La discusión sobre la pena de muerte transcurre «demasiado en el terreno moral y emocional y no lo suficiente en el cerebral», opinó Peter Hodgkinson, del Centro para Estudios sobre la Pena Capital.
Hodgkinson fundó el Centro en la Facultad de Derecho de la londinense Universidad de Westminster en 1992, con el objetivo de analizar este asunto sobre la base de evidencias.
La institución también implementa varios proyectos sobre alternativas a la pena de muerte y asistencia a familiares de víctimas de asesinato y de condenados. Es preciso desarrollar más estos enfoques, dijo Hodgkinson a IPS
IPS: En el último decenio aumentó mucho la cantidad de países que abolieron la pena de muerte. ¿Hasta qué punto puede ser esto considerado un logro del movimiento abolicionista?
Peter Hodgkinson: La eliminación de la pena de muerte debe ser bienvenida. Pero es necesario examinar con cierto detalle la relación causa-efecto implícita en su pregunta.
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Puedo recordar varios países donde la eliminación de la pena de muerte no parecía vinculada con ninguna campaña "abolicionista" específica. Es importante que la industria de la abolición evalúe rigurosamente sus estrategias para determinar el efecto de sus acciones.
El Consejo de Europa es un caso. El país que aspire a ser miembro del bloque debe suspender las ejecuciones y ratificar el Sexto Protocolo de la Corte Europea de Derechos Humanos en un plazo de tres años a partir del ingreso.
Los países estaban bastante dispuestos a acceder al requisito para unirse al club. Como experto en pena de muerte ante el Consejo de Europa, lamento que rara vez se implementen los cambios de infraestructura esenciales para la abolición. Persiste la ausencia de un debate racional, basado sobre evidencias, sobre políticas penales alternativas a la pena capital.
— Así que, a pesar de la creciente cantidad de países abolicionistas, usted está decepcionado.
— Creo que es necesario adoptar un enfoque integral para el reemplazo de la pena de muerte. Los asuntos a los que me acabo de referir deberían ser abordados de esta manera. La adhesión a la pena capital es sintomática de estados con criterios cuestionables en materia de administración de justicia. Eliminar la pena de muerte sin abordar estas fallas fundamentales es una oportunidad perdida.
Por ejemplo, es incomprensible que en las estrategias abolicionistas no se prevea la sustitución del castigo luego de abolirlo. Aunque los avances hacia la abolición son muy bienvenidos, necesitamos tener en mente que más de 80 por ciento de la población mundial vive en países donde todavía está prevista la pena de muerte.
Paradójicamente, la abolición en sí misma raramente abre paso a las mejoras que uno esperaría de un paso tan radical. Nuestro Centro siempre promovió un enfoque integral en la preparación para la abolición y su etapa posterior.
Este enfoque requiere atención y recursos para mejorar los servicios legales, las prácticas carcelarias y policiales, la asistencia a las víctimas de delitos, las alternativas humanas de castigo y una filosofía política que evite reforzar la mitología de la pena de muerte.
— Pero incluso con todo esto, ¿no será difícil convencer a la población mundial de apoyar la abolición?
— Es importante reconocer que los ciudadanos de cualquier país que contemple el reemplazo de la pena capital tienen todo el derecho a estar nerviosos sobre las repercusiones de semejante política.
No existe evidencia alguna de beneficios de la pena capital, pero los políticos persuadieron al público de que este castigo es la solución para los delitos violentos y graves.
La respuesta de nuestro Centro es lanzar un proyecto para informar y tranquilizar al público y a las elites. Esto supone esforzarnos por demostrarle al público que eliminar la pena de muerte no conducirá al caos social.
— Usted dice que la política penal a menudo queda fuera del debate sobre la pena de muerte. ¿Esto no se debe a que se trata de una materia muy compleja?
— No es inherentemente complicada. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar que la política penal se base en datos, no en el populismo.
Hay evidencias y experiencias muy ricas sobre la cadena perpetua y los largos periodos de encarcelamiento, por ejemplo. Ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni el Consejo de Europa admiten la necesidad del encarcelamiento de por vida, aunque esas organizaciones, y yo mismo, aceptamos la reinserción social de algunos pocos presos nunca podrá ser considerada segura.
Las pautas del Consejo de Europa en la materia deberían ser de lectura obligatoria para quienes elaboran las políticas penales.
— ¿Cuándo se debería considerar la liberación de uno de esos prisioneros?
— Sobre la base de cada caso individual, los jueces deberían establecer el periodo de prisión a ser cumplido para satisfacer la necesidad de disuasión y castigo. La liberación real debería ser posible una vez que se cumpla ese periodo. Y la preparación para la reinserción en la sociedad tras la liberación debería comenzar el primer día de condena.
La liberación, sujeta a un riguroso apoyo y supervisión, debería basarse en la evaluación del riesgo de que el preso cometa delitos en el futuro y en la evidencia de su capacidad de vivir una vida con sentido en la sociedad civil. Debería estar sujeta a la posibilidad de ser devuelto a prisión en caso de violar sus condiciones de libertad condicional.
Esta evaluación sirve como aliciente para portarse bien, para mejorar y para hacer frente a los estímulos del delito. También brinda protección al personal carcelario, que maneja el sutil equilibrio entre recompensa y castigo.
La cadena perpetua no da esperanza ni propósito a los prisioneros. También aumenta los riesgos para los funcionarios de las cárceles.
— La resistencia a abolir la pena de muerte a menudo procede de personas preocupadas por las víctimas. ¿Acaso el movimiento abolicionista debería presionar para que se les brinde mayor asistencia?
— Con pocas pero notables excepciones —como las de las organizaciones estadounidenses Familias de Víctimas de Asesinatos por la Reconciliación y Familias de Víctimas de Asesinatos por los Derechos Humanos—, la industria de la abolición no logró abordar este asunto.
Las víctimas siempre fueron explotadas como parte de la plataforma de "la ley y el orden" levantada por políticos populistas, que hacen muchas promesas huecas en su nombre. Su supuesta preocupación por las víctimas a menudo esconde la escasa o nula asistencia que se les brinda.
Incluso cuando la hay, tiene el objeto de explotarla mejor, usándola como elemento condenatorio en el proceso judicial. Las familias de las víctimas de asesinato continúan siendo marginadas.
— La Asamblea General de la ONU pronto considerará una moción en favor de la moratoria universal sobre las ejecuciones de Estado. No será de carácter obligatorio para los países, pero en caso de ser aprobada por una mayoría importante, ¿podría conducir a que más países eliminen la pena de muerte y se concentren en los problemas de política penal a los que usted acaba de referirse?
— Me encantaría que ése fuera el efecto. Representaría un paso simbólico en la dirección correcta. Pero no estoy tan seguro de que eso cambie el comportamiento de los países que implementan la pena de muerte.
