«Esto apenas empieza», advirtió el insurgente EPR en noviembre al entonces presidente electo de México, Felipe Calderón, luego del estallido de artefactos de mediana potencia en la capital del país. Este lunes, en el segundo hecho de su tipo desde junio, explotaron bombas en gasoductos de Pemex.
Los nuevos atentados, como los describió el gobierno de Calderón, se registraron a pesar de los repetidos señalamientos de las autoridades de que habían extremado las medidas de seguridad en las instalaciones de la firma petrolera estatal y de que se desarrollaban investigaciones especiales para detener a los responsables.
"La fragilidad de los sistemas de seguridad ha quedado en evidencia frente al EPR (Ejército Popular Revolucionario), al que quizá ya deberíamos dejar de considerar un grupo de escaso poder", dijo a IPS Marcelo Ríos, un politólogo que ha estudiado a las guerrillas.
El EPR es un grupo de corte marxista-leninista que hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos menores contra destacamentos policiales y militares. Desde entonces había tenido escasas incursiones, lo que cambió en los últimos meses.
Las explosiones en gasoductos del estado de Veracruz, al este del la capital mexicana, y en Tlaxcala, estado vecino al primero, se produjeron la madrugada de este lunes. Por ambos hechos, que no causaron víctimas, se evacuaron unas 18.000 personas y se suspendió el suministro de gas al centro del país, lo cual durará al menos cuatro días, dijeron las autoridades.
Hasta las 14:30 hora local, el EPR, que amenazó en junio con repetir acciones hasta que sean presentados dos de sus compañeros desaparecidos, no se había responsabilizado de los hechos de este lunes. Sin embargo, la mayoría de observadores apuntaron sus dedos hacia ese grupo.
El conservador Calderón condenó las explosiones desde India, donde desarrolla una visita de Estado. Allí declaró que su gobierno "repudia y condena enérgicamente estos hechos y todo acto de violencia de quienes la practican".
Cualquier causa debe defenderse en el campo de las ideas y en las instituciones democráticas, no destruyendo "lo que con tanto esfuerzos han construido los mexicanos", añadió.
En el Poder Legislativo, las fuerzas políticas de todo el espectro ideológico condenaron los hechos.
Las explosiones de noviembre, un mes antes de que Calderón tomó posesión del cargo, afectaron las sedes del tribunal electoral de México, del opositor Partido Revolucionario Institucional y de un banco extranjero. Por esos casos se hicieron responsables seis organizaciones guerrilleras, que al parecer son escisiones del EPR.
En un cuestionario que respondieron por escrito al semanario de izquierda Proceso, la dirigencia del EPR advirtió entonces que Calderón enfrentaría durante su gestión de seis años la movilización social, "la autodefensa popular", y eventuales acciones violentas.
Esta organización guerrillera, al igual que el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, considera que Calderón ganó las elecciones de julio de 2006 a través de un fraude, denuncia que el máximo tribunal electoral del país examinó y desechó indicando que no encontró fundamentos.
En julio, un comunicado del EPR indicó que "la orden de iniciar la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ha sido puesta en marcha".
El EPR advirtió que las "acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Calderón y el de Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes y Raymundo Rivera o Gabriel Alberto Cruz, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca".
Las denuncias sobre la desaparición de los supuestos miembros del EPR, presentadas con anterioridad por grupos humanitarios, no habían tenido eco en las autoridades de Oaxaca ni en el gobierno nacional de Calderón.
Ruiz es el polémico gobernador cuya gestión, plagada de denuncias de corrupción y autoritarismo, dio pie a un alzamiento popular de varios meses el año pasado en Oaxaca, que dejó como saldo varios muertos.
El EPR, que muchos "suponíamos debilitado y dividido, se está mostrando al menos avezado, mientras las instituciones democráticas y de seguridad parecerían superadas por los hechos", señaló el politólogo Ríos.
En México hay al menos una docena de grupos insurgentes, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de Chiapas. Apenas un año atrás, el gobierno anterior, del presidente Vicente Fox (2000-2006), afirmaba que no representaban ningún peligro, si bien algunos advertían que mantenían actividad en las sombras.
La cantidad de insurgentes activos en México no se conoce, aunque se sabe que la mayoría son campesinos de zonas pobres de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el sur del país.
