En España se fortalecen tanto las normas para atraer inmigrantes como las destinadas a rechazarlos, dependiendo del país y, en especial, de su formación laboral y profesional.
Los atractivos van dirigidos a profesionales, titulados o no, y a trabajadores previamente contratados por empresarios de este país.
Pero una novedad es el llamado a mujeres y hombres de otros países para que se alisten en las fuerzas militares, cuya incorporación en los últimos 12 meses aumentó en 35,36 por ciento, haciendo que el total de extranjeros en la armada y en el ejército haya aumentado de 4,69 por ciento a 6,16 en ese plazo.
La incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas se aprobó a comienzos de 1988 y su número ha crecido ya a tal punto que hoy representan 17,86 por ciento de las tropas de tierra y de mar.
El reclutamiento de extranjeros, con la condición de que sean latinoamericanos o ecuatoguineanos y que incluyó a las mujeres, comenzó en 2002 y ya ocupan más de cinco por ciento de las plazas.
En ese total de reclutas extranjeros, que suman 4.648 entre los dos sexos, el primer lugar lo ocupan los ecuatorianos, con 1.919, seguidos de 1.872 colombianos y 201 bolivianos. Con cifras menores siguen los peruanos, venezolanos, dominicanos, argentinos y ecuatoguineanos.
El resto de los países de América Latina apenas tienen representación, con números escasos y el único del que no han llegado inmigrantes a enrolarse es Uruguay.
La última novedad, producida esta semana, es el anuncio del Ministerio de Defensa de que alistará como militares a médicos y psicólogos extranjeros, y que éstos podrán ingresar como oficiales y no sólo en calidad de soldados o marineros como se hizo hasta ahora.
Eso se debe a que los médicos españoles han mostrado en la práctica que no les interesa ser militares, al extremo de que este año no se presentó ninguno para cubrir los cargos ofrecidos y 50 pidieron voluntariamente la baja para seguir su carrera profesional como civiles.
En la misma línea de buscar inmigración "cualificada", sea civil o militar, se ubica la Unión Europea (UE), cuyo órgano ejecutivo, la Comisión Europea, presentará el 23 de octubre un proyecto orientado a crear un nuevo permiso de trabajo y residencia para personas que estén altamente calificados.
Esta habilitación, que tendrá que ser solicitada en su país de origen, antes de iniciar el viaje, se denominará carta azul y será similar a la tarjeta verde que otorga Estados Unidos a los inmigrantes autorizados a trabajar en ese país.
En el borrador del texto, a presentar a los delegados de los 27 países miembros de la UE, se señala que la mitad de los inmigrantes procedentes de Medio Oriente, África y Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) en Canadá o Estados Unidos son titulados universitarios, mientras que sólo 15 por ciento de los que emigraron a la UE han cursado estudios superiores.
Pero al mismo tiempo que Europa busca atraer personas altamente cualificadas y con experiencia profesional, intensifica las medidas para evitar el ingreso de altos contingentes de ciudadanos que carecen de ella.
En esa línea de conducta, el gobierno español puso en marcha el 20 de este mes una campaña publicitaria contra la inmigración irregular, dirigida especialmente hacia los países del África subsahariana.
Bajo el lema "No arriesgues tu vida para nada. Tú eres parte del futuro de África", el desarrollo de la campaña implicará el desembolso de un millón de euros (1,4 millones de dólares) del presupuesto del Estado.
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, expresó a IPS que el mensaje es claro y persigue el objetivo de que los ciudadanos de esa región comprendan que "la inmigración clandestina sólo conduce a arriesgar la vida".
La campaña cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) e incluirá la distribución de pegatinas, gorras y balones (pelotas) con lemas contra los "viajes inciertos", mostrando como muchos de ellos terminan en la muerte, en los países africanos, en especial en Senegal.
Ese riesgo de vida lo afrontan quienes intentan llegar a las costas españolas en frágiles embarcaciones.
A mediados de este mes arribaron a España más de una docena de esas embarcaciones cargadas de inmigrantes irregulares y cinco lo hicieron en la costa norte del mar Mediterráneo, lo cual no sucede habitualmente.
Según fuentes policiales, esto indicaría la existencia de algún nave nodriza que transporta a estas personas hasta unos 30 o 40 kilómetros de la costa, para reembarcarlos desde allí hacia su destino final en esas frágiles pateras.
Una de éstas llegó a aguas jurisdiccionales de la provincia andaluza de Granada, con 41 marroquíes a bordo, entre ellos cinco menores, y fue interceptada por la policía marítima a tres kilómetros de la costa, siendo detenidos todos sus ocupantes.
Este incremento de los traslados a través del mar Mediterráneo se debe, en buena parte, al control que se ha aumentado frente a las costas del noroeste de África, desde donde se trasladaban hasta las españolas Islas Canarias, ubicadas frente a las mismas.
Según el director de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), el finlandés Ilkka Laitinen, su actuación permitió disminuir en 75 por ciento la llegada de inmigrantes en lo que va de este año en esa zona, informó el secretario de Estado de Seguridad de España, Antonio Camacho.
Los inmigrantes irregulares, que la mayoría de los medios de comunicación y los políticos califican incorrectamente de "ilegales" o "indocumentados", siguen enfrentados al peligro de expulsión, que en muchos casos se concreta, y a la explotación laboral.
Sobre la "ilegalidad" se pronunció el día 20 el senegalés Babar Senekalde, quien dijo a IPS que él se considera legal "porque jamás he cometido un delito" y documentado "porque tengo los documentos que acreditan mi identidad". Que no tenga el visado o el permiso de trabajo no lo convierte en ilegal, añadió, "ya que todo llegará".
Mientras, acotó otro inmigrante irregular, Simon Boboc, procedente de Rumania, pagan esa situación de irregularidad percibiendo el 50 por ciento de los salarios que cobran los españoles y los "regulares" por trabajar en el agro. El otro 50 por ciento se lo quedan las mafias que intermedian tanto para traerlos como para ofrecerlos para las tareas agrícolas.
