Las autoridades judiciales de Perú están listas para iniciar de inmediato los siete procesos por crímenes de lesa humanidad y corrupción contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuya extradición fue dispuesta este viernes por la justicia de Chile.
El presidente del Poder Judicial de Perú, Francisco Távara, afirmó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que encabeza el magistrado César San Martín, se encargará de ventilar los procesos contra Fujimori. El tribunal se completa con Víctor Prado y Hugo Príncipe.
San Martín, Prado y Príncipe cuentan con amplia experiencia en la justicia penal, en materia de violaciones de derechos humanos y de corrupción de funcionarios.
Por su parte, el procurador del Estado del caso Fujimori, Carlos Briceño, señaló que el ex mandatario "no tendrá una cárcel dorada ni tampoco un trato privilegiado", y que estará detenido en una escuela de la policía hasta que "se acondicione un penal apropiado".
"No recibirá trato inhumano o degradante. No será encarcelado en el penal de (presos comunes) Lurigancho, donde hay hacinamiento, promiscuidad, y podría ser afectada su seguridad personal", señaló.
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La fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, informó que el primer proceso que afrontará Fujimori será por haber allanado en 2000 sin autorización judicial la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de su entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, ahora preso.
Fujimori ingresó a esa vivienda el 7 de noviembre de 2000 con la finalidad de apropiarse de centenares de vídeos —conocidos como "vladivídeos"— en los que Montesinos había registrado actos de corrupción con fines de chantaje.
Pocos días después, Fujimori huyó hacia Japón con el preciado cargamento.
"Este caso está fuertemente probado", explicó la fiscal Bolívar. "A Fujimori se le atribuyen los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, ya que penetró en el domicilio de la cónyuge de Montesinos para apropiarse de pruebas que a su gobierno y a él lo comprometían con casos de corrupción".
La fiscal señaló también que el fiscal Pablo Sánchez se encargará de revisar todas las apelaciones que presente la defensa de Fujimori durante los procesos por los siete casos por los que la Corte Suprema de Chile otorgó este viernes la extradición de Fujimori, residente en ese vecino país desde 2005.
Sánchez es el artífice de la acusación contra Fujimori respecto de sus vínculos con el grupo paramilitar Colina, constituido por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) acusados de los asesinatos de 15 personas en Barrios Altos, en 1991, y de 10 personas en la Universidad de La Cantuta, en 1992.
Sánchez proveyó testimonios y evidencias de que el ex presidente conocía perfectamente a los cabecillas de ese "escuadrón de la muerte", porque antes de los asesinatos los había condecorado y ascendido de grado.
Además, el fiscal fue quien llevó adelante la investigación sobre el contrabando de armamento de Jordania para las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organizado por Montesinos.
Por ese delito, el ex asesor presidencial fue condenado a 20 años de prisión, la pena más dura que ha recibido hasta el momento. Si la Corte Suprema de Chile lo autoriza, Fujimori también podría ser enjuiciado por su papel en ese ilícito.
A Fujimori lo esperan un grupo de jueces, fiscales y procuradores que han trabajado durante siete años investigando e identificando a los responsables de gravísimos delitos cometidos bajo su régimen.
"Garantizamos el debido proceso y la asistencia legal que requiere el ex presidente Alberto Fujimori para su defensa", dijo Távara.
Mientras, pende de un hilo el futuro de la alianza entre el gobernante Partido Aprista Peruano y el bloque fujimorista en el Congreso legislativo.
El 5 de este mes, el presidente Alan García rompió el silencio que mantenía sobre la extradición de Fujimori desde que fue investido en el cargo, el 28 de julio de 2006, declarándose "convencido de que la Corte Suprema de Chile emitirá una resolución satisfactoria para el Perú, y así proceder al enjuiciamiento de esa persona en nuestro país".
Para reemplazar el respaldo de los 13 legisladores fujimoristas, que le otorgaba mayoría parlamentaria, el partido de gobierno ha fortalecido su relación con 11 de los 20 representantes de la Unión por el Perú (UPP), que había postulado a la presidencia al nacionalista Ollanta Humala.
Los familiares de las víctimas de los crímenes atribuidos a Fujimori se declararon satisfechos por el fallo de extradición del máximo tribunal chileno.
"Mi lucha no fue en vano. Ver preso a Fujimori junto a su compinche Montesinos no era un sueño. Pronto estarán juntos y encarcelados. Ahora sí voy a alzar mi cabeza hacia el cielo", dijo a IPS Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, uno de los estudiantes asesinados en La Cantuta.
"Siete años después de una lucha intensa, enfrentando no sólo la injusticia sino también la incomprensión y una absurda defensa de los asesinos, estoy feliz. Se hará pronto justicia", comentó a IPS Carolina Huamán, madre de Dora Oyague, otra de las víctimas de La Cantuta.
"Desde que los mataron, en julio de 1992, no tenemos vida. Pero ahora ha llegado, como la luz, la posibilidad de justicia. Ya no soportamos tantas lágrimas, tanto dolor. Queremos que vaya preso Fujimori a la prisión de la Base Naval que él mismo construyó, y donde está encarcelado el asesino Vladimiro Montesinos, su ex asesor", dijo a IPS Celina Pablo, hermana de Heráclides Pablo, otro de los estudiantes muertos.
"Hemos sido bendecidos", afirmó a IPS Gisela Ortiz, hermana del estudiante Enrique Ortiz, asesinado por los agentes de inteligencia del ejército. "Ahora le toca a la justicia peruana castigar como corresponde, aplicando la ley severamente, a un hombre que aprobó una espantosa matanza y que nunca quiso afrontar a los tribunales. Ya era hora".
Para Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos que patrocina a víctimas y familiares, la extradición es un fallo histórico que servirá para iniciar otros procesos por violaciones de los derechos humanos.
"Es el momento de que las autoridades judiciales protejan a los familiares y a los testigos que han declarado durante el juicio, porque todo este tiempo de injusticia han sido víctimas de amenazas", dijo Cano a IPS.
"Es la primera vez que se extradita a un ex presidente por violación de derechos humanos. El fallo confirma que existen razones para imputar a Fujimori el conocimiento y aprobación de los crímenes cometidos por el grupo Colina", dijo a IPS el ex procurador Ronald Gamarra, uno de los promotores de los procesos.
Poco después de conocer el veredicto, Alberto Fujimori trató de subestimarlo en una entrevista con la emisora Radioprogramas de Perú.
"Voy a enfrentar los hechos y saldré airoso. Para mí es la oportunidad del retorno, de reencontrarme con el pueblo", dijo.
