Por segunda vez en Perú, la actividad minera es rechazada en consulta ciudadana. Más de 90 por ciento de los pobladores que concurrieron a las urnas en tres distritos de la región norteña de Piura se pronunciaron en contra de las operaciones de la firma transnacional Majaz.
Los resultados de la consulta empiezan a cercar a Majaz, la subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals cuyo paquete accionario fue comprado en su mayoría por el consorcio aurífero chino Zijin.
Majaz mantiene una relación conflictiva con las comunidades campesinas desde 2002 cuando comenzó a realizar labores de exploración en el proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco.
Según el conteo oficial, 93,4 por ciento de los votantes en el distrito de Ayabaca se pronunció por el "No" a la actividad minera en la consulta realizada el domingo, mientras que en Pacaipampa esa opción alcanzó a 97 por ciento y en El Carmen de la Frontera a 92,5 por ciento.
De los más de 31.000 ciudadanos que aparecen en el padrón electoral de los tres distritos, un promedio de 60 por ciento ha participado en esta consulta, que cada vez más despierta las iras del presidente de Perú, Alan García.
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El recuento de los votos hizo recordar a la similar consulta a la que los agricultores de Tambogrande, otro pueblo piurano, fueron convocados en 2002. En esa oportunidad, 98 por ciento se opuso a las operaciones de la firma minera Manhattan Sechura, subsidiaria de la transnacional canadiense Manhattan Minerals.
Desde el sábado por la noche, los comuneros de los caseríos más alejados colmaron plazas y calles de las localidades. En muchos casos llegaron luego de seis a ocho horas de caminata a las zonas urbanas de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, distritos que organizaron al proceso electoral.
"A la gente no se le puede engañar. Ellos ya no quieren a la mina", señaló a IPS el rondero Servando Aponte luego de emitir su voto. La mayoría rodeó los centros de sufragio desde el amanecer a pesar que el ingreso de los electores estaba programado para las ocho de la mañana.
A pesar de que el primer ministro Jorge del Castillo denunció acciones violentas de los comuneros que apoyaban la consulta, hasta la víspera la policía no reportó ningún enfrentamiento ni irregularidades. Todo transcurrió en plena calma.
Esta vez se repitió la historia. Los comuneros que rodean el proyecto Río Blanco consideran que la empresa ha usurpado sus tierras comunales y representa una amenaza para sus ríos que dan vida a sus cultivos.
El presidente García volvió a señalar el domingo que la consulta no es vinculante y no tiene el amparo de los organismos electorales.
Mientras los campesinos de las alturas de Piura acudían a sus centros de votación, García preguntaba a la opinión pública: "¿Vamos a dejar que la mala información, la manipulación ideológica detenga el camino del país ¿qué queremos los peruanos? ¿qué nos quedemos donde estamos o crecer".
Para el gobierno central, los que promueven la consulta traicionan al país debido a que la actividad minera se ha convertido en el pilar de la economía peruana, al punto de aportar 60 por ciento de la recaudación por impuesto a la renta y de planear la inversión de 11.000 millones de dólares en nuevos proyectos.
Perú es el quinto productor mundial de oro, segundo de plata, tercero de cobre y zinc, y cuarto de plomo. Con el incremento del precio internacional de los minerales, las autoridades de turno quieren aprovechar este momento de auge.
"Este gobierno tiene una posición más vertical frente al conflicto y está desesperado por mantener las cifras del crecimiento económico basado en la minería", comentó a IPS el economista José de Echave, director de la organización no gubernamental Cooperación que conforma la mesa técnica promotora de la consulta.
Más de 22 observadores internacionales de grupos no gubernamentales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Gran Bretaña y Suiza participaron en este proceso.
Uno de ellos, Ralph Hoelmer, de Network Institute for Global Democratization, expresó en Ayabaca que este proceso es legítimo. "Esto es bueno, porque le permite a la gente opinar sobre su destino. Estos casos democratizadores son pocos en el mundo", apuntó.
Los representantes de la gubernamental Defensoría del Pueblo también se desplazaron a las zonas para constatar si los comuneros promotores del "No" obligaban con multas, el recorte de agua y 40 chicotazos a otros pobladores para que participen en el proceso, como había denunciado el ministro Jorge del Castillo.
Hasta el momento, la Defensoría no ha hecho público su reporte.
A pesar de que no se registraron hechos de violencia, el presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, denunció que se encontraron volantes en los cuales se incentivaba a no asistir a la consulta porque se trataba de "una intervención comunista" que impide el desarrollo de la región. El presidente García utilizó el mismo argumento el domingo en declaraciones a la prensa.
La oposición del gobierno a la consulta no sólo ha quedado en palabras. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado a los tres alcaldes de los municipios que convocaron a la consulta de usurpación de funciones y el martes 11 solicitó la incautación del material electoral del proceso.
A esto se suma, un repentino referéndum paralelo, también sobre la actividad minera, organizado por el alcalde de la provincia piurana de Talara, José Vitonera, quien pertenece al gobernante Partido Aprista Peruano.
La consulta se concretó el sábado pasado, aduciendo que no sólo Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera tenían ese derecho. Se informó que 83 por ciento de los que concurrieron a votar en Talara lo hicieron a favor de la minería, según los resultados primarios tras escrutar 20 por ciento.
"Ese referéndum en Talara sólo es un boicot. Se busca opacar los resultados de la consulta vecinal de las comunidades que se oponen a Majaz", dijo a IPS la parlamentaria del Partido Nacionalista del Perú, Marisol Espinoza.
En la misma línea que en los últimos días, el domingo por la noche el primer ministro Del Castillo intentó echar por tierra los resultados de la consulta. Hizo su propia lectura del proceso y aseguró "que al menos el 50 por ciento" no acudió a votar.
Sin embargo, los organizadores de la consulta y los dirigentes comunales informaron que en el distrito de Pacaipampa participó 70 por ciento de los electores, en Carmen de la Frontera 59 por ciento y en Ayabaca 50 por ciento.
"Cuando se hace una inversión millonaria (en alusión al apoyo de las organizaciones no gubernamentales) y no va a votar ni la mitad de la población, evidentemente es un fiasco", enfatizó Del Castillo desde la sede del gobierno de García.
Pero, al mismo tiempo que cuestionaba el proceso promovido por las comunidades opositoras a Majaz, Del Castillo señalaba que el gobierno mantiene su disposición al diálogo con todos los sectores involucrados en el tema.
Los dirigentes campesinos y las autoridades locales que rechazan el proyecto minero Río Blanco aseguran, sin embargo, que sólo se sentarán a conversar con los resultados del proceso en la mano. Ellos quieren que se respete la decisión en las urnas
