Aunque muchos gobiernos de América Latina todavía no han fijado posición o no la han difundido, la tendencia ampliamente mayoritaria en la región es respaldar la resolución de moratoria de la pena de muerte que impulsan varios países en la ONU.
En un comunicado, la cancillería detalla que la postura a llevar a la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es "por sobre todo abolir la pena de muerte", como lo hizo este país en 1979. La condena máxima en la actualidad es la de 30 años de prisión.
La derogación plena ya fue expresada en las metas humanitarias propuestas por Brasil al Consejo de Derechos Humanos del foro mundial, con sede en Ginebra, añade el texto oficial.
Pero en caso de no lograrse ese objetivo, "Brasil apoyará la moratoria" y, si por ultimo eso tampoco se consigue, "velará porque la pena de muerte siga los parámetros internacionales, o sea siguiendo las normas de derechos humanos", agrega la declaración del gobierno centroizquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Perly Cipriano, subsecretario de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil, confirmó a IPS esta estrategia y recordó que mantiene el rumbo histórico en la materia sostenido por este país en los foros internacionales.
Sin embargo, Cipriano consideró necesario destacar que, aunque la condena capital fue abolida oficialmente en Brasil, "centenas de prisioneros políticos fueron asesinados durante la dictadura (1964-1985) en las dependencias militares y policiales sin que oficialmente se reconociesen esas muertes".
El subsecretario subrayó que sólo ahora, el gobierno de Lula publicó el "Libro Derecho a la Verdad y a la Memoria", donde por primera vez el Estado asume tales muertes.
La vecina Argentina, donde la pena de muerte volvió a prohibirse definitivamente para delitos comunes en 1984, parece seguir la misma tendencia que Brasil en relación a la moratoria propuesta para su análisis en el 62 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se inauguró el 18 de este mes y cuyo debate general comienza este martes.
Una fuente de de la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería argentina explicó a IPS que el proyecto auspiciado por varios países, entre ellos los referentes de la Unión Europea (UE), no fue enviado aún al gobierno de Néstor Kirchner, pero adelantó que "está totalmente dispuesto a apoyarlo".
En Venezuela, donde la pena de muerte fue abolida constitucionalmente en 1863 para todos los delitos, no hay todavía una posición oficial a llevar a la ONU. Pero la tendencia, según fuentes consultadas por IPS, es también a "favorecer internacionalmente" la moratoria de la pena capital.
De igual manera, Caracas daría su apoyo a México, que en 2005 abolió formalmente los últimos vestigios de esta pena que se encontraban aún en el ámbito militar, aunque de hecho en ese país no se había ejecutado oficialmente a nadie desde 1961.
Precisamente, fuentes de la cancillería mexicana dijeron a IPS que el tema no está todavía definido, aunque aclararon al mismo tiempo que el gobierno de Felipe Calderón "está completamente en contra de la pena de muerte".
Lo más probable es que se apoye la propuesta, considerando que en la II Reunión Cumbre entre México y la Unión Europea celebrada en mayo de 2004 en la ciudad mexicana de Guadalajara, las partes suscribieron un acuerdo que en su punto siete destaca "un fuerte compromiso" mutuo para la abolición universal de la pena capital.
El conservador Partido Acción Nacional, al que pertenece Calderón, está en contra de este tipo de castigo y la Corte Suprema de Justicia de México ha resuelto que no se extradite a ninguna persona requerida desde un país que lo tenga en vigor y por tanto pueda ser condenado.
Empero, los vientos favorables a la moratoria chocan en Perú con la idea del presidente Alan García de reimplantar esta penalización, qye ya la ha concretado en un proyecto que el Congreso legislativo aún no ha tratado.
Por eso, activistas entienden que este país se sumará al voto contrario a la moratoria mundial de las ejecuciones legales. Si la posición de legisladores oficialistas es a favor de la pena de muerte, quiere decir que el Estado peruano votará contra la propuesta en la ONU", señaló a IPS el presidente del capítulo local de la no gubernamental Amnistía Internacional, Ismael Vega Díaz.
Salvo en Cuba y Guatemala, hoy América Latina está libre de la pena capital para delitos comunes, mientras que también está derogada en el fuero militar en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.
No es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y todavía de Perú, que aún mantienen la pena máxima para las llamadas situaciones excepcionales, es decir en el marco del Código Militar y para delitos en tiempos de guerra.
La posición oficial extendida en la región contra la pena capital no impide, empero, que en periodos de recrudecimiento de la inseguridad ciudadana el tema vuelva al centro de las discusiones y surjan sectores favorables a reinstaurar este castigo.
Tal fue el caso de Argentina en la década pasada, cuando en medio de una ola de asaltos y secuestros el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) sugirió reimplantar la pena de muerte para casos de secuestro seguido de muerte. Pero, ante la movilización de las organizaciones de derechos humanos, la propuesta no prosperó.
También en Brasil la discusión se reactiva a la par del incremento de la sensación de inseguridad urbana. Eloisa Machado y Daniela Ikawa, de la Asociación de Derechos Humanos Conectas con sede en Sao Paulo, indicaron a IPS que es muy común "la visión de que los problemas sociales se resolverán por una mayor rigidez del sistema penal".
Pero eso explica, según las activistas, "una salida fácil, aunque completamente ineficiente a los problemas que afligen profundamente a gran parte de la población brasileña", como la "pobreza, el desempleo, la educación de mala calidad, las condiciones inadecuadas de vivienda y la falta de seguridad humana, entre otros".
Todos problemas sociales de cuya solución, según las abogadas, depende una estructural disminución de la criminalidad.
En México, pese a la posición oficial contra la pena de muerte, ese debate también se reaviva, aunque sin resultados prácticos.
Según una encuesta realizada por AP-Ipsos en febrero de este ano, 71 por ciento de los consultados se manifestó a favor de la aplicación de la pena de muerte y 26 por ciento en contra.
Sin embargo, al cambiar el sentido de la pregunta y, consultar qué castigos preferirían para un culpable de asesinato, sólo 46 por ciento de los mexicanos escogió la pena capital.
En tanto, Perú puede sumarse a Cuba y Guatemala si prospera el proyecto de ley del gobierno de García para penalizar a violadores sexuales de menores de siete años que causen la muerte de su víctima.
La iniciativa será nuevamente debatida por la Comisión de Constitución, confirmó a IPS el presidente del grupo parlamentario, Javier Velásquez Quesquén, porque ahora hay "mejores condiciones" para que se apruebe.
Velásquez Quesquén recordó que se trata de una promesa electoral de García, ya que "el país reclama mano dura contra los violadores sexuales".
Vega Díaz expresó preocupación por este anuncio. "A poco de celebrarse el día internacional contra la pena de muerte, es una muy mala noticia la confirmación de que el partido de gobierno insistirá en su proyecto" de reimplantarla, manifestó.
En Guatemala, la pena de muerte está vigente pero las ejecuciones se frenaron en 2000 debido a un vacío legal que ha impedido recurrir a la gracia o indulto presidencial y agotar los recursos legales de defensa de los condenados.
Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el Congreso derogó el decreto ley 159 de 1892, conocido como Ley de Indultos, y desde entonces ese país carece de procedimientos que garanticen el derecho de un reo a pedir el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena.
Esta ley regulaba el recurso de la gracia presidencial mediante la cual el gobernante disponía, en última instancia, de la aplicación de la pena máxima.
Con el objetivo de resolver el "impasse" que mantiene en un limbo a 21 condenados, el derechista Partido Unionista (PU) presentó al parlamento en 2006 una iniciativa de ley que restablece el recurso de gracia y devuelve la potestad al presidente.
* Aportes de Marcela Valente (Argentina), Diego Cevallos (México) Ángel Páez (Perú), Humberto Márquez (Venezuela)
