Los dos candidatos que se enfrentarán el 4 de noviembre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala se declararon dispuestos a aplicar la pena capital. Álvaro Colom, sólo por que está en la ley, y Otto Pérez Molina por convicción.
Colom, de la centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), indicaron que en caso de triunfar pedirán al Congreso legislativo que apruebe una ley de "recurso de gracia" para poder ejecutar a quienes ya han sido condenados y están aguardando que se cumpla la sentencia.
Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el parlamento derogó el decreto ley 1.549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que regulaba el recurso de la gracia presidencial, mediante el cual el gobernante podía determinar si se aplicaba o no la pena máxima.
Desde entonces, Guatemala carece de procedimientos que garanticen el derecho de un condenado a pedir el indulto o la conmutación de la pena, por lo que las ejecuciones están suspendidas de hecho desde 2000, aunque este castigo continúa contemplado en la legislación penal.
La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por Guatemala en 1978, establece que la pena de muerte no puede aplicarse mientras exista un recurso de apelación pendiente.
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En agosto de 2006, el derechista Partido Unionista (PU) presentó en el parlamento el proyecto de ley 3.521 para restablecer el "recurso de gracia". Ya ha sido aprobado por los diputados en primera y segunda lecturas y podría ponerse en agenda en octubre.
"Estamos dispuestos a aplicar la pena de muerte. Por eso desde el primer día voy a estar pidiendo al Congreso de la República que se restablezca. Que la ley se aplique y las sentencias de los que estén condenados a muerte se ejecuten", afirma tajante desde su página de Internet el general retirado Pérez Molina.
Colom, ingeniero y empresario, también está a favor de la aplicación de la pena capital, porque "está en la ley y hay que respetar la ley". Sin embargo, reconoció a IPS que "no es la solución" a los problemas existentes.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 9 de este mes, Colom obtuvo 28 por ciento de los sufragios y Pérez Molina 23 por ciento, los dos candidatos más votados y por tal habilitados para competir por la presidencia el próximo 4 de noviembre.
En Guatemala, 21 condenados llevan entre cinco y 11 años en el pabellón de la muerte, en sectores aislados de presidios de alta seguridad.
En este país centroamericano, azotado por una violencia creciente, la pena capital está contemplada para delitos como el asesinato, secuestro sin muerte de la víctima, la violación de menores de 10 años y otros ligados al narcotráfico.
Sesenta por ciento de los condenados han sido hallados culpables de secuestro, con o sin muerte de la víctima, y 40 por ciento de homicidio.
Según informes oficiales, sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego. Varias encuestas han dado cuenta del apoyo mayoritario a la pena de muerte y la llamada "limpieza social" por parte del Estado.
"Es un disuasivo para frenar la delincuencia que estamos enfrentando", aseguró Pérez Molina en un foro televisado producido por el local Canal 3 y la cadena internacional de noticias CNN en español.
La propuesta de "mano dura" del ex militar ha calado en una población hastiada de violencia, que desconfía de las instituciones, está sometida a las extorsiones de las "maras", como se les llama en este país a las pandillas juveniles, y a merced del crimen organizado.
Mariano Rayo, subjefe de la bancada del PU en el parlamento, explicó a IPS que la propuesta para reestablecer la "ley de gracia" busca "resolver la falta de certeza jurídica y la ejecución de las condenas". Hay presos que llevan años en el corredor de la muerte con todos los recursos legales agotados y sólo falta cumplir la última instancia del hipotético perdón presidencial.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó en una carta a los diputados en mayo de este año su preocupación sobre algunos aspectos del proyecto de ley 3.521. También solicitó que la pena capital sea eliminada de la legislación.
Entre otros puntos, la FIDH consideró que el texto en discusión contraviene los principios del derecho internacional al dar un plazo de apenas 30 días para que el presidente decida sobre los casos.
También cuestionó la figura del silencio administrativo negativo o denegación tácita, que da vía libre a la ejecución en caso de que el presidente no se pronuncie.
Oliverio García, miembro de la Junta Directiva del parlamento, reconoció a IPS que el proyecto "tiene algunos defectos que se deben revisar" antes de su aprobación y vaticinó que, mientras el país siga castigado por altos índices de violencia, no se abolirá la pena de muerte.
En 1996 fueron fusiladas dos personas, una de ellas rematada con el tiro de gracia. Las ejecuciones fueron transmitidas por televisión. Ante las críticas internacionales el Estado cambió de método.
Las últimas, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron con inyección letal, a pesar de los pedidos de clemencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La directora de la no gubernamental Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández, consideró "altamente preocupante" que en el debate social y entre los líderes políticos el discurso sea favorable a la aplicación de la pena de muerte.
"En Guatemala es políticamente incorrecto pronunciarse en contra", advirtió el director de la no gubernamental Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, quien piensa que los políticos "quieren parecer enérgicos y resueltos en este tema" frente a una población cansada de la violencia.
El candidato a vicepresidente de la centroizquierdista UNE, el médico Rafael Espada, se ve frente a un dilema. "La pena de muerte es constitucional. Como médico estoy totalmente en contra, pero como guatemalteco respeto la ley", señaló a IPS.
"Se ha demostrado que no es un disuasivo, pero si hay pena de muerte, hay pena de muerte. Lo dice la ley", argumentó.
Para Colom, quien busca por tercera vez la presidencia, "el verdadero problema en Guatemala es la impunidad y eso no se soluciona con matar gente".
"La muerte de las personas por parte de un Estado no sólo afecta a los derechos de esas personas sino que deshumaniza al resto de la humanidad. Es construir violencia sobre violencia", dijo a IPS Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Canteo lamentó que la inseguridad lleve a las políticas públicas en dirección de la aplicación de la pena capital y echa de menos propuestas enfocadas hacia la prevención e investigación de los delitos.
En Guatemala, un país con 51 por ciento de sus casi 13 millones de habitantes viviendo en la pobreza, menos de 10 por ciento de los homicidios son esclarecidos por una investigación criminal o llega a producirse una condena en juicio.
"¿Qué significará para Guatemala volver a aplicar la pena de muerte en el actual contexto internacional?", se preguntó Canteo, quien aboga por "nuevos paradigmas de seguridad" que no impliquen una vuelta al ideal autoritario de épocas pasadas.
Según Amnistía Internacional, al menos 1.591 personas fueron ejecutadas en 25 países el año pasado.
Guatemala vive el sexto proceso de elecciones democráticas desde 1985, cuando concluyó una larga etapa de dictaduras militares que comenzó en 1954.
También este país fue desde 1960 el escenario de una guerra interna entre las fuerzas de seguridad del Estado y la insurgencia izquierdista que dejó más de 200.000 personas muertas, la mayoría indígenas, incluyendo 50.000 desapariciones forzosas a manos de aparatos represivos y de parapoliciales.
El 4 de noviembre, 5,9 millones de guatemaltecos podrán elegir a su presidente para el período 2008-2012. El ganador asumirá el 14 de enero.
Los analistas consideran poco probable que con el clima de violencia imperante y la opinión pública a favor de la pena de muerte el presidente Oscar Berger, abolicionista declarado, o quien resulte electo quiera asumir la responsabilidad de dejarla de lado.
En 2002, el presidente Portillo envió al parlamento un proyecto para abolir la pena capital, pero fue rechazado casi de inmediato.
Guatemala es uno de los tres países de América que la mantienen vigente para delitos comunes, junto a Cuba y Estados Unidos.
Colom considera que Guatemala debería tender a eliminar la pena de muerte pero subraya que "hoy hay que cumplir la ley y la gente quiere ver ajusticiamientos".
El encargado del plan de seguridad del PP, Jorge Herrera, declaró a IPS que, aunque Guatemala deba encaminarse a la abolición, ahora el primer paso es la aprobación de la ley de recurso de gracia, "para resolver el entuerto a nivel jurídico" que mantiene a muchos condenados "sin certeza de su propio destino".
