Con la aprobación este jueves del nuevo Estatuto de los Periodistas, el parlamento unicameral de Portugal incorporó restricciones a la libertad de información inexistentes en los demás países de la Unión Europea (UE).
La iniciativa del gobernante Partido Socialista (PS), del primer ministro José Sócrates, obliga a los periodistas a revelar sus fuentes en casos en que sea exigido por un juez que aplique la ley de proceso penal para "descubrir la verdad" y estipula un prontuario judicial de sanciones disciplinarias a los informadores.
El nuevo estatuto fue sufragado favorablemente por la mayoría absoluta con que el PS cuenta en el hemiciclo del palacio de São Bento. La oposición en bloque, formada por dos partidos de izquierda y dos de derecha, lo hizo en contra, tras declaraciones de voto en las que unánimemente advirtió sobre el apetito del gobierno por controlar a la prensa.
Al concluir la votación al final de la tarde de este jueves, la oposición no escatimó en críticas al PS, que rechazó todas las propuestas de alteración presentadas por el Partido Comunista, los Ecologistas-Verdes y por los ex trotskistas del Bloque de Izquierda (BE, por sus siglas en portugués) y desestimaron la critica global de los partidos de derecha.
Con este decreto del Estatuto de los Periodistas, los socialistas muestran que quieren "controlar y condicionar" la comunicación social, expresó el diputado Agostinho Branquinho, portavoz del Partido Socialdemócrata, el mayor de la oposición, de orientación conservadora pese a su nombre.
El diputado comunista Bruno Dias estimó que "esta ley configura un ataque a la libertad de prensa", al tiempo que Fernando Rosas, del BE, lamentó la existencia de "asuntos nocivos en el nuevo Estatuto de Periodistas".
Para la derecha nacionalista del Centro Democrático Social, el decreto aprobado se encuadra en "una ofensiva deliberada del gobierno socialista sobre la comunicación social, una verdadera fiebre del PS en relación a la libertad de prensa".
El Sindicato de Periodistas advirtió, por su parte, que "el decreto contiene normas inaceptables que limitan la libertad de expresión y ponen en un brete no sólo los derechos y garantías de los periodistas, sino también los del público".
Francisco Teixeira da Mota, abogado especialista en defensa de la libertad de expresión y columnista del influyente matutino Público de Lisboa, dijo a IPS no tener dudas: "es el reglamento de conducta profesional más duro de la UE, donde Portugal se distingue como el único país miembro con sanciones contra los periodistas".
En Italia, añadió, "existen también sanciones a los periodistas, pero de un organismo que no es externo, sino la Ordine dei Giornalisti (Colegio de Periodistas), una asociación fundada y dirigida por la propia clase profesional, sin ninguna intervención del Estado".
En Portugal, el ejercicio de la profesión es regulado por la Comisión de la Credencial Profesional de Periodista (CCPJ, por sus siglas en portugués), presidida por un juez, por tres periodistas y tres representantes de las empresas de comunicación social, "un híbrido donde los periodista están en minoría", apuntó Teixeira da Mota.
El decreto fue aprobado en su segunda versión, ya que la primera, presentada por los socialistas el 3 de agosto, fue vetada por el presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco e Silva.
En debate, estaban cuestiones tales como los derechos de autor, cuya nueva versión aprobada este jueves autoriza modificaciones en los trabajos de los periodistas sin su consentimiento y legaliza su apropiación por parte de empresas y grupos económicos.
En el documento enviado al parlamento en agosto, Cavaco Silva colocó varias interrogantes sobre si la ley de los socialistas no podría ser interpretada como una limitación a los informadores.
El PS aceptó tres de las sugerencias del presidente. La primera es remitir a un juez la clarificación sobre la quiebra del secreto profesional de los periodistas en algunas situaciones donde habría que evitar interpretaciones divergentes "en un dominio particularmente delicado".
En segundo lugar, redujo las sanciones pecuniarias, que el primer mandatario estimó que tienen "un peso que no puede dejar de considerarse excesivo" y, por último, descarta la propuesta inicial de un grado académico universitario para el ejercicio de la profesión.
Consultado por IPS sobre si el nuevo decreto denota un cierto apetito del gobierno por controlar a la prensa, Teixeira da Mota señaló que la intervención del Estado sólo se justifica "a nivel de la concentración de la comunicación social para evitar que atente contra el pluralismo".
En cambio, "para asegurar la pluralidad de la información, no me parece que sea el gobierno ni el Estado los que puedan garantizar su calidad, sino lo que debería hacer es crear las condiciones para que pueda haber una información lo más libre posible". Y en este campo "también hay lugar para el periodismo de escándalo", indicó el jurista.
En su óptica, "al Estado le cabe controlar cosas tales como evitar que las estaciones de televisión trasmitan pornografía por las tardes, obligarlas a que adviertan sobre escenas eventualmente chocantes y asegurar que haya pluralismo". "Pero respecto de los contenidos, toda intervención gubernamental va a caer en un intento de control orientado de la información", dijo.
Teixeira da Mota, quien también se desempeña como abogado de Público, reveló que con frecuencia "los gobernantes llaman por teléfono y presionan, lo cual es particularmente grave, porque el periodista tiene la obligación de aguantar, pero el problema es que esas presiones ya han llegado al nivel de la empresa propietaria del periódico".
"Lo que el Estado no puede pretender es tener sólo noticias puras y verdaderas, ya que así inevitablemente reducirá la libre circulación de la información, porque, si bien es evidente que las críticas pueden ser injustas, en Portugal cualquier crítica a la autoridad pasa a ser crimen, aunque resulte de una pequeña negligencia del periodista", sentenció.
En los otros países de la UE y en otras democracias del mundo "es necesario que exista una negligencia grosera, un total desprecio por la verdad, para que el periodista pueda ser procesado y, en cambio ahora en Portugal, basta que un hecho no sea exactamente como fue descrito para ser un delito", recordó Teixeira da Mota,.
En Portugal, "hay una tradición de respeto y mucha formalidad", que, según el abogado, es herencia de 48 años de las dictaduras del Manuel Gomes da Costa-Antonio de Oliveira Salazar-Marcello Caetano (1926-1974), "que aún perdura y que creó una cierta complicidad entre periodistas y poder, por lo cual no tenemos nada que justifique el instrumento que están inventando".
El verdadero propósito del nuevo estatuto "es intimidar a esa media docena de periodistas incómodos, los que crean más problemas, y lo que va ocurrir es que será reducida aun más la libertad de nuestra prensa, que no es particularmente crítica", concluyó.
En el campo cultural, también existe "preocupación, pero no sorpresa" por el nuevo estatuto, dijo a IPS el director de cine José Fonseca e Costa, al recordar que el "nuevo PS poco tiene que ver con el que en 1973 fundó (el ex presidente Mario) Soares y que hoy es más un partido liberal que socialista, que se caracteriza por estos toques autoritarios".
A este respecto, subrayó que "Portugal es un país muy particular, difícil de explicar, porque tiene un presidente conservador que se ubica a la izquierda de un primer ministro socialista".
