Tribunales militares cubanos que juzgaron en las últimas semanas casos graves de asesinato y secuestro optaron por sentencias de cadena perpetua y de 30 años de prisión a cambio de la pena de muerte, condena que no se aplica en este país desde hace más de cuatro años.
Esa moratoria "de hecho" deja a este país en una postura más flexible frente al tema, que se prevé forme parte de la agenda del 62 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), inaugurado el martes.
Según informes de Amnistía Internacional, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) decidió en junio presentar una resolución en la que se presume pedirá la suspensión global de las ejecuciones, como un paso hacia la abolición de la pena capital en todo el mundo. "La moratoria de facto es una buena noticia", consideró a IPS Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una organización sin reconocimiento legal en el país que informa regularmente sobre estos casos, basándose generalmente en testimonios familiares.
Un reporte que lleva la firma de Sánchez señaló este miércoles que el juicio contra los reclutas que a fines de abril desertaron armados de su unidad e intentaron luego secuestrar un avión, para emigrar a Estados Unidos, concluyó con dos sentencias de cadena perpetua y penas de 30, 25 y 15 años de cárcel.
La CCDHRN precisó que las condenas fueron entregadas a los sancionados y sus representantes la semana pasada, aunque el juicio tuvo lugar entre el 24 y 26 de agosto ultimo.
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Según este informe, el Tribunal Militar de Occidente, con sede en La Habana, sentenció a prisión de por vida a los sargentos Yoán Torres Martínez, de 21 años de edad, y a Leandro Cerezo Sirut, de 20 años.
El sargento Karel de Miranda Rubio, de 19 años, recibió una pena de 30 años de cárcel, mientras que al cabo Alaín Forbus Lamerú, de 20 años, le correspondió la condena de 25 años de prisión y al civil Ridel Lescaylle Véloz, de 31 años, la de 15 años.
"La CCDHRN considera como algo positivo que no se aplicara la pena de muerte por fusilamiento al sargento Yoán Torres Martínez, el único de los militares que tenía 21 años de edad, límite mínimo para aplicar dicha condena en Cuba", señaló Sánchez en su nota informativa entregada a medios extranjeros de prensa.
El reporte no especificó los cargos imputados por el tribunal a cada sentenciado, aunque admitió que "fueron condenados por los hechos que culminaron con un sangriento y frustrado intento de secuestro de un avión comercial en el aeropuerto de La Habana, el pasado 3 de mayo".
Una información oficial de ese día sobre este caso indicó que tres soldados del Servicio Militar Activo, que no identificó, habían huido armados de una unidad castrense el 29 de abril, luego de dar muerte al también recluta Yoendris Gutiérrez y de herir a otro "combatiente" cuyo nombre tampoco se divulgó.
Sin embargo, la policía había hecho circular, luego de la deserción, las fotografías, con sus nombres al pie, de Torres, Forbes y Cerezo.
De los tres fugados, uno fue arrestado y "reveló que el propósito era abandonar el país de forma ilegal". Los otros dos secuestraron un ómnibus de transporte urbano con varios pasajeros e irrumpieron en la terminal de vuelos nacionales del aeropuerto internacional de La Habana, señaló entonces en una nota informativa el Ministerio del Interior.
En la terminal aérea, "los asesinos dieron muerte con cuatro disparos a uno de los rehenes, el teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR),Víctor Ibo Acuña Velásquez, quien opuso resistencia pese a estar desarmado", señaló ese comunicado, que no mencionó la participación de un civil en los hechos.
En un juicio similar, realizado en junio en Santiago de Cuba, 847 kilómetros al este de La Habana, un tribunal condenó a cadena perpetua a un soldado y un civil, al tiempo que aplicó penas de 30 años de prisión a otros dos militares, dijo Sánchez, quien aseguró conocer el caso por fuentes familiares.
Según el dirigente opositor y activista de los derechos humanos, los enjuiciados pertenecían a la guarnición penal El Manguito, de esa ciudad oriental y se insubordinaron el 20 de diciembre pasado, dando muerte a dos oficiales del Ministerio del Interior. Se carece de información oficial sobre estos hechos ocurridos, según Sánchez, en diciembre de 2006.
En su opinión, en ambos casos los reclutas estaban expuestos "técnicamente" a la sanción máxima y las sentencias demuestran que "la moratoria de facto" iniciada al finalizar el primer trimestre de 2003, "en cuanto a la reanudación de los fusilamientos, continúa en vigor hasta el presente".
En abril de ese año, 11 personas armadas retuvieron una lancha repleta de pasajeros con intenciones de desviarla hacia Estados Unidos. El tribunal que enjuició al grupo dictó pena de muerte para tres de los acusados, a los que se señaló como los "principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores".
Ese hecho formó parte de una ola de secuestros de medios de transporte, entre aviones y embarcaciones martinas, para ser desviados hacia Estados Unidos, en lo que el gobierno cubano denunció como un "plan siniestro de provocaciones" tramado en ese país norteamericano. En ese sentido, La Habana defiende la pena capital como un arma jurídica para la defensa del país, tanto de agresiones externas, como de posibles actividades internas encaminadas a destruir el Estado y para proteger a la población de los crímenes más execrables.
En una nota verbal enviada a la ONU en 2004, la cancillería cubana señaló que "la posible abolición de la pena de muerte en el país estaría vinculada al cese de la política de hostilidad, terrorismo y guerra económica, comercial y financiera a la que es sometida su pueblo desde hace más de 40 años por parte de Estados Unidos".
Ese tema también figura en la agenda de la próxima Asamblea General del máximo foro internacional, que también votará por décimo sexta ocasión un proyecto de resolución cubano en contra del embargo estadounidense, el cual, según estimados de esta isla le ha causado perjuicios directos por 89.000 millones de dólares desde 1962 a la fecha.
El canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, anunció el martes que en el transcurso de las sesiones de la ONU mantendrá un "encuentro exploratorio" con la troika de la Unión Europea (UE), encabezada por Portugal, aunque se desconoce si la iniciativa del bloque comunitario respecto de la pena de muerte figurará entre los asuntos a tratar.
En Cuba, la pena de muerte no puede imponerse a menores de 20 años, ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo están al momento de dictarse la sentencia. Más allá de lo dispuesto legalmente, esa sentencia no se ha aplicado a mujer alguna desde el 1 de enero de 1959, cuando comenzó el proceso revolucionario liderado por Fidel Castro.
Según datos de Aministía Internacional, el único país del continente americano que ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003 es Estados Unidos. En 2006, el 91 por ciento de todas las penas de muerte de que se tuvo noticia se aplicaron en China, Estados Unidos, Iraq, Irán, Pakistán y Sudán, indica el mismo informe.
