los procedimientos legales hecha por la Jogorku Kenesh (parlamento kirguiso), cuando los diputados votaron las reformas", dijo a IPS el decano de la estatal Academia de Justicia, Jyldyz Sargaldakova.
De acuerdo con la Constitución de 2003, los 75 legisladores se eligen por voto directo.
La reforma de 2006 prevé que 50 por ciento de los representantes se elijan mediante listas partidarias y la otra mitad en forma directa. Esta es la disposición que ahora Bakiev quiere legitimar mediante un referendo.
"La sociedad kirguisa necesita el nuevo sistema político, reformar la Constitución y una nueva forma de elegir el parlamento", sostuvo Bakiev. "Es hora de elegir a los legisladores en base al sistema de partidos, que todos sus miembros sean responsables no sólo frente al electorado, sino ante su partido político".
La reforma de 2006 dispuso que el nuevo gobierno se forme con los partidos que obtuvieron la mayoría en el parlamento. El líder de la mayor agrupación será designado primer ministro.
Bakiev anunció también que creará un nuevo partido político y se espera que obtenga la mayoría en los próximos comicios. También indicó que no puede aceptar el parlamento actual, por lo tanto se espera que lo disuelva tras el referendo y llame a nuevas elecciones.
El presidente insistió en que quiere que el nuevo parlamento se centre en asuntos económicos y a legislar, dejando de lado la actuación político-partidaria, "porque es lo que a la gente le sirve".
Varios legisladores tienen dudas acerca de la iniciativa de Bakiev.
"La Constitución de 2003 prevé que el presidente puede disolver el parlamento si no puede resolver las dificultades del gobierno", señaló el diputado Omurbek Tekebaev. "Pero actualmente no tenemos un gobierno legal porque sus integrantes, salvo el primer ministro, no recibieron apoyo del Poder Legislativo", apuntó.
Muchos funcionarios sostienen que Bakiev impulsa los cambios porque el parlamento actual se interpuso en sus decisiones. También señalan que impulsa los cambios y promueve un referendo para ganar más poder.
"Varias veces anunció que iba a disolver el parlamento, porque los diputados están en contra de sus propuestas", afirmó Tekebaev. Algunas tienen que ver con privatizaciones, promovidas por el mandatario en especial en el sector energético, lo cual fue enfrentado con dureza por legisladores de oposición.
Hay otras voces que se alzan contra la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional y del referendo, promovido por el presidente.
"La decisión del Tribunal Constitucional no es legal porque algunos de sus miembros fueron designados hace unos pocos meses por el parlamento de acuerdo con la ley fundamental ahora derogada por ese tribunal", sostuvo el legislador Bolot Sherniyazov.
Asimismo, no hay ningún sustento legal para que el presidente llame a realizar un referendo.
La ciudadanía de este país de Asia central, con cinco millones de habitantes, parece estar perdiendo la paciencia con ese tipo de argumentos acerca de la legalidad de los procedimientos.
Las personas están más preocupadas por la inflación, que según cifras oficiales está en ocho por ciento anual, quenque analistas independientes elevan ese indicador hasta cerca de 50 por ciento.
En agosto, el primer ministro, Almaz Atambaev, anunció la liberación de trigo de las reservas estatales para controlar el precio del pan.
